Pedro Sánchez se muestra dispuesto a modificar la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey de España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles partidario de acometer modificaciones en el texto de la Constitución Española para limitar la inviolabilidad del rey.

"La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", dijo el mandatario español, especificando que "no debe haber espacio para la impunidad" en la Carta Magna del país.

El jefe del Ejecutivo español hizo estas declaraciones en el transcurso de una entrevista conjunta con los medios eldiario.es e InfoLibre, en un momento en que se investiga la participación el rey emérito Juan Carlos I en un presunto caso de corrupción vinculado a la construcción de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita. En concreto, los magistrados tratan de dirimir si el exmonarca percibió comisiones ilegales derivadas del proyecto.

Sanchez enfatizó durante su entrevista que la inviolabilidad del rey es uno de los preceptos sobre los que convendría "reflexionar" y estudiar "qué soluciones" existen.

"Este es un Gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra", dijo el presidente al respecto, añadiendo que esa reforma sería vinculante "lógicamente también para el jefe del Estado".

Sánchez se refirió a la investigación de las presuntas comisiones ilegales en el caso del Ave a La Meca como informaciones "perturbadoras" para millones de ciudadanos españoles, entre los que se incluye, si bien ha querido destacar que la Casa Real "claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables".

Un procedimiento complejo y de éxito improbable

Limitar o suprimir la inviolabilidad del rey, que está recogida en el artículo 56.3 de la Constitución española, no sería un procedimiento sencillo. Una reforma de ese calado requeriría, además del apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado que exige la vía ordinaria para modificaciones leves, la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales (para que un nuevo Parlamento ratifique el nuevo texto), y además un referéndum posterior.

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Es lo que exige el llamado "procedimiento agravado de la norma", diseñado para acometer reformas que "supongan una revisión total del texto constitucional, una modificación del Título Preliminar (la definición de España), o que influya en el capítulo segundo del Título I (Derechos Fundamentales de los ciudadanos) o en el Título II (la Corona)".

En la realidad política concreta del arco parlamentario español, el procedimiento probablemente quedaría encallado en su primera fase. Para que la iniciativa saliese adelante sería necesario que no se opusieran más de 117 diputados en la Cámara Baja, y el Partido Popular y Vox, dos partidos que ya han rechazado públicamente la idea de limitar la inviolabilidad del rey, suman 140 escaños entre ambos.