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Luis Muiña, primer represor argentino que da positivo por coronavirus (y el debate de las prisiones domiciliarias)

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Cumple condena a cadena perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
Luis Muiña, primer represor argentino que da positivo por coronavirus (y el debate de las prisiones domiciliarias)

El represor argentino Luis Muiña, quien cumple condena a cadena perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983), fue diagnosticado con coronavirus y trasladado a una unidad médica destinada a presos, confirmaron las autoridades.

La noticia reabrirá el debate sobre las demandas de prisiones domiciliarias realizadas por criminales condenados desde que comenzó la pandemia, ya que la mayoría de ellos, debido a su avanzada edad, son pacientes en riesgo.

Muiña, de 65 años, estaba detenido en Campo de Mayo, una prisión especial para presos de delitos de lesa humanidad, es decir, crímenes que nunca prescriben. El director de la cárcel, Ricardo Alderete, confirmó que a principios de junio el preso fue enviado para un tratamiento médico en un hospital en el que permaneció durante dos semanas.

El sábado por la noche, tres días después de haber vuelto a Campo de Mayo, Muiña fue diagnosticado con coronavirus, por lo que el domingo fue trasladado a una unidad médica penitenciaria, en donde permanece.

Muiña es un criminal emblemático ya que, sin ser militar, formó parte del grupo de represores que transformaron un sector del Hospital Posadas, ubicado en Buenos Aires, en un centro clandestino de detención en donde decenas de trabajadores fueron secuestrados, torturados y desaparecidos.

El represor, que torturaba a sus víctimas aplicándoles la picana eléctrica, quemándoles el cuerpo con cigarrillos y metiendo sus cabezas en agua, y que también las desaparecía, fue condenado en varios juicios, uno de ellos a cadena perpetua.

Su nombre tuvo repercusión en mayo de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia provocó un escándalo al emitir un fallo que beneficiaba a Muiña, quien entonces solo había sido condenado en un juicio a 13 años de prisión. El máximo órgano judicial le permitía quedar en libertad al recortar su pena gracias a una ley conocida como '2x1', que computa doble el tiempo que un detenido pasa en prisión sin condena firme.

El fallo provocó una conmoción social porque el resto de los represores comenzó a pedir también el beneficio del '2x1', pero gracias a las históricas movilizaciones encabezadas por los organismos de derechos humanos el Congreso sesionó de forma urgente para dar marcha atrás con la medida.

Ahora el nombre de Muiña vuelve a abrirles las puertas de la cárcel, pero por el temor a la expansión del coronavirus.

Prisiones domiciliarias

Desde que comenzó la pandemia, y de acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, 177 represores han solicitado su traslado de las prisiones a sus casas para prevenir el contagio, pero 127 trámites han sido rechazados.

El organismo reportó que actualmente hay 3.315 personas acusadas en los juicios de lesa humanidad, 968 condenadas, 156 absueltas, 637 procesadas, 70 indagadas, 544 imputadas, 28 prófugas, 639 fallecidas, 91 sobreseídas y a 182 se les dictó falta de mérito.

Del total de los investigados, solo 913, que representan el 28 %, se encuentran detenidos, pero 637 de ellos gozan de arresto domiciliario. Así, apenas 195 permanecen en las cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal y en sitios especiales como el predio militar de Campo de Mayo, en donde estaba Muiña.

Entre los represores que lograron irse a su casa están los expolicías Juan Nazareno Risso, Ramón Carlos Velasco y Walter Omar Ale, quienes fueron capturados recién en noviembre del año pasado. Se les acusa del asesinato de Horacio Alberto Benavides, un joven militante de 22 años fallecido durante un operativo realizado en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.

En la provincia de Mendoza fueron beneficiados el excoronel Mario Guillermo Ocampo, quien permaneció prófugo durante siete años hasta que fue capturado en febrero de 2019; los exagentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares; el exsubcomisario Juan Carlos Ponce; los exagentes de Inteligencia Segundo Héctor Carabajal, Omar Navarro Moyano y Oscar Simone, y el expolicía Carlos Ledesma.

Por el contrario, fue denegado el pedido de prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, uno de los personajes más temibles de la última dictadura. El expolicía fue condenado a cadena perpetua en múltiples juicios en los que se demostró que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a cientos de personas. A sus 90 años, se encuentra recluido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en donde el Tribunal Oral Federal 6 consideró que no corre mayores riesgos de contraer el coronavirus.

El represor Alfredo Astiz, tan temible como Etchecolatz, está a la espera de que la justicia decida si le permite o no irse a su casa, mientras que a otros personajes emblemáticos como los excapitanes de fragata Jorge 'Tigre' Acosta y Antonio Pernías y el exmarino Ricardo Cavallo, ya se les ha denegado.

Ahora, con el positivo de Muiña, los defensores de los represores volverán a tramitar prisiones domiciliarias en masa, lo que es rechazado por los organismos de derechos humanos.

"No queremos domiciliaria para los genocidas por el coronavirus. Quieren producir lástima, hacerse los viejos. Son viejos pero peligrosos. No se arrepienten, lo volverían a hacer si fuera necesario. Son presos más peligrosos que los otros presos que están sin condena en cárceles que no dan abasto", ha dicho, por ejemplo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aunque la presión en los juzgados se incrementará en los próximos días.

Cecilia González

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