La Procuraduría Fiscal en México anunció que presentará siete denuncias contra empresas factureras que vendían facturas simuladas en una operación masiva de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Hasta el momento, el Servicio de Administración Tributaria, organismo encargado del cobro de impuestos, ha detectado a 43 empresas factureras que han realizado operaciones por 93.000 millones de pesos (4.169 millones de dólares), lo cual provocó que se dejaran de recaudar 55.125 millones de pesos (2.471 millones de dólares).
Bajo este esquema, además, participaron 8.212 compañías, que, en su mayoría, pagaron nómina pero no la retención del Impuesto Sobre la Renta.
"El esquema de factureros se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como lo es la corrupción. Algunas empresas, así, inventan facturas de gastos falsos y para disfrazar pagos ilícitos", indicó la titular del SAT, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el martes 23 de junio.
La funcionaria explicó que este esquema de defraudación fiscal comenzó a incrementarse a partir de 2010.
#ConferenciaPresidente. Expone Raquel Buenrostro el primer paquete de 43 empresas factureras que sirvieron para evadir más de 50 mil mdp. Se revisaron 22 millones de facturas. pic.twitter.com/M563RwlcRq
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 23, 2020
El Gobierno enviará cartas a los contribuyentes involucrados en la compra de facturas falsas, para que las personas que "no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema" puedan regularizar su situación. Para ello, se dará un periodo de tres meses. En caso de no regularizar su situación, el Gobierno procederá judicialmente.
"Se acabó la fiesta"
En este sentido, la Procuraduría Fiscal señaló que presentará un primer paquete de denuncias penales, con el objetivo de combatir a las principales empresas emisoras de facturas falsas. A partir de 2020 esta práctica es considerada como delincuencia organizada y podría incluir hasta 16 años de prisión.
"Se acabó la fiesta", advirtió el procurador fiscal, Carlos Romero.
El funcionario explicó que las empresas factureras funcionaban como empresas fantasma, cuyos domicilios fiscales estaban en terrenos o lugares donde no se realizaba ninguna actividad económica.
"No podemos ser cómplices"
Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que a pesar de las molestias que pueda ocasionar el combate al fraude fiscal, atender este asunto es una de las prioridades de su administración.
"No podemos ser cómplices, no podemos encubrir a nadie", dijo el mandatario, quien aseguró que es necesario lograr una buena recaudación para poder brindar los servicios que la población necesita.
"Es míi deber, es mi responsabilidad, y esto es parte del cambio. Esto nos va a ayudar mucho para que actuemos con rectitud, con integridad, con el compromiso que los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie, como era antes", agregó.
En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha realizado gestiones y negociaciones para que grandes empresas que operan en México pagaran sus adeudos con Hacienda.
En planea crisis de covid-19, el presidente ha felicitado a compañías que han decidido pagar sus deudas millonarias, tal como ocurrió con Walmart, Femsa, IBM, Toyota, América Móvil y Minera Fresnillo, que hasta el momento han pagado deudas por un monto total superior a los 30.328 millones de pesos (1.359 millones de dólares).
En mayo de 2019, López Obrador firmó un decreto para prohibir al Poder Ejecutivo perdonar adeudos fiscales, una práctica que fue recurrente durante las administraciones de sus antecesores, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes dejaron de recaudar 745.079 millones de pesos (37.597 millones de dólares) de manera opaca.
