Cristina Kirchner denuncia que el macrismo funcionó como un "grupo de tareas" en su contra
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner publicó este martes en su sitio web dos escritos que presentó ante la Justicia y la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), donde pidió la nulidad de un reclamo por 8,1 millones de pesos (134.000 dólares) en concepto del Impuesto a las Ganancias, un tributo que deben pagar los individuos que perciben altos ingresos.
"Para los que todavía no creen en la existencia del 'Lawfare'", introdujo la actual vicepresidenta desde su página personal, haciendo alusión a una aparente coordinación entre políticos, funcionarios judiciales y medios de comunicación, para perjudicar a dirigentes progresistas de América Latina.
La actuación inicial, impulsada por una Fiscalía de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, pedía a la AFIP la verificación del correcto pago del impuesto correspondiente a los años 2011, 2012 y 2016. Así, durante el Gobierno de Mauricio Macri, quien administró el país entre 2015 y 2019, se publicaron resoluciones que impugnaron las declaraciones juradas de Cristina, estableciendo que en esos tres períodos debía una suma de 2,1 millones de pesos.
Dicha fiscalización se inició el 22 de diciembre del 2017, pocos días después de que la política haya sido electa como senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la referente peronista detalla que recién fue notificada del caso dos años después: el 17 de diciembre del 2019. Por eso, la acusada sostiene que no tuvo la posibilidad de defenderse a su debido tiempo.
Así las cosas, la presunta deuda acumuló intereses por un nuevo monto de 3,6 millones de pesos, y se sumó una posible evasión fiscal de 2,4 millones, dando la cifra total de 8,1 millones de pesos (134.000 dólares).
Comparó la actuación del fisco con la dictadura
En su explicación, Fernández de Kirchner continuó con las diatribas contra el Gobierno de Macri, y sostuvo que a partir del ascenso macrista "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo", con el presunto fin de damnificarla.
El concepto de grupos de tareas hace referencia a los comandos clandestinos utilizados por la dictadura local (1976-1983) para realizar sus crímenes de lesa humanidad, como secuestros, torturas y desapariciones forzadas. "Articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia", acotó la referente peronista.
Los textos presentados por Cristina se corresponden a una intimación de pago impulsada por la AFIP durante el Gobierno anterior, que incluso planteó que se ejecutara la suma exigida. Sin embargo, en su escrito de 73 páginas, entregado a un juez federal de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, ella negó la existencia de aquella deuda.
En otras palabras, repasó algunas irregularidades en el proceso, exhibió pruebas para demostrar su apego a las normas vigentes y sumó más términos comparables con el Gobierno de facto instaurado en los 70: "Repugnaría al estado de derecho que los agentes intervinientes de la AFIP alegaran que cumplían órdenes del Poder Judicial. Instalaríamos de esa manera, una vez más, el concepto de 'obediencia debida' para justificar la comisión de gravísimos delitos que tiñeron el período más trágico de nuestra historia reciente".
Con esta metáfora, la implicada recordó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de efectivos militares que cometieron crímenes durante la dictadura, por considerar que cumplían órdenes de jerarcas. Años más tarde, bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, se derogaron esas polémicas normativas y continuaron los juicios contra esos uniformados, incluso aquellos de rangos menores.
Sobre la situación de Cristina con el fisco argentino, resta por conocer las consideraciones de la Justicia Federal y ver si la nueva administración de la AFIP retira la intimación.