¿Un país sin guerra? Las razones del incremento alarmante de asesinatos de líderes sociales en Colombia

Los nombres y rostros de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes asesinados van llenando una lista negra de muertes en un país aparentemente en paz.

Las cifras, que van incrementándose cada día, advierten sobre algo que va más allá de las estadísticas de mortalidad y que plantean preguntas sobre las garantías que ofrece el Estado colombiano a las poblaciones amenazadas o en la mira de grupos y organizaciones armadas.

Los datos del informe del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2019 ponen de manifiesto el incremento de la violencia en el país suramericano, en comparación con los años anteriores.

Frente a estos números registrados por el organismo internacional, que han hecho que el país sea clasificado como de "violencia endémica", surge la interrogante sobre la defensa de los derechos humanos, la existencia o no de una guerra y la posibilidad de alcanzar la paz en un país que estuvo más de medio siglo sumido en la violencia.

Para analizar este tema, RT ha consultado al politólogo y catedrático universitario Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo de la ONG Fundación Cultura Democrática, una institución con 20 años de existencia cuyo accionar se centra en la defensa de los derechos humanos, el trabajo con las comunidades y organizaciones de víctimas y la resolución pacífica de los conflictos.

RT: El más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia habla del repunte de la violencia, ¿cuál es su percepción al respecto?

A.V.S.: Es contundente cómo la ONU encuentra un incremento de muertes y de hechos de violencia superior a todos los años antes mayores y solo comparable con un pico que había en 2014, cuando hubo un descenso de la violencia en el contexto de las negociaciones del Acuerdo de Paz.

Sin duda alguna, y lamentablemente, Colombia está atravesando una de las más graves situaciones de derechos humanos del mundo, y la más grave en el continente americano, no solamente por las víctimas de una violencia crónica de décadas, sino que en los reportes anuales hay un alza inusitada sin que el Estado y el Gobierno sean capaces de impedir y de controlar debidamente esta circunstancia.

En registros oficiales son más de nueve millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y entre 200.000 y 300.000 víctimas fatales producidas en las últimas décadas de conflicto y de violencia política.

RT: ¿Por qué considera que hay un incremento en la cifra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados?

A.V.S: Podemos señalar tres causas. La primera es que por décadas, y sigue teniendo continuidad e incremento, ha habido sectores de la sociedad, del Estado e instancias gubernamentales que rechazan, estigmatizan, señalan y atacan a quienes defienden derechos sociales, a quienes exigen acceso a determinadas formas de ejercicio y goces de sus derechos.

Existe resistencia de la élite y del poder a que grandes sectores de la población accedan a la tierra, por ejemplo, a que los pueblos indígenas se mantengan en sus territorios, a que los trabajadores tengan salarios reales.

Álvaro Villarraga Sarmiento, catedrático y directivo de la ONG Fundación Cultura Democrática

Una segunda circunstancia es el contexto de conflicto armado y de la violencia política. Hay una ola específica dirigida en las zonas donde hubo escenarios de guerra, hasta 2016, bastante generalizados con las FARC, en donde se quiere castigar la vida de quienes están surgiendo como nuevos líderes cívicos, sociales, políticos y comunitarios de comunidades campesinas indígenas de sindicatos de proyectos alternativos y de la izquierda. Se está jugando una especie de salida violenta hacia una emergencia social que se viene dando en esos territorios a partir del Acuerdo de Paz.

La tercera causa es que hay una reacción contra el Acuerdo de Paz, contra su implementación, contra sus medidas y las que tienen un filo progresista: quienes defienden el medio ambiente, quienes lideran movilizaciones campesinas o indígenas, quienes lideran el sindicalismo o lideran vertientes de izquierda. 

RT: ¿Es peligroso ser líder social en Colombia?

A.V.S.: Es posible que Colombia sea el país del mundo donde mayor riesgo corran los defensores de los derechos humanos. Llevamos en los últimos tres años 770 asesinatos de líderes sociales.

Eso no se está viendo en ninguna otra parte del mundo. De pronto hay guerras abiertas, como en el caso de Siria, de Libia, de Afganistán, pero en un contexto donde se ha hecho la paz progresivamente con la mayoría de las guerrillas, y recientemente con la más importante históricamente, como fue las FARC-EP, donde se supone que se está implementando la Constitución y hay aparentemente condiciones de normalidad institucional, pero es el país con mayor fragilidad en términos de garantías para los defensores de derechos humanos.

Son altísimos los riesgos. Hay alrededor de 10.000 líderes que tienen que mantenerse con algunos niveles de protección y no obstante siguen siendo objeto de amenazas y de atentados.

RT: Más allá de contar cada día una víctima, ¿cuál es el problema estructural para que se multipliquen estos asesinatos de líderes?

A.V.S.: El asunto estructural estriba en varias circunstancias.

En primer lugar, en Colombia hay la herencia de la guerra interna irregular y de la violencia política que se ha implementado por décadas. Frenar y terminar eso es difícil y no solamente no se ha logrado terminarlo, sino que como hemos dicho y lo dicen muchos informes, tiende a incrementarse. Es un reto grandísimo, es un compromiso del proceso de paz, es una exigencia ciudadana, es un reclamo y una recomendación de las Naciones Unidas en su último informe, que es rechazado por el Gobierno porque pone el dedo en la llaga en la grave situación con el derecho a la vida, a la integridad.

Hay una segunda circunstancia de coyuntura y es que hay una disputa violenta en distintos territorios que antes estaban controlados por las FARC-EP y, luego de que sus más de 13.000 efectivos pasaran a la vida civil, esos territorios entraron a no ser controlados por el Estado, sino que están en disputa entre la nueva generación del paramilitarismo, el narcoparamilitarismo, redes mafiosas, la guerrilla del ELN, las disidencias. Todos ellos contienden en verdaderas guerras. También se hacen acuerdos entre este tipo de grupos, hay complicidad de la Fuerza Pública con grupos irregulares, principalmente narcoparamilitares y mafiosos, pero también hay niveles de persecución.

Todo esto muestra unos panoramas territoriales atizados por esa disputa de control de territorios, que no la gana el Estado y menos aún para una enfoque garantista y protector de la ciudadanía, sino que nos lleva a unos escenarios de guerras locales que se están registrando.

Finalmente también es un asunto estructural el que se supere el recurso a la violencia, el hacer la política por esa vía desde las derechas, que recurren al paramilitarismo o desde las izquierdas, que recurre al alzamiento armado guerrillero.

Álvaro Villarraga Sarmiento, catedrático y directivo de la ONG Fundación Cultura Democrática

Colombia tiene un reto, que así lo incluye el Acuerdo de Paz, de hacer un gran pacto entre todos los partidos políticos y todos los sectores del país para cerrarle el paso a la violencia, para que se ejerza la política, la vida civil, y se diriman los conflictos sociales sin el recurso a la violencia, corrigiendo desde el propio Estado, brindando garantías y logrando derrotar también a esos grupos que persisten en las vías violentas y en la transgresión.

RT: ¿Cree que los grupos armados, disidencias y las bandas criminales perciben que no hay acción del Estado para detener la violencia?

A.V.S.: Hay que aclarar unas diferenciaciones. El Estado ha tenido una actuación contrainsurgente contra las guerrillas, mucho más focalizada, de combates, de capturas, de represión. En eso se han renovado dinámicas militares del Estado, criticadas en este último año y medio, porque se ha regresado a ejecuciones arbitrarias y a algunas acciones violentas contra determinados sectores de la población en aras de perseguir a la guerrilla atacando a civiles, porque están en lugares cercanos, o por qué presumiblemente podría haber nexos con esas guerrillas. Hay, digamos, una acción un poco más activa del Estado.

No obstante, el Estado, la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares no logran, por ejemplo, en el caso del ELN, derrotar ni asestarle grandes golpes, por el contrario, todas las fuentes de prensa, los estudios académicos y los estudios oficiales revelan que en estos últimos tres años, el ELN casi ha duplicado su presencia, sus contingentes guerrilleros y sus niveles de actuación en distintas regiones del país.

Por otro lado, desde el punto de vista de redes delincuenciales mafiosas que se entrelazan con la estructura narcoparamilitar hay niveles de impunidad. Ellos actúan en distintas regiones donde hay fuerte presencia del Ejército y de la Policía y, sin embargo, no hay los niveles de persecución requeridos. Si bien se producen capturas y algunas persecuciones, siguen teniendo presencia, controles de economías ilegales e incluso alianzas y complicidades con poderes estatales, locales y seccionales.

RT: ¿Hay percepción, tanto para los victimarios como para los sobrevivientes, de que hay impunidad en Colombia?

A.V.S.: La impunidad en Colombia es un fenómeno muy estructural, altísimo, de los peores del mundo, sin exageración.

Colombia en términos de derechos humanos tiene una impunidad de 98 % y en términos de todo tipo de delitos llega hasta 80 %, aproximadamente.

El derecho de acceso a la Justicia es un gran déficit frente a la población colombiana. Esto es percibido y es un fenómeno que retroalimenta la violencia, lo que típicamente se conoce como "actuar por justicia propia, por mano propia", eso se da en zonas rurales y urbanas con mucha frecuencia. Además también es percibido y reforzado por los propios victimarios, ha sido típico de grupos paramilitares y de redes delincuenciales.

Álvaro Villarraga Sarmiento, catedrático y directivo de la ONG Fundación Cultura Democrática

En cuanto a las redes de corrupción frente al Estado, hay dispositivos para neutralizar la acción de la Justicia, esto ha llevado a unos desbordes tremendos, hasta la existencia del llamado "El Cartel de la Toga". Se dan casos de sobornos, pago para que se dilaten los procesos, para que no lleguen a fallarse y, además, desde hace dos o tres décadas, es un caso famoso el nivel de amedrentamiento, de amenaza y de ataque a las propias víctimas si denuncian, a los testigos y a los propios funcionarios que en las investigaciones actúen con transparencia.

RT: ¿Cree que el Estado ha fallado en su compromiso de cumplir con lo establecido en el Acuerdos de Paz?

A.V.S: La implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y el Gobierno como compromiso institucional es muy parcial. Hay cosas que se han cumplido, cosas que se han cumplido a medias y cosas que no.

Entre las importantes que se han cumplido está el estatuto de la oposición, el reconocimiento a la FARC como partido político, la justicia transicional, el diseño de algunos programas para implementar en las regiones, el desarrollo con enfoque territorial y algunos dispositivos de seguridad en la zona donde estuvieron concentrados los campamentos.

Hay otras que se han cumplido muy a medias y con muchas deficiencias como la reintegración de los excombatientes, la financiación y la puesta en marcha de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que no pasan del diseño y después de tres años empiezan tímidamente a arrancar desfinanciados.

Por ejemplo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, empezó y tuvo un programa piloto y una fase inicial y fue en la práctica suspendido por el Gobierno. También ha incumplido abiertamente la reforma política y electoral de carácter democrático transparente y que amplíe las posibilidades de la participación.

Sobre los incumplimientos, hay responsabilidades tanto directamente del presidente como de otras instancias del Estado. Hay que subrayar que Duque, y su partido Centro Democrático, de extrema derecha, son contrarios al Acuerdo de Paz, entonces obra muchas veces por no aplicarlo o hacer selectivamente algunos avances mínimos.

Nathali Gómez

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos