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Polémica en Ecuador por la presunta corrupción con carnets de discapacidad en manos de políticos y futbolistas

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Los funcionarios involucrados habrían usado el documento para importar bienes en el exterior con exenciones de tributos.
Polémica en Ecuador por la presunta corrupción con carnets de discapacidad en manos de políticos y futbolistas

Mientras la Fiscalía General del Ecuador (FGE) adelanta investigaciones por hechos de corrupción en el sector público durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, ha estallado un nuevo escándalo en el país, relacionado con el uso de carnets de discapacidad para presuntos hechos de fraude, por parte de funcionarios.

La polémica se desató cuando el portal La Historia hizo públicos los nombres de algunos de los involucrados, a través de su cuenta en Twitter. Los señalados presuntamente usaron el documento para la importación de bienes con exenciones de tributos.

Aunque el medio sacó a la luz casos de político, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, declaró que también hay futbolistas profesionales involucrados y adelantó que cuando se conozcan los resultados de las investigaciones, habrá sorpresas que van a doler a la sociedad.

"Existen futbolistas que tienen carnets de discapacidad, esa podría ser la razón por la que no meten goles", ironizó el titular de la cartera sanitaria. 

¿Qué beneficios otorga el carnet de discapacidad?

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en Ecuador hay registradas —hasta este viernes 3 de julio— 485.325 personas con diferentes tipos de discapacidades: físicas, intelectuales, auditivas, visuales y psicológicas.

A estas personas las ampara la Constitución ecuatoriana, pero, además, cuentan con beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento; para lo cual, deben obtener el carnet que acredite su condición, emitido por el Ministerio de Salud.

Estas normativas establecen beneficios como rebajas en los servicios básicos, disminución o exención de impuestos, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), exoneración o descuento en la tarifa de transporte público, importación de bienes exentos del pago de tributos, exenciones tributarias en servicios públicos como cedulación, pasaporte, documentos notariales, etc.

Los involucrados en el nuevo escándalo

De acuerdo con La Historia, entre los involucrados en estos hechos están legisladores de la Asamblea Nacional (Congreso) y familiares, un gobernador, un alcalde y otros funcionarios de la administración pública.

En el listado, entre otros, aparecen:

  • Fabricio Villamar, legislador. Posee carnet por deficiencia auditiva y habría importado una Toyota Tacoma 4x4, con exoneración de tributos, en enero de 2020; además, lo usó en un juicio para pedir la rebaja de pensión que debe pasar a su hijo.
  • Ramón Terán Salcedo, legislador. Tendría 50 % de discapacidad y tiene un beneficio de reducción de aranceles de hasta 70 % en importación de bienes.
  • Marcia Arregui, legisladora, porta un documento donde evidencia 56 % de grado de discapacidad.
  • Israel Cruz, legislador, tiene un carnet en el que se especifica 64 % de discapacidad.
  • Camilo Salinas, gobernador de la provincia de Los Ríos, tiene discapacidad del 41 % por una dismorfia física congénita.
  • Javier Vaca, esposo de la legisladora y expresidenta del Congreso, Elizabeth Cabezas. Compró con exoneración un Mercedes Benz 4x4 en 2014 y otro vehículo, también con beneficios, el 19 de diciembre de 2019.
  • Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tiene 81 % de grado de discapacidad y beneficio de exoneración de tributos del 80 %.
  • Carlos Luis Tamayo Delgado, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo que asumió a finales de mayo, tiene 42 % de discapacidad y beneficio de exoneración de impuestos de 60 %.
  • Juan DeHowitt Holguín, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), tiene un grado de discapacidad del 37%, lo que equivale a un porcentaje de exoneración del pago de tributos de 60 %.
  • Carlos Germán Gaibor, alcalde de Babahoyo, capital de Los Ríos, importó un vehículo con exoneración de tributos, por tener algún grado de discapacidad, en agosto de 2019.
  • Leonidas Moreno Ordóñez, director de Economía Popular de la prefectura de la provincia de Pichincha. Registra 50 % de discapacidad y exoneraciones tributarias del 70 %.

Además de estos políticos, también se cuentan 64 jueces a nivel nacional con carnets de discapacidad. En los últimos dos años, 11 de ellos importaron autos de lujos con exoneraciones tributarias.

Desde el Ministerio de Salud Pública han informado que, al menos, 2.281 carnets de discapacidad se emitieron de manera ilegal solo durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Según esa institución, detectaron que los porcentajes de discapacidad asignados no guardan relación con los exámenes complementarios y certificados médicos probatorios de la minusvalía.

Importación de autos

De acuerdo con datos que ha proporcionado el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019 fue el año donde más se importaron vehículos con exoneraciones tributarias en los últimos 10 años.

Mientras en 2018 llegaron al país 1.634 vehículos importados para personas con discapacidad, el año pasado esa cifra se elevó a 4.426.

En 2020, aún en medio de la pandemia del coronavirus, ya han sido adquiridos 1.420 autos, un número cercano a la totalidad de los autos que llegaron en los 12 meses de 2018.

Involucrados se defienden

A través de videos publicados en Twitter, Villamar explicó que hace 25 años tuvo un accidente que le dejó secuelas en su espalda y que luego sufrió otro, esa vez en una moto, hace 14 años. Además de ello, aseguró que ha perdido capacidad auditiva y señaló que, aunque pudo haber pedido carnet de discapacidad hace más tiempo, recién lo hizo el año pasado.

"Con este carnet hice la importación de un vehículo [...] de una camioneta, de 23.500 dólares, por la cual he pagado, adicionalmente, los impuestos que la ley requiere y los costos necesarios para la entrada en el Ecuador", dijo el asambleísta, que se puso a la orden del Ministerio de Salud para hacer una "reevaluación" de su salud.

Arregui, por su parte, emitió un comunicado sin dar mayores precisiones: "Mi enfermedad es crónica, que la vengo padeciendo desde muchos años y lo pueden corroborar en el Ministerio de Salud Pública". Mencionó que su carnet de discapacidad "ha sido obtenido bajo todos los parámetros legales y médicos".

Cruz aclaró que obtuvo su carnet de discapacidad tres años antes de postularse como legislador a la Asamblea Nacional, al haber padecido cáncer y sufrir varias operaciones, que incluyeron "la extirpación de 40 centímetros de intestino delgado", lo que habría afectado su movilidad. "Jamás he utilizado esta condición para favorecerme ilegítimamente", recalcó.

El gobernador Salinas dijo, también en redes sociales, que tuvo carnet de discapacidad desde 2007 y caducó en 2018. "Me fue entregado por una anomalía física congénita diagnosticada desde mi adolescencia", señaló, y especificó que se trata de una "patología osteoarticular" que no tiene cura a su edad.

La asambleísta Cabezas salió en defensa de su esposo. En un comunicado, dijo que Vaca porta el carnet porque que tiene una discapacidad desde 1989, producto de un accidente de tránsito.

El presidente del CPCCS, Christian Cruz, entretanto, manifestó que posee el carnet desde 2009, cuando el CONADIS determinó que tenía "un 81 % de discapacidad visual y auditiva", resultado de un accidente durante un entrenamiento deportivo en la Universidad Central del Ecuador, donde se dio un golpe en la cabeza. Pese a ese porcentaje de minusvalía, pudo continuar compitiendo en artes marciales y ganó varios campeonatos mundiales.

Juan DeHowitt, director del CIES, adujo que tiene carnet del CONADIS porque hace 14 años fue diagnosticado con una "cardiomiopatía hipertrófica", y desde hace tres años vive con un "dispositivo bicameral" en su corazón. "No he importado ningún vehículo, de hecho, nunca he accedido a la exoneración tributaria", enfatizó el funcionario, en el mismo comunicado en el que señala que es accionista de una empresa en EE.UU.

Moreno pidió investigación

Este viernes, la FGE anunció que inició una investigación previa "por el presunto delito de delincuencia organizada", para determinar a los responsables de la entrega irregular de carnets de discapacidad.

Al conocerse el escándalo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso seis medidas, que incluyen la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles a la importación de vehículos para personas con discapacidad, la detención de autos adquiridos con carnets falsos, auditoría por parte del Ministerio de Salud "caso por caso", la puesta de un distintivo especial a las placas de los carros de personas con minusvalías y reformas a los instrumentos legales relacionados con el tema.

También pidió al ministro Zevallos que sean destituidos los funcionarios del Ministerio de Salud responsables de la entrega de los 2.281 carnets de discapacidad de forma irregular.

Edgar Romero G.

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