Familiares de desaparecidos llevan a cabo un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que el gobierno aclare el supuesto recorte del 75 % del presupuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que denunció la propia institución, como parte de las medidas de austeridad del gasto público ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La protesta inició el pasado 4 de junio, en medio del pico de la pandemia del coronavirus, con la llegada de contingentes de diversas organizaciones que representan a parte de los familiares de las más de 60.000 personas desaparecidas que, de acuerdo con reportes oficiales, existen en el país.
Los manifestantes, protegidos con cubrebocas, mantienen instaladas decenas de carpas frente a Palacio Nacional en las que muestran fotos con los rostros y nombres de sus familiares desaparecidos y la petición: "Ayúdanos a encontrarlo". También pintaron el asfalto con la leyenda: "¿Dónde están?".
Además de exigir que se transparente el presupuesto de la CEAV, pidieron la renuncia de Mara Gómez Pérez, titular del organismo, a quien acusaron de haber publicado un documento "alarmista, insensible y revictimizante", que los sumió en la confusión.
Drástico recorte
El pasado 2 de junio, la CEAV, un organismo que fue creado en 2014 para apoyar a las víctimas de violencia en México, anunció en un comunicado que el drástico recorte presupuestal paralizaba su trabajo.
"La Comisión informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento", reconoció.
El documento recordó que el organismo enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, que iniciaron bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.
La CEAV aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le había reducido en un 75 % el presupuesto que tenía asignado y que alcanzaba los 139,4 millones de pesos (alrededor de 6.3 millones de dólares).
El ajuste obligará a recortar la planta de 388 trabajadores, impedirá pagar los servicios de alquiler, agua, luz, telefonía e internet de los 32 Centros de Atención Integral que hay en el país, lo que afectara a 7.200 víctimas cada mes, y se incumplirán contratos que seguramente derivarán en demandas contra la institución.
También se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que incluye los datos de más de 34.215 personas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras, y no se podrá tramitar el traslado de 9.862 personas para que acudan a audiencias ante el Ministerio Público, Juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o diligencias de búsqueda.
El impacto se refleja, además, en que se reducirá en un 30 % el apoyo jurídico y legal de miles de víctimas y tampoco se les podrán entregar apoyos económicos, ni se contará con los recursos necesarios para ayudarlos con alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
Por otra parte, no habrá abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual podría impedir que las víctimas puedan acceder a una compensación, o avanzar en el rezago de 1.100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales que están en trámite, entre ellos varios casos de violaciones de derechos humanos que han tenido repercusión internacional, como la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa, la masacre de Tlataya y la represión en Atenco.
Cuando fue cuestionado por este comunicado, el presidente López Obrador aseguró que ninguna víctima se quedaría sin atención. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, por su parte, garantizó que los recursos financieros para las instituciones vinculadas con los derechos humanos no serían afectados.
Carta abierta
En medio de la contradicción de lo que había denunciado Gómez Pérez y las respuestas que daban otros funcionarios, el domingo pasado, 61 colectivos y 700 víctimas publicaron una carta abierta dirigida a López Obrador en la que exigieron la renuncia de la titular de la CEAV, a quien acusaron de tratarlos de manera permanente con desprecio y agredirlos física y verbalmente.
Explicaron, además, que los quiso usar para pelearse con el gobierno nacional, ya que hasta ahora los familiares no tienen claro si el recorte al presupuesto que la CEAV detalló en el comunicado es cierto o no.
"Fue un acto de terrorismo psicológico y de violencia que alteró emocionalmente a las familias; un lenguaje frío y ajeno a las víctimas como el que siempre usa con nosotras, que no midió las consecuencias del dolor que causaba, sin conciencia ni empatía de los alcances de decirle a personas, cuya estabilidad emocional por las pérdidas y ausencia de seres queridos es frágil, que la única institución creada con ellas, por ellas y para ellas, cerraría dejándolas en un mayor desamparo", lamentaron.
Por ello, exigieron que Gómez Pérez sea removida del cargo y que la Junta de Gobierno de la CEAV, que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, explique cuántos recursos tiene en realidad el Fondo de Atención a Víctimas, cómo se está manejando, y a cuánto asciende el presupuesto de la Comisión.
"Señor presidente, hemos confiado en su palabra de que las víctimas somos una prioridad de su gobierno (...) Le pedimos que a las instituciones que tienen como tarea fundamental la de proteger, defender, respetar y garantizar derechos humanos se les otorgue el presupuesto y sin recortes por usted ha prometido", señalaron.