El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desató una polémica al anunciar que promoverá la expropiación del Grupo Vicentin, una de las mayores empresas agroexportadoras del país, ya que implica la transformación radical de un mercado que es estratégico para la economía nacional.
La decisión del gobierno cambió la agenda del debate público, en la que predominaba la pandemia del coronavirus, y revivió los fantasmas de la grave crisis política e institucional que se vivió en 2008 después de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner intentara, sin éxito, aumentar las retenciones a las exportaciones de granos, lo que derivó en fuertes protestas de las patronales agropecuarias. El conflicto estuvo a punto de terminar con su gobierno.
Aunque por ahora el panorama no es tan drástico para Alberto Fernández, opositores y algunas entidades agropecuarias ya rechazaron la medida y se anticipan protestas y un duro debate parlamentario para aprobar o no la expropiación.
1- ¿Qué es Vicentin?
Es la sexta empresa agroexportadora de granos, soja y derivados de este país y cuenta con alrededor de 2.600 empleados. El año pasado fue la principal exportadora de aceites, harina de soja y girasol. Produce 29.500 toneladas de alimentos por día, de las cuales el 85 % son para exportación. También es la mayor productora de biodiesel.
La empresa acumula deudas por 1.500 millones de dólares y se encuentra en concurso de acreedores. Les debe pagos a cerca de 3.000 productores y a una decena de bancos.
También está involucrada en un escándalo político porque, durante la Presidencia de Mauricio Macri, el estatal Banco Nación le otorgó créditos por 300 millones de dólares, una cifra récord que superó el tope legal de préstamos establecidos por la institución.
Luego se descubrió que, el año pasado, Grupo Vicentin fue el principal donante de la fracasada campaña por la reelección de Macri, ya que aportó alrededor de 330.000 dólares.
El caso ya llegó a la justicia, en donde Javier González Fraga, expresidente del Banco Nación, es investigado por el presunto delito de defraudación. La sospecha es que en los préstamos primaron intereses políticos porque Vicentin esperaba que un triunfo de Macri representara su salvación económica.
El 4 de diciembre de 2019, a solo seis días de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, Vicentin se declaró en un estado de "estrés financiero" y se presentó en concurso de acreedores.
2- ¿Qué anunció el presidente?
Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la intervención estatal en Vicentin. También anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación para impulsar la soberanía alimentaria.
Ante el temor de algunos sectores de que esto represente el inicio de expropiaciones en cadena, el presidente subrayó que no se está rescatando a una empresa próspera, sino a una en ruinas, y que no es intención de su gobierno aplicar la misma medida con otras firmas.
La empresa quedaría bajo la gestión de YPF Agro, la unidad de negocios agropecuarios de la petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la cual fue reestatizada en 2012, en un proceso que dio inicio a conflictos judiciales internacionales que aun no terminan.
El gobierno todavía no ha definido los alcances de la expropiación, ya que podría abarcar solo a la cerealera y no al resto de empresas del Grupo Vicentin.
3- ¿En qué podría beneficiar al gobierno la expropiación?
Argentina enfrenta una crisis económica que se acentuó con la pandemia. Está en medio de una dura renegociación de su deuda externa y en una moratoria porque no cubrió sus últimos adeudos ya que no tiene dólares para pagar.
El mercado agropecuario es uno de los motores de la economía argentina y la principal fuente de ingresos del país pero, en los primeros cinco meses de este año, por parte del sector cerealero solo han ingresado a las arcas del Estado 7.717 millones de dólares, un 23 % menos que en el mismo lapso de 2019.
Si el gobierno controla a la empresa, se reduciría la especulación del ingreso de divisas que suelen aplicar las empresas y que impacta en el complejo mercado cambiario que enfrenta una persistente devaluación y que cuenta con múltiples cotizaciones de la divisa. Es decir, si participa en el mercado agroalimentario, el Estado tendría más dólares disponibles.
4- ¿Qué dice la oposición?
Juntos por el Cambio, la alianza que encabeza a la oposición en Argentina, criticó de inmediato la expropiación, pero sin reconocer que Vicentin fue su principal aportante financiero en las elecciones del año pasado.
En un comunicado, aseguró que el anuncio sobre Vicentin es "peligroso, ilegal e inconstitucional" y repite un modelo de expropiaciones que ya le costaron miles de millones de dólares a los argentinos.
"La intervención desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras... es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia", afirmó.
La Sociedad Rural Argentina, emblema de las influyentes patronales del agro, mostró su preocupación por el anuncio del presidente. "La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar".
Desde la izquierda, la principal crítica es que, al estatizar la empresa, los argentinos terminarán pagando, otra vez, la deuda de empresas privadas.
5- ¿Qué dice la empresa?
El Grupo Vicentin manifestó su sorpresa por la intervención de la empresa y el intento de expropiación.
"El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas del origen familiar y del país que se encuentra ajustada al marco legal vigente dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos", afirmó en un comunicado.
6- ¿Por qué tiene tanto impacto?
Por el peso que tiene la agroindustria en este país, ya que representa el 61 % de las exportaciones.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y de la Organización Mundial del Comercio, Argentina es uno de los 20 principales países productores de alimentos. Es el tercer productor mundial de granos de soja, cuarto de maíz, tercero de semillas de girasol, cuarto de limones y quinto en la producción de carne bovina.
En términos políticos, el impacto de la expropiación se debió a lo sorpresivo del anuncio. La conferencia de prensa del presidente se convocó apenas con una hora de anticipación. No lo sabían las entidades rurales, que mantienen una tensa relación con el gobierno y que en febrero habían comenzado una serie de movilizaciones y protestas contra el aumento de las retenciones impositivas para la exportación de soja.
La crisis política con el agro venía en alza, pero se frenó debido al estallido de la pandemia de coronavirus.
7- ¿Cómo seguirá el proceso que puede culminar o no con la expropiación?
El Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de expropiación del Grupo Vicentin. La iniciativa comenzará su recorrido parlamentario en el Senado, en donde el oficialismo tiene mayoría. El panorama se complica en la Cámara de Diputados, en donde solo cuenta con 119 bancas, ya que le faltan por lo menos 11 votos más tan solo para tener el quórum necesario que garantice el debate de la iniciativa.
Puertas afuera del Parlamento, algunas patronales agropecuarias ya convocaron a realizar una protesta nacional contra el gobierno con el respaldo de la oposición política, empresarial y mediática, mientras que la expropiación es defendida por los sectores afines al oficialismo.