Sacan muestras de ADN de la basura para resolver el asesinato de un bebé en 1981, pero la acusada alega que el método es ilegal

Los abogados de la acusada buscan que la Justicia desestime la muestra argumentando que el proceder de los agentes es contrario a la ley.

La estadounidense Theresa Rose Bentaas enfrenta cargos de asesinato en un caso de hace 39 años de un recién nacido abandonado en una zanja de la ciudad de Sioux Falls (Dakota del Sur). Sin embargo, la prueba de ADN que logró vincularla y acusarla podría ser desestimada en su juicio del próximo 20 de abril, informan medios locales

Andrew, así fue llamado el bebé, fue encontrado en 1981 con la placenta adherida y lágrimas heladas en las mejillas. Posteriormente, los forenses dictaminaron que había muerto congelado. El caso permaneció estancado hasta que en 2009 un detective decidió acudir a la tecnología genética, inexistente en los días del crimen. El cuerpo del pequeño fue exhumado y en los siguientes años el ADN extraído fue introducido en diferentes bases de datos en busca de conexiones familiares. En enero de 2019, empleando los avances en genealogía genética, se logró construir un árbol genealógico que llevó la investigación hasta los padres de Bentaas.

El 11 de febrero pasado, detectives encubiertos tomaron restos de basura de fuera de la casa de la mujer para obtener muestras de material genético. Los resultados señalaron que el ADN podría ser de la madre de Andrew. Basados en esa premisa, las autoridades obtuvieron una orden para extraer una muestra de Bentaas. Una nueva prueba reveló el parentesco y en marzo de 2019 la mujer fue arrestada.

Theresa, de 57 años fue liberada bajo fianza y permanece bajo vigilancia desde mayo pasado. En una declaración, la sospechosa admitió haber dado a luz en secreto y arrojar horas después al neonato a una zanja porque era "joven y estúpida", aunque se declara inocente del crimen, recoge NBC News.

Ahora, los abogados de la acusada buscan que la Justicia desestime la muestra de material tomada de la basura, argumentando que el proceder de los agentes violó los derechos de su clienta consignados en la Cuarta Enmienda a la Constitución, que prohíbe, entre otros, pesquisas irrazonables. "Las personas no tienen un interés de privacidad en las cosas que tiran a la basura, pero definitivamente sí en el ADN que está en esos objetos", manifestó su legista, Clint Sargent.

Mientras que la defensa alega que la Policía debería haber pedido permiso en forma de una orden judicial, la Fiscalía halla el argumento exagerado, porque pruebas sacadas de la basura ya han sido admitidas antes en los tribunales. La jueza del caso emitirá una decisión el próximo martes.