Entre condenas, extradiciones y prisiones domiciliarias: los represores argentinos en tiempos de pandemia

La pandemia del coronavirus no detiene la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, en las últimas semanas fueron condenados 45 represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Uno más fue extraditado. Y a otro le retiraron una condecoración.

En contraste con estos avances, 34 condenados han sido beneficiados con la prisión domiciliaria gracias a que, por sus avanzadas edades, forman parte de los grupos en riesgo por el covid-19. Cada fallo ha reavivado polémicas y reclamos de víctimas y organismos.

El devenir de los represores es apenas una muestra de los cambios que enfrentan las políticas de derechos humanos desde que Alberto Fernández asumió como presidente en diciembre pasado. A diferencia de su antecesor, Mauricio Macri, Fernández enarbola las causas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres que comenzaron a buscar a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y que en este gobierno volvieron a ser invitadas de primera fila en los actos oficiales.

Antes de asumir, el presidente solía celebrar en sus redes sociales los juicios y condenas de los exmilitares, expolicías y civiles que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de personas y que, por ser considerados delitos de lesa humanidad, no prescriben. Continúa en esa línea, pero sus mensajes hoy tienen mayor peso porque es un jefe de Estado.

Juicios y extradiciones

El inicio de su gobierno estuvo marcado por la agenda de derechos humanos, ya que el 16 de diciembre, apenas seis días después de haber asumido, llegó extraditado a Argentina Mario Sandoval, un represor que había escapado a Francia y sobre el cual desde hacía siete años se reclamaba que fuera entregado a la justicia del país sudamericano.

Ya en plena pandemia, a Sandoval se sumóGonzalo Sánchez, quien el pasado jueves llegó extraditado desde Brasil. El represor está acusado de haber participado en 1977 del secuestro y desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh, por lo que en los próximos meses enfrentará un juicio.

Poco antes, el 8 de mayo, la Cancillería argentina anunció que el Gobierno francés le había retirado al represor Ricardo Miguel Cavallo una condecoración recibida durante sus años como agregado naval en ese país. La gestión para quitarle el galardón al exmarino, que cumple condenas a cadena perpetua, la realizó de manera directa el presidente.

La agenda de derechos humanos se intensificó con un juicio que concluyó a través de una videoconferencia para respetar la cuarentena por coronavirus.

El jueves, el mismo día que uno de los asesinos de Walsh era extraditado, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, impuso cadena perpetua a seis represores que cometieron sus crímenes en un centro clandestino de detención que operó en el centro de esa ciudad.

Los condenados fueron José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos, a quienes se encontró culpables de delitos en contra de 188 víctimas. Otros cuatro acusados, Hector Gianola, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle y Lucio Nast recibieron penas de entre 16 y 22 años de prisión.

De todos ellos, Lofiego y Marcote fueron sentenciados, además, por haber violado a dos detenidas, una práctica que fue recurrente en las prisiones ilegales pero que hasta ahora no se había sancionado judicialmente en Rosario.

La primera sesión de un juicio realizado en medio de la crisis sanitaria, y al que no pudieron acudir los organismos de derechos humanos, culminó el 27 de abril en Mar del Plata, una ciudad ubicada en la costa atlántica, en donde el Tribunal Federal Oral condenó a 28 represores a cadena perpetua, mientras que siete más recibieron penas de siete a 25 años de prisión y cinco fueron absueltos.

Los acusados formaron parte de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad que operaron en esa región del país. A lo largo del juicio se probaron delitos contra 272 víctimas, de las cuales 133 todavía están desaparecidas. 

Prisiones domiciliarias

Por otra parte, los represores argentinos han atraído de manera permanente los reflectores durante la pandemia porque emitieron pedidos en masa para obtener prisiones domiciliarias, beneficio al que tienen derecho debido a su avanzada edad, ya que todos son mayores de 60 años. Los organismos de derechos humanos advierten, sin embargo, que hay riesgo de que se fuguen, además de que jamás han confesado sus crímenes ni el destino de los desaparecidos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta el 12 de mayo se habían solicitado 177 arrestos domiciliarios, de los cuales solo 34 fueron autorizados. Asesinos emblemáticos como Jorge 'Tigre' Acosta, Miguel Etchecolatz y Carlos Suárez Mason recibieron negativas y permanecen en prisión.

Entre los beneficiados destaca el caso de Segundo Héctor Carabajal, un represor de 73 años que estaba detenido en una cárcel en Mendoza, provincia fronteriza con Chile. El 23 de marzo le permitieron seguir en su casa la condena por apropiación de un menor, pero la semana pasada esta decisión fue revocada gracias a que una testigo entregó videos que demostraron que el exagente de inteligencia había organizado una fiesta de disfraces. A él se le podía ver con un gorro rojo y un antifaz.

Desde que en 2003 se reactivaron los juicios de lesa humanidad en Argentina, se ha imputado a 3.315 personas, de las cuales 968 han sido condenadas, 637 gozan de arresto domiciliario y solo 276 permanecen en unidades del servicio penitenciario o cárceles especiales.

Actualmente hay 532 causas en trámite, de las cuales solo el 3,0 % está en la etapa de juicio oral, por lo que los organismos exigen que los procesos se aceleren a pesar de la pandemia.

Cecilia González