A principios del pasado mes de junio, la Embajada de EE.UU. en Bogotá informaba que 45 militares de élite de la Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) de las Fuerzas Armadas Estadounidenses se desplegarían en Colombia para "ayudar en la lucha contra el narcotráfico". Comenzaban a sobrevolar los fantasmas del pasado –las torturas, los asesinatos, el apoyo a las sanguinarias dictaduras…–, los temores del presente –el insistente intento de derrocar Venezuela– y los recelos internos por la otanización del país.
La embajada norteamericana afirmó que la misión de SFAB en Colombia constituía "una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos".
Una explicación que no pareció convencer a muchos, pues el senador Iván Cepeda, opositor a Iván Duque, calificó la presencia militar norteamericana como invasora y hostil. A los tribunales tampoco pareció convencerles, pues una jueza del departamento de Cundinamarca ordenó suspender las actividades de la unidad militar y solicitó la remisión de toda la información al Senado de la República en un plazo de 48 horas.
En el mejor de los casos, se trata de una decisión desafortunada por muchos factores, como la regresión que sufre Colombia en la pacificación de la lucha armada desde que Iván Duque llegara al poder. Parte de las FARC retornaron a la lucha el año pasado debido a los incumplimientos de los acuerdos de paz firmados con Juan Manuel Santos, a lo que se suma el conflicto todavía latente con el ELN, el cual se compone de unos 3.000 a 4.000 guerrilleros y ha ganado terreno desde el abandono de las FARC.
Por si fuera poco, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, ha aseverado que el Gobierno de Iván Duque tiene una "venganza genocida" con los procesos de paz de Juan Manuel Santos. Manifestaciones que rápidamente fueron calificadas por la Iglesia colombiana como personales y desautorizadas por el uso de la palabra 'genocida'.
El escenario es todavía más complejo de lo que pudiera parecer, pues Colombia está viviendo un proceso de otanización que pudiera ser solo el comienzo de la integración militar de América Latina a la organización armada de Estados Unidos. Y es que Colombia se convirtió en mayo de 2018 en el primer socio global de la Alianza del Atlántico Norte en Latinoamérica, lo que le convierte directamente en enemigo de los enemigos de la OTAN, y OTAN es sinónimo de Estados Unidos. Por tanto, esta 'asociación' introduce a Colombia en un campo de batalla geopolítico y militar de forma innecesaria.
Así, en diciembre de 2018, Iván Duque criticó las maniobras militares conjuntas de Venezuela con Rusia y, en enero de este mismo año 2020, Colombia participaba en unas maniobras conjuntas con 115 militares de la 82º División Aerotransportada del Ejército Estadounidense en la Base Militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima. La 'asociación' engrasaba la maquinaria militar. Más allá de las múltiples quejas por la pérdida de soberanía que suponían para Colombia y el riesgo de generar inestabilidad en la región, cabría recordar las palabras de Juan Manuel Santos en mayo de 2018: "No vamos a participar en operaciones militares de la OTAN".
Sin embargo, la relación con Colombia no solo tiene como intención última la integración y subordinación militar de toda América Latina, sino también el derrocamiento de Venezuela. Basta un análisis a nivel mundial para comprobar con qué frecuencia la OTAN convierte en socios a aquellos países que limitan con sus enemigos: Arabia Saudí junto a Irán; Irak y Afganistán entre Irán y China; Mongolia entre Rusia y China; Corea del Sur y Japón junto a China y Corea del Norte; y ahora Colombia junto a Venezuela, países que comparten 2.200 kilómetros de frontera. Solo Australia y Nueva Zelanda podrían catalogarse como socios naturales de la OTAN por sus vínculos históricos, el resto de socios solo son una suerte de arietes para derrocar gobiernos opuestos. Demasiadas casualidades geográficas.
El interés de derrocar al Gobierno venezolano va más allá de lo casual, pues Donald Trump ha asegurado públicamente en varias ocasiones que se trata de un objetivo norteamericano de primer nivel. Incluso cuando Jair Bolsonaro obtuvo el Gobierno de Brasil se llegó a especular con una operación militar conjunta liderada por militares latinoamericanos. La ridícula 'Operación Guaidó', que parece que terminará como un juguete roto de Estados Unidos, confirma, junto a la ya histórica patochada calificada como 'Operación Gedeón', que Colombia se ha convertido en el ariete de Estados Unidos para derribar a Nicolás Maduro.
Y es que hace solo tres meses, a comienzos de mayo, tuvo lugar la 'Operación Gedeón', la última de las más estrambóticas operaciones militares de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, superando con creces la fracasada asonada de Juan Guaidó, quien derrocó a gobierno sin derrocarlo y dio un golpe militar sin militares en abril de 2019. Así, el 3 de mayo desembarcaron en playas de Caracas, Chuao y Macuto decenas de golpistas que no tardarían en ser apresados. Al poco, quedaban públicamente señalados los participantes y promotores, como la compañía norteamericana Silvercorp y personal cercano a Juan Guaidó, Leopoldo López y otros opositores… pero también el centro de operaciones: Colombia.
Porque de las posteriores investigaciones resulta irrefutable que Colombia es el centro de estos movimientos golpistas: la celebración de múltiples reuniones en Bogotá; el concierto de febrero de 2019 junto a la frontera colombiana, la residencia en el norte de Bogotá desde 2019 de Jordan Goudreau, exboina de Silvercorp responsable de la 'Operación Gedeón'; la detención en el aeropuerto de Bogotá de Antonio Sequea con pasaporte falso a finales de 2019; la detención del teniente Figueroa Fernández en una zona fronteriza con Colombia... Los golpistas venezolanos tienen en Colombia un santuario y un centro de operaciones, mientras que Estados Unidos ha encontrado en el país dirigido por Iván Duque una cabeza de puente para derrocar a Nicolás Maduro e integrar y subordinar militarmente a toda América Latina.
Pero no toda Colombia conspira para derrocar a Venezuela y ello es un problema para los norteamericanos. Y también una explicación a la presencia militar en Colombia. De hecho, no es casualidad que hace unas pocas semanas, a mediados de junio, los Estados Unidos ofrecieran 10 millones de dólares por información sobre dos exlíderes de las FARC... por vínculos con el narcotráfico. Justo la misión que tenían encomendada los 45 militares de élite de la Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB). Casualidad que queda todavía más en evidencia si tenemos en cuenta que, tanto 'Jesús Santrich' –Seuxis Hernández Solarte– como 'Iván Márquez' –Luciano Marín Arango–, los dos exguerrilleros por los que Estados Unidos ofrece la millonaria recompensa, abandonaron el escaño obtenido tras el acuerdo de paz a mediados de 2019 y anunciaron poco después su retorno a la lucha armada. Una lucha armada contraria al derrocamiento de Nicolás Maduro.
Pareciera que Estados Unidos busca eliminar guerrilleros opuestos a que Colombia sirva de ariete norteamericano para derrocar el Gobierno venezolano, en lugar de narcotraficantes, aunque si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos, como la violación de una niña indígena por varios militares colombianos o la reaparición de los falsos positivos –2.248 asesinados según la Fiscalía entre 1998 y 2014 y más de 4.000, según asociaciones–, lo que más urge en el Ejército colombiano no es asesoramiento sobre la lucha antidroga, sino sobre Derechos Humanos.
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