La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rebajó de rebelión a sedición la acusación contra la cúpula de los Mossos d'Escuadra, la Policía autonómica de Cataluña, en el juicio por su supuesta connivencia con los dirigentes políticos que impulsaron el llamado 'procés' independentista catalán en 2017.
Para los tres acusados principales (el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el exsecretario general de Interior de la 'Generalitat' de Cataluña, César Puig; y el exdirector de los Mossos, Pere Soler) la petición fiscal inicial fue reducida de 11 a 10 años, mientras que la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, ya estaba acusada de sedición.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público ofreció como alternativa la pena de desobediencia, que supondría la inhabilitación de un año y ocho meses para cargos públicos y el pago de una multa, sin penas de cárcel.
Según la Fiscalía, los antiguos jefes de los Mossos colaboraron con los dirigentes independentistas para facilitar el 'procés' secesionista actuando de manera "pasiva" a la hora de cooperar con las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado que buscaban impedir la celebración del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.
