Una herida abierta marcada por la impunidad.
Símbolo de decenas de miles de víctimas de desaparición forzada.
Uno de los principales retos del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos.
Todo eso es Ayotzinapa un lustro después de las trágicas horas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en que 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico. Desde entonces, los rostros morenos y casi aniñados de estos jóvenes interpelan a una sociedad que a diario sigue padeciendo una grave crisis humanitaria.
Esa noche, ya hacía casi ocho años que el expresidente Felipe Calderón había sumido al país en una guerra narco que sólo provocó más violencia y que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los amenazados, ya se contaban por miles. Pero las historias de las víctimas tenían escasa repercusión internacional. Ayotzinapa permitió que el resto del mundo se enterara de la desgracia mexicana. Y los 43 se convirtieron en una causa global. Marchas masivas en decenas de países, libros, documentales, exposiciones, intervenciones artísticas, performances, investigaciones periodísticas y, sobre todo, la persistente lucha de los familiares, han logrado que el reclamo por su aparición con vida siga latente.
Hoy se sabe que los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman quienes serán maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México. En la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución. Los atacantes se confundieron y acribillaron un camión en el que iban "Los Avispones", un equipo de futbol. La cacería continuó a lo largo de la madrugada. Participaron policías municipales, estatales y el Ejército. El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón y era un estudiante de 22 años. Aunque al principio se creyó que sus torturadores le habían desollado el rostro, peritajes concluyeron que había sido arrancado por animales. También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos, entre los cuales, hasta ahora, sólo se logró encontrar a Alexander Mora Venancio, de 19 años. Más bien, apenas sus restos. Una muela y un fragmento de hueso hallados supuestamente en un río permitieron identificarlo a fines de 2014.
Lo que no se sabe todavía es en dónde están los otros 42 estudiantes. Qué hicieron con ellos. Quiénes son los responsables. Por qué se ordenó el operativo. Qué buscaban, qué querían quienes los persiguieron, balearon, torturaron, secuestraron y, en algunos casos, asesinaron.
La "verdad histórica" y la guerra contra el narco
Las respuestas parecen lejanas. El exprocurador Jesús Murillo Karam quiso dar por cerrado el caso con lo que llamó la "verdad histórica", la versión oficial que concluyó que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos que los terminaron matando y quemando en un basurero.
Los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto mentía. Por eso, fuera de su poderoso cargo, el número 43 persigue al expresidente como una maldición. Ya hay una demanda en su contra en la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que se le investigue como presunto responsable de delitos de lesa humanidad. Y no sólo por el caso Ayotzinapa, que es la masacre más conocida, pero no la única.
Desde que se lanzó la guerra narco, los mexicanos comenzaron a saber de asesinatos y desapariciones masivas. En 2010 se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Un año más tarde, ahí mismo fueron encontradas otras 193 personas asesinadas, y en Durango, 340 más. En 2014, en Tlatlaya, Estado de México, militares mataron a 22 civiles. En 2015, policías federales hicieron un operativo en la comunidad de Tanhuato, Michoacán, y asesinaron, por lo menos, a 42 civiles de manera extrajudicial. En 2016, policías federales mataron a 16 civiles desarmados en Apatzingán, también en Michoacán. El mes pasado, 25 personas murieron acribilladas en un bar en Veracruz.
Los cuerpos descuartizados tirados en calles céntricas o a la vera de un camino, los cuerpos colgados de puentes, son imágenes habituales de la barbarie. Este año, una investigación periodística titulada 'A dónde (lle)van (a) los desaparecidos' descubrió que en México hay por lo menos 2000 fosas clandestinas con miles de cuerpos y restos sin identificar.
Todos estos casos han demostrado que el supuesto combate al narcotráfico sólo fue un pretexto para que se cometieran abusos, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas de Seguridad y el Ejército. Para que la corrupción se expandiera a todos los niveles del Estado, como lo expuso la historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes siguen detenidos, con cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Guerrero, además, es ruta de producción y tránsito de heroína que los cárteles trafican principalmente a Estados Unidos. Por eso, una de las versiones es que los estudiantes tomaron, sin saber, un autobús que llevaba un cargamento de droga que los narcos quisieron recuperar y eso desató la cacería.
Verdad y justicia
"Hoy se constituye la Comisión de la Verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa", dijo López Obrador el 1 de diciembre del año pasado, durante su toma de posesión en el Congreso, en un gesto que se contrapuso a la "verdad histórica" que Peña Nieto defendió hasta el final de su mandato.
Pero darles una respuesta a los familiares no será fácil. La investigación realizada por la pasada gestión fue tan anómala que a principios de este mes fue liberado Gildardo López Astudillo, alías 'el Gil', un presunto líder de Guerrero Unidos que había sido detenido en 2015, acusado del secuestro de los estudiantes. Era uno de los presos más importantes del caso, pero el juez consideró que las pruebas en su contra eran insuficientes. El año pasado lo habían absuelto del delito de "delincuencia organizada". O sea que para la justicia ni siquiera es un narcotraficante. Días más tarde, el juez Samuel Ventura liberó a 24 policías municipales involucrados en la desaparición.
Así, ahora ya sólo quedan detenidas 65 de las 142 personas que estaban acusadas de haber participado en la noche de Iguala.
Las liberaciones entrañan una paradoja, ya que en varios casos se justifican porque las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, en procesos por completo ilegales que se llevaron a cabo en aras de consolidar la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, a quien le urgía encontrar y presentar culpables. Pero al mismo tiempo, que cinco años después no haya nadie condenado y cada vez menos procesados, fortalece una sensación de impunidad que es reconocida por el gobierno de López Obrador.
A sabiendas del peso que Ayotzinapa tiene en la narrativa de derechos humanos a nivel nacional e internacional, el presidente y sus funcionarios lo han convertido en un caso prioritario, presente en sus discursos. En sus encuentros con los familiares, les han prometido que no habrá protección para nadie. Uno de los desafíos está en el Ejército que, al amparo de Peña Nieto, se negó a colaborar a pesar de las denuncias sobre su participación. La duda es si López Obrador logrará declaraciones de militares. En julio, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, recorrió junto con familiares de los estudiantes el 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala que podría ser clave en la investigación. Fue el primer avance porque, hasta entonces, el cuartel se había negado a abrir sus puertas.
El gobierno subió la apuesta al anunciar que la Fiscalía General de la República iniciará investigaciones contra el exprocurador Murillo Karam; el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; y el extitular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa, José Aarón Pérez Carro. Son los tres funcionarios de alto rango del gobierno de Peña Nieto que estuvieron al frente de una causa que quedó desacreditada. La denuncia en su contra es por incumplimiento de funciones. La respuesta que Murillo dio a través de una entrevista radiofónica rozó el cinismo: "Me pueden investigar todo lo que quieran. Estoy completamente a disposición… es un caso verdaderamente doloroso".
El fiscal general Alejandro Gertz Manero recibió la semana pasada a familiares de los 43, en una reunión en la que López Obrador participó como testigo, y les advirtió que la investigación iba a empezar casi de cero y que, por el cúmulo de irregularidades, podría configurar un crimen de Estado. Es lo mismo que vienen reclamando padres y madres desde hace cinco años: "Fue el Estado". El jueves, al cumplirse cinco años de la desaparición de sus hijos, por primera vez se les permitirá hablar ante el pleno del Congreso para exigir justicia.
La deuda a saldar es grande. No se trata sólo de los 43, sino de los más de 40.000 desaparecidos reconocidos en las cifras oficiales y a los que falta sumar las desapariciones forzadas que han seguido ocurriendo desde el año pasado y que todavía no forman parte de las estadísticas.
Sin ellos, la sanación de esta sociedad ensangrentada, de un país que se convirtió en una fosa común, será imposible.
Cecilia González