La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó este lunes al presidente Nayib Bukele a abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines que no son los establecidos en la Constitución.
La respuesta del máximo órgano judicial llegó un día después de que el mandatario, acompañado por oficiales de Policía y militares armados, acudió al Parlamento a una sesión extraordinaria convocada por él mismo para discutir un plan de seguridad, alertando a la oposición y a la comunidad internacional.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa. Dentro de las medidas cautelares emitidas por el órgano judicial, se ordenó al Ejecutivo a que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos".
La Corte también ordenó al ministro de Defensa Nacional, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, a no ejercer "funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados".
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Consejo de Ministros —integrado por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado— a cesar los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea y a "suspender los efectos de cualquier acto o norma" que derive del acuerdo de convocatoria impugnado.
Respuesta de Bukele
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño respondió a las medidas cautelares decretadas por la Corte Suprema de Justicia.
"El sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual...", tuiteó Bukele.
Minutos antes, el mandatario compartió un video de un noticiario sobre la violencia que cometen las pandillas en el país centroamericano. "Esto es lo que financian los diputados y los dos partidos que controlan la Asamblea. Esto es lo que no permiten que detengamos. Esto es lo importante", escribió en un mensaje dirigido a la comunidad internacional, a la prensa, organizaciones y actores políticos.
Polémica convocatoria
El viernes pasado, Bukele y el Consejo de Ministros se ampararon en el artículo 167 de la Constitución para convocar de forma extraordinaria a los diputados y obligarlos a sesionar el domingo para aprobar la tercer fase del plan de seguridad 'Control Territorial', que implica un crédito de 109 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de euros) para fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.
El mandatario pretende destinar esa cantidad para financiar "movilidad estratégica" por 46,9 millones de dólares, que incluirían la compra de dos helicópteros y un buque, y otros 25,9 millones serían destinados a infraestructuras y cámaras de videovigilancia, entre otros elementos.
El día de la sesión, Bukele asistió acompañado por oficiales de Policía y militares armados, y tras una oración en el lugar reservado para el presidente de la Asamblea, ordenó el inicio de la sesión. No obstante, no se pudo celebrar por no haber quórum, al comparecer tan solo 28 de los 84 diputados que componen la Cámara, puesto que la mayoría de los grupos de la Asamblea Nacional no reconocen la potestad del mandatario para la convocatoria.
El Pleno de la Asamblea Legislativa consideró el viernes que los "procesos de préstamos no constituyen emergencia nacional para convocatorias extraordinarias" y que la convocatoria planteada transgrede "la independencia de los Órganos del Estado".
La oposición califica los últimos acontecimientos de "autogolpe", mientras que organismos internacionales comienzan a dar muestras de preocupación. Así la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Michelle Bachelet, instó a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas, mientras que la Delegación de la Unión Europea en San Salvador, a través de un comunicado, ha afirmado que "la situación política con el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación".
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