¿Una nueva derecha en América Latina? El enigma abierto por Lacalle Pou
¿Un presidente de centroderecha que es pro inmigrantes y que reparte cargos oficiales a la oposición de izquierda?
Ese es Luis Alberto Lacalle Pou, el político de 46 años que asumirá la Presidencia de Uruguay en medio del desconcierto provocado por declaraciones y decisiones que reformulan la visión (y los temores) en torno a los políticos de derecha en la región.
En vísperas del inicio de su gobierno, que durará cinco años, el presidente electo demostró que los espectros ideológicos tradicionales dejaron de ser esquemáticos. Y muchas veces, insuficientes para encuadrar a partidos y dirigentes.
Lacalle Pou afirmó, por ejemplo, que quiere abrir las fronteras para que "miles y miles" de extranjeros vayan a vivir a Uruguay, una cordialidad con los inmigrantes que es inusual por parte de políticos conservadores como Jair Bolsonaro, en Brasil, y el expresidente de Argentina Mauricio Macri, fervorosos promotores de la xenofobia. O el caso más extremo de Donald Trump, quien en su camino a la reelección como presidente de Estados Unidos acumula votos al reforzar su promesa de construir un muro que impida el paso de migrantes mexicanos y centroamericanos.
Antes, Lacalle Pou ya había dicho que quería que por lo menos 100.000 argentinos se radicaran en Uruguay, dato nada menor tomando en cuenta que uno de sus antecesores, el expresidente Jorge Batlle, había advertido que "los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último".
Después de varias semanas de negociaciones, el futuro presidente de Uruguay también confirmó que miembros del izquierdista Frente Amplio ocuparán 34 cargos en el gobierno, entre los que destacan direcciones estratégicas en la Administración Nacional de Comunicaciones (Antel) y el Instituto Nacional de Colonización que se encarga de las políticas de tierras para la producción agropecuaria, es decir, uno de los principales motores de la economía.
La apertura demostrada por el presidente electo en vísperas de su asunción contrasta con la actuación que tuvo como diputado y senador. Desde sus bancas legislativas votó en contra de la legalización del aborto, del que es un firme detractor. Tampoco apoyó el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo (aunque luego se arrepintió), ni respaldó las leyes que regularon por primera vez el trabajo de las empleadas domésticas y reconocieron derechos de las personas trans. Eso sí, está a favor de que se reduzca la edad de imputabilidad penal.
Lo que se dice un político de derecha.
Pero con el caso de la marihuana no es tan radical. En 2010, Lacalle Pou presentó una iniciativa para legalizar el autocultivo. El proyecto contenía un lenguaje más apto del progresismo, ya que criticaba el prohibicionismo de las drogas ilegales y apoyaba las políticas de reducción de daños. Pero tres años más tarde, el partido del presidente electo votó en contra de la ley que convirtió a Uruguay en el primer y único país del mundo en regular la producción, venta y consumo de cannabis,
En su triunfal campaña del año pasado, Lacalle Pou advirtió que derogará la ley, sobre todo en lo que respecta a la comercialización de marihuana por parte del Estado, pero permitirá el autocultivo y la permanencia de clubes de fumadores. La polémica, y la resistencia de los usuarios, está servida.
Una victoria no contundente
El problema para aplicar esta y otras medidas es que el presidente electo asumirá en condiciones de debilidad política, ya que su victoria no fue contundente, no tendrá mayoría parlamentaria y llega de la mano de una coalición que no le garantiza estabilidad.
Lacalle Pou le ganó a Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, por muy poca diferencia y en segunda vuelta: 48,7 % contra 47,4 % de los votos. Apenas un puñado de 37.000 sufragios extra lo convirtieron en presidente, y para ello tuvo que acercar a su Partido Nacional al resto de agrupaciones políticas de derecha: el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y el nuevo Cabildo Abierto. Desde el día del triunfo negocia con todos ellos para lograr que la alianza electoral efectivamente sea una alianza de gobierno.
La fragmentación electoral se reprodujo en el Parlamento, en donde el Frente Amplio, ahora principal fuerza opositora, tiene las bancadas más numerosas: 42 escaños en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado. El próximo oficialismo lo supera sólo si se unen los cinco partidos de la coalición, ya que en conjunto obtuvieron 56 diputados y 17 senadores. Las cifras son insuficientes para garantizar la aprobación de leyes, así que la negociación será la norma.
En el plano interno, lo fundamental es cumplir con su principal promesa económica: reducir el déficit fiscal sin aumentar impuestos. Y en el externo, impulsará transformaciones de fondo en el Mercosur para que Uruguay pueda firmar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países, y que hoy le están vedados por las restrictivas normas del bloque comercial que integra junto con Argentina, Brasil y Paraguay.
Otro de sus ejes es el cambio de posición sobre Venezuela, el blanco favorito de los líderes de derecha de la región. Sus antecesores de izquierda apostaron por la neutralidad, por impulsar estrategias para morigerar la crisis humanitaria, política, social y económica del país caribeño sin intervencionismo extranjero, pero Lacalle Pou ya anticipó que se sumará al Grupo de Lima, cuyo único 'leitmotiv' es la alianza con Estados Unidos para impulsar la salida de Nicolás Maduro.
El programa de gobierno está diseñado y Lacalle Pou, heredero de una estirpe política uruguaya, bisnieto de Luis Alberto de Herrera, prócer del histórico Partido Nacional, e hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, intentará ponerlo en marcha una vez que se coloque la banda presidencial.