El reciente pesar por la violación de una niña indígena, de 13 años, por parte de al menos siete soldados colombianos que se han declarado culpables, en la comunidad rural de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro-oeste), destapó una ola de casos similares y recordó al mundo los traumas que deja la guerra en Colombia, más allá del acuerdo de paz. Los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado, pero no fue hasta finales de junio que el caso se hizo público.
Según el líder indígena de su comunidad, la niña no solo fue violada de manera colectiva, sino también secuestrada y encerrada durante siete días en un batallón. Al final la dejaron desnuda y deambulando en una carretera. Esta comunidad indígena forma parte de la etnia emberá chamí.
Conocido el caso, al menos tres comunidades indígenas han elevado denuncias similares. A finales de junio, se dio a conocer que en el departamento del Guaviare (sureste) se había producido la violación de otra menor, de 15 años, en condiciones más o menos similares, de la etnia nukak makú. Este grupo indígena es nómada y ha sido uno de los más impactados por el conflicto armado colombiano.
Destapado el escándalo, el propio comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro ha tenido que asumir la situación, viajar al lugar y declarar que se investigan al menos 118 casos similares ocurridos durante los últimos cuatro años.
Sin embargo, el caso de la niña de Santa Cecilia se ha agravado después que se supo que quienes denunciaron el hecho, el sargento Juan Carlos Días y el cabo primero Camilo Andrés Hernández, fueron retirados de la institución armada. La familia pide que los soldados sean juzgados de acuerdo a la justicia indígena. Según varias fuentes, los militares que han reconocido su culpabilidad no han sido detenidos.
Mientras tanto, en Colombia se ha abierto un debate sobre la necesidad de aplicar la cadena perpetua para casos como este y el propio presidente Duque se ha mostrado a favor de utilizar este recurso.
Las poblaciones rurales de Colombia han vivido años de vejaciones de militares, paramilitares y guerrilleros durante el largo conflicto armado colombiano. El reciente escándalo confirma que dichas actuaciones nocivas no se acabaron con la pacificación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la firma de los acuerdos de paz, sino que se perpetúan en la cotidianidad.
En agosto pasado, las Fuerzas Armadas Colombianas bombardearon un supuesto reducto guerrillero en el departamento del Caquetá (sur del país), pero dos meses más tarde se conocería que entre las víctimas fatales se encontraron ocho niños. En esa oportunidad, aunque el caso le costó el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero, el malestar popular fue parte de la chispa que encendió Colombia en el mes de diciembre, cuando se produjeron manifestaciones, paros civiles y enormes caceroladas.
Pero, además, el hecho ocurre en un momento en que el Ejército colombiano aún se resiente de la llamada Operación Bastón, una operación de contrainteligencia demandada por la OTAN para poder incluir a Colombia como socia de la alianza, debido a los altos niveles de corrupción que se experimentan y ponen en riesgo cualquier actividad militar, especialmente las relacionadas con el intercambio, traslado y uso de armas de fuego.
En dicha operación, recoge la revista Semana, 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles tienen responsabilidades en diferentes tipos de delitos. Aunque extraña que dicho medio no recoge información sobre la relación con el narcotráfico, el negocio más lucrativo de Colombia, y que ha salpicado este año a la vicepresidenta y al propio Duque en relación al caso de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante del que se publicaron fotos con el actual presidente.
El 31 de mayo de 2018, Santos oficializó en Bruselas la entrada de Colombia a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), en la que este país es el único socio latinoamericano.
El Gobierno de Colombia, aliado de EE.UU., no sufre los embates de la presión o las sanciones por casos como estos. Por el contrario, el espaldarazo de los países de la OTAN al recibir al país latinoamericano puede percibirse como darle 'vía libre' después de decenas de años de comprobadas violaciones atroces a los derechos humanos.
La situación general se vuelve más compleja aún si recordamos la impunidad de la que gozan las tropas de EE.UU. que actúan en Colombia, establecida en los acuerdos entre ambos países y que también ha dejado una secuela de denuncias.
Sin embargo, a finales de junio, un tribunal colombiano dictó una orden de suspensión inmediata de las actividades de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés). Este dictamen levanta jurisprudencia y genera expectativas sobre un cambio en la Justicia colombiana, totalmente laxa a la hora de condenar hechos perpetuados por militares estadounidenses.
Pero los hechos impúdicos no se quedan en los márgenes rurales, ni se limitan a funcionarios rasos.
El pasado mes de junio, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, tuvo que reconocer que pagó para que su hermano saliera de prisión en EE.UU., luego de que la Policía lo capturara en 1997 recibiendo dos alijos de heroína que serían vendidos en ese lucrativo mercado. El medio de comunicación La Nueva Prensa develó que el pago lo realizó ella misma y el monto ascendió a 150.000 dólares.
En marzo pasado, reventó un escándalo sobre compra de votos por parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con Duque que colaboró con él durante su campaña electoral. Decenas de fotos de ambos compartiendo y abrazados circularon masivamente.
De esta manera, la perpetuación de casos como el de la niña indígena están enmarcados en una situación de debilitamiento de las instituciones y de impunidad generalizada.
Así como quienes se han responsabilizado por la violación de la menor están libres todavía, son muchos los escándalos, en todas las esferas, que hoy se encuentran en total impunidad. En el momento que altos funcionarios están implicados en sucesos como estos, es muy difícil que la institucionalidad pueda autorregenerarse en función de la detección de 'manzanas podridas'.
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