La CIDH advierte que Chile "vive una grave crisis en materia de derechos humanos"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes en Chile las conclusiones preliminares de su visita 'in loco' (en el lugar), iniciada el pasado domingo 25 de enero, en relación al resguardo de las libertades fundamentales de sus ciudadanos, en el marco del estallido social. 

Para el organismo, el país sudamericano "vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos", indicó el relator de la CIDH, Joel Hernández. 

El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que en Chile, con base en las múltiples denuncias que ha recibido, "los números hablan por sí solos". 

"La CIDH observa que la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza", sostuvo la comisión encargada de el análisis.

Previo a entregar el informe, los funcionarios propusieron realizar un minuto de silencio, en honor a "las víctimas, las familias de los fallecidos, por los heridos, los detenidos, las violadas y los que han perdido el importante sentido de la vista".

"Expresamos nuestra preocupación y condenamos el alto número de violaciones de derechos humanos e instamos a las autoridades de Chile a investigar y sancionar a los responsables, para dárselo a conocer a la ciudadanía", concluyó la CIDH. El informe final será presentado en los próximos meses, señalaron. 

Informe de la ONU concluye que en Chile "se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos"

Desde el inicio de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, otros organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, han denunciado múltiples violaciones en materia de derechos humanos.

De acuerdo a un reciente informe publicado este viernes por la Fiscalía de Chile, han sido presentadas hasta el momento 5.558 denuncias, de las cuales 285 fueron por daño ocular, 4.158 por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, 1.038 corresponden a abusos contra particulares y 134 por casos de torturas.