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Entregan a la Jurisdicción Especial de Paz colombiana un informe sobre el papel del Ejército en masacres

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El texto se basa en una investigación sobre una serie de asesinatos cometidos entre 2001 y 2002 por grupos paramilitares que habrían tenido la ayuda de altos mandos militares.
Entregan a la Jurisdicción Especial de Paz colombiana un informe sobre el papel del Ejército en masacres

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad recibieron el informe 'Silencio de las Gaitas' en el que se responsabiliza a un grupo de miembros del Ejército colombiano de haber participado en la masacre de Montes de María (departamentos Sucre y Bolívar) entre 2000 y 2001, junto a paramilitares.

En el documento, que fue entregado por la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados en defensa de los derechos humanos, se pide que se llame a rendir versión voluntaria a un grupo de miembros de la Fuerza Pública, entre los que se encuentran el entonces comandante de la Brigada Primera de Infantería de Marina, Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y varios de sus subalternos. De igual modo, se solicita la comparecencia de una lista de comandantes de la Policía de Bolívar y Sucre y varios uniformados a su cargo.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, ha afirmado que la "presentación de estos informes por parte de organizaciones de la sociedad civil contribuyen al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas".

¿Qué dice el informe?

El informe, que se ubica en el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002), recoge que en los Montes de María, entre 1996 y 2003, las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "perpetraron 42 masacres contra la población civil, además de actos de pillaje, tortura, violencia sexual, despojo de propiedades, desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos". 

En el texto, los autores se preguntan cómo fue posible que en esa zona ocurrieran 10 masacres que causaron 175 muertes entre 2001 y 2002 "sin que la Fuerza Pública pudiera prevenirlas ni frenarlas" y por qué las AUC tuvieron durante siete años bases de operaciones, conocidas por la comunidad, que no fueron detectadas por agentes de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.

Finalmente, se expresa que entre los elementos que permiten concluir la responsabilidad "por acción y omisión" de los altos mandos militares están: "El conocimiento previo del plan criminal por parte de las Fuerzas Armadas", "acuerdos (entre ambos bandos) previos a las masacres", suministro a los grupos paramilitares de municiones, medicinas, alimentos e información de inteligencia por parte de la Fuerza Pública, "la participación directa de los oficiales en las operaciones" y las "medidas inoportunas e ineficaces para enfrentar contundentemente a los ilegales".

Según el documento, víctimas de los Montes de María y las organizaciones que realizaron el informe piden al Gobierno "que haga una depuración de las Fuerzas Armadas en relación con los miembros que estén involucrados en graves casos de violaciones a los derechos humanos".

Este documento surge en un momento de máxima tensión para el Ejército colombiano, que se ha visto vinculado a más de cien investigaciones por abuso sexual a menores, además de casos de corrupción, escuchas ilegales y prácticas relacionadas con los falsos positivos.

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