Este lunes, los ecuatorianos tomaron las calles de varias ciudades del país, para expresar su descontento contra la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, aprobada el pasado viernes 15 de mayo en la Asamblea Nacional (Parlamento) del país.
Las manifestaciones, que se dan en medio de las restricciones que rigen por la pandemia del coronavirus —que ha dejado 33.182 contagiados y 4.390 muertos, entre confirmados y probables en este país—, fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que está integrado por varios sindicatos de obreros del país.
"Plantones a nivel nacional, con todas las medidas de bioseguridad y cumpliendo los protocolos de salud, desde nuestros barrios, plazas, lugares emblemáticos de su provincia", dijo la FUT en un comunicado.
En el texto expresan, además: "¿Quién gana con esta ley? Lo que quieren hacer es legalizar los despidos de miles y miles de trabajadores y seguir beneficiando a los de siempre, eso no lo debemos permitir".
Además de la ley, en la manifestación, según dijo la FUT, expresan su descontento por un recorte de 98.210.190 dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas del país, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
También, sumaron a sus reclamos el freno a la corrupción, luego que se destaparan varios casos que involucran a funcionarios públicos que han tratado de lucrar en medio de la pandemia.
En Quito, la manifestación principal se concentró en el centro de la ciudad, alrededor del parque El Ejido, frente a la sede principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cercano a la Asamblea Nacional. Pero también hubo marchas en las inmediaciones de universidades públicas.
¿Qué establece la ley?
La normativa fue enviada al Congreso por el presidente Lenín Moreno, con carácter de urgencia, por lo que fue aprobada antes de cumplirse los 30 días de su envío.
"Hoy más que nunca necesitamos que la Asamblea de paso a la Ley Humanitaria. Insisto, señoras y señores asambleístas, necesitamos de urgencia que den paso a la Ley Humanitaria", manifestó el mandatario varios días después de enviar el proyecto al Parlamento.
La normativa aprobada, que ahora espera por la ratificación del Ejecutivo, establece medidas para varios ámbitos:
- Pensiones educativas: prohíbe la suspensión de asistencia, el registro de asistencia y evaluación por retraso justificado en los pagos a escuelas y colegios.
- Arriendos de viviendas: no se podrá ejecutar desahucio a arrendatarios durante la vigencia del estado de excepción, y hasta sesenta días después de su conclusión. Por ahora, eso regiría hasta el 16 de agosto.
- Créditos: establece la entrega de financiamientos productivos por parte de las entidades bancarias, de rápido desembolso y con condiciones especiales.
- Reprogramación de deudas: reprogramación de pago de cuotas por obligaciones crediticias con entidades del sistema financiero nacional y otros negocios que hayan otorgado créditos.
Sin embargo, el punto más álgido y que ha provocado las manifestaciones de los trabajadores, se refiere a la flexibilización de las condiciones laborales, que en la normativa están definidas como medidas de "sostenibilidad del empleo".
En materia laboral, la normativa establece:
- "Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral", señala el artículo 16.
- El artículo 19 establece un "contrato especial emergente", con el cual se podrá establecer contratos de media jornada y las horas se podrán distribuir hasta en seis días de la semana.
- El artículo 20 contempla la reducción de hasta un 50 % la jornada laboral y disminución hasta un 45 % del salario del trabajador; es decir, quien gane sueldo mínimo, que son 400 dólares, podría ver reducida su remuneración hasta los 220 dólares; además de reducirse el aporte de la empresa a la seguridad social del empleado. Esto podrá aplicarse por dos años, renovable dos más.
- El artículo 21 establece que el empleador decidirá, de manera "unilateral", el cronograma de vacaciones del trabajador, es decir cuándo y cómo tomárselas. Además, podrán ser contados como días de vacaciones los días de "inasistencia" (no especifica si justificados o injustificados).
También contempla asuntos referidos al teletrabajo, sobre el cual se establece un tiempo de desconexión —en el cual el empleado no está obligado a responder al empleador— de 12 horas al día.
"Carta abierta a los empresarios"
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, uno de los principales impulsores de la normativa, ha señalado que "el acuerdo entre partes permitirá salvar empleos", al referirse a las conversaciones que podrán tener los empleados con sus empleadores para establecer las nuevas condiciones de la relación laboral.
"La situación es extraordinaria, es decir, pensar que la salida, por ejemplo, es una negociación sin ley entre empresarios y trabajadores es sencillamente delirante, es entregarles carta abierta a los empresarios para que hagan lo que les de la gana de aquí en adelante", opina, por su parte, el sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador David Chávez.
Añadió que "mientras, en otros países se está discutiendo la necesidad de una renta humana básica, de la ampliación de un seguro de desempleo, de la estructuración de sistemas de provisión de alimentos para que la gente no salga de sus casas, acá estamos discutiendo cómo precarizamos aún más las condiciones, en una época en que ya de por sí los trabajadores están siendo vulnerados cada vez más en su sobrevivencia mínima".
Desde la FUT han señalado que "lo único que le interesa al Gobierno y grandes empleadores es la flexibilización laboral, inclusive violando la Constitución, perjudicando a las familias ecuatorianas".
Se excluyeron contribuciones especiales
Una de las cuestiones que también suscitó críticas desde diversos sectores es que la normativa contemplaba la creación de contribuciones especiales por parte de los ciudadanos y las empresas del país, para alimentar un fondo, que se estimaba llegaría a los 1.400 millones de dólares; dinero que manejarían "representantes de la sociedad civil" y que sería destinado para brindar asistencia humanitaria.
Sobre personas naturales, la normativa inicial comprendía contribuciones por parte de quienes ganan 500 dólares en adelante, durante nueve meses. Sin embargo, en el Congreso se elevó el monto hasta los 2.500.
Entretanto, las empresas deberían dar un aporte único de 5 % con base en sus utilidades, cuando hayan ganado más de un millón de dólares, calculado sobre el año fiscal 2019.
Las principales críticas vinieron desde los empresarios. Este sector avalaba la flexibilización laboral, que finalmente se aprobó, pero pedía que se sacara del texto lo referente a las contribuciones especiales.
El pasado jueves 14 de mayo, cuando faltaban apenas dos días para que venciera el plazo, Moreno pidió a la Asamblea Nacional que eliminara del texto "todo lo relacionado con contribuciones".
"He escuchado a líderes políticos y sociales, a emprendedores y empleados. Tenemos una misma prioridad: salvar empleos, emprendimientos y empresas en los que hemos puesto toda nuestra vida", dijo entonces el mandatario.
Finalmente, el texto se aprobó sin las contribuciones especiales, como pidió el sector empresarial.
"Los trabajadores les dimos alternativas para que puedan cobrar las deudas, para que aporten los que más tienen, les demostramos que somos solidarios, pero no acogieron las propuestas, solo por no exigir el aporte de los aliados del Gobierno", dijo la FUT al respecto.
Demanda de inconstitucionalidad
El FUT y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que alberga otros sindicatos laborales, anunciaron que presentarán ante la Corte Constitucional demandas de "inconstitucionalidad" contra las reformas laborales establecidas en la Ley Humanitaria.
En un comunicado, la CUT señala que las reformas, "lejos de garantizar los derechos de los trabajadores, son regresivas e inconstitucionales, atentando contra los principios laborales de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad".
"Creo que somos uno de los pocos Estados del planeta que, en lugar de utilizar políticas de protección social, siguen utilizando políticas de ajuste y de regresión de derechos sociales, incluso presentando medidas inconstitucionales", opina el economista Erik Mozo.
El texto ha quedado en manos del presidente Moreno; si el mandatario presenta alguna objeción, volverá al Parlamento; en caso contrario, entra en vigencia y se implementa la nueva normativa.