Suspensión de obras y un estudio ambiental tardío reviven la polémica por los efectos del Tren Maya en México

La suspensión de las obras para la construcción del Tren Maya en México, así como la presentación de una manifestación de impacto ambiental casi año y medio después del inicio del proyecto, han revivido la polémica sobre los posibles efectos de una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Una disputa legal

En mayo pasado, comunidades ch'ol asentadas en Chiapas interpusieron un recurso de amparo para detener las obras de construcción del Tren Maya en la localidad de Palenque, luego de que el Gobierno federal anunciase que no se detendrían los trabajos de las obras prioritarias, pese a las medidas de confinamiento implementadas para contener la pandemia de covid-19 aplicadas en todo el país.

Semanas después, el 23 de junio, la organización civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos informó que una juez federal había suspendido las obras del ferrocarril en Palenque, por considerar que los trabajos realizados ponían en riesgo el derecho a la salud de las comunidades que interpusieron el recurso legal.

Sin embargo, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), organismo encargado de coordinar el proyecto, explicó que "el amparo interpuesto contra el Tren Maya no se ha resuelto definitivamente y sólo se refiere a obras nuevas que no han iniciado, ya que los trabajos en marcha son de mantenimiento y rehabilitación".

El organismo aclaró que la "suspensión definitiva" se limita únicamente al desarrollo de obra nueva en Palenque, en medio de la epidemia de covid-19, pero esto no implica que se haya cancelado la totalidad del proyecto.

"La suspensión reconoce que el proyecto Tren Maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen, lo que significa que Fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley", explicó el ente público.

"No quieren que hagamos nada"

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que su administración respetará las decisiones del Poder Judicial. 

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del poder judicial, si un juez nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya", señaló en su conferencia matutina del 24 de junio.

También criticó el hecho de que el amparo fuera interpuesto por comunidades indígenas que se encuentran lejos de la ruta por la que iba a de la obra, misma que requería renovar vías que ya existen y llevan más de 50 años en funcionamiento. 

En este sentido, dijo que el amparo promovido tiene un trasfondo político.

"No son los que podrían resultar afectados, no, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos. Es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada", apuntó.

López Obrador ha señalado la población de las zonas por donde pasará el tren dio su aval al proyecto durante la consulta realizada en diciembre de 2019, a pesar de que los términos en que se realizó fueron cuestionados por comunidades indígenas y grupos ambientalistas. 

A principios de junio, el mandatario levantó polémica al romper el confinamiento por la epidemia de coronavirus para viajar a Yucatán e inaugurar las obras para la construcción de un tramo del Tren Maya. 

Estudio tardío

El estudio de manifestación de impacto ambiental del Tren Maya se presentó apenas el pasado 18 de junio, casi año y medio después de que el presidente iniciara el proyecto a inicios de su mandato, en diciembre de 2018. En aquel momento, López Obrador recibió críticas por la premura con la que anunció la puesta de la primera piedra del ferrocarril sin que siquiera se supiera exactamente por dónde pasaría la obra. 

De acuerdo con el documento, se planea talar 8.664 árboles, que "serán removidos en el trazo del proyecto ferroviario, una vez que inicien las actividades correspondientes".

Otra polémica reciente tiene que ver con el hecho de que Fonatur ha optado por usar trenes que funcionen con diésel, en lugar de trenes eléctricos, con el objetivo de reducir costos. "Se sugiere adoptar el sistema que resulta económicamente más eficiente en la mayor parte del trazado y los indicadores sugieren adoptar la tracción diésel", apunta la manifestación de impacto ambiental. 

Una medida que ha sido criticada debido a que el Tren Maya utilizaría cerca de 166.000 millones de litros de combustible anuales, con su respectivo impacto ambiental.

El pasado 1 de junio, un total de 159 organizaciones y 85 activistas dirigieron una carta al presidente mexicano para denunciar que "durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho".

Entre las razones que argumentan organizaciones como Greenpeace, se señala que el Tren Maya "traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto".

¿Aumentar o reducir la deforestación?

El Tren Maya se ha visto envuelto en medio de la polémica, debido a que diversos ambientalistas han considerado que la obra podría poner en peligro la selva Lacandona, la segunda extensión de selva tropical más grande del continente americano, después de la Amazonia.

López Obrador inaugura las obras del Tren Maya en el primer día de la "nueva normalidad" pese al rechazo de las comunidades indígenas

Esto, debido a la posibilidad de que se inicie un proceso de aumento de población, especulación y privatización de la tierra, similar a lo que ocurrió en zonas como el destino turístico de Cancún y sus alrededores.

En contraparte, algunos ambientalistas también han advertido que los ingresos por el turismo también podrían ayudar a frenar el proceso actual de deforestación que ya existe en la Selva Lacandona, como consecuencia de la expansión de actividades agropecuarias, principalmente vinculadas con cultivos de palma africana y ganado.

De acuerdo con Global Forest Watch, una plataforma de monitoreo forestal, de 2001 a 2018 Chiapas perdió 574.000 hectáreas de cobertura forestal, lo que implica una reducción del 12 % desde 2000.

Un estudio de 2016 del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad señala que en la Selva Lacandona "la deforestación crece por los asentamientos ilegales que expanden el área habitacional y de cultivo".

Manuel Hernández Borbolla