"Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie", dijo Jorge Adolfo Ríos, un jubilado argentino de 71 años, a radio La Red. Fue luego de haber asesinado de dos disparos a un hombre que, rengo y desarmado, intentaba huir por la calle después de haberlo asaltado en su domicilio, en la populosa localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Mientras los hechos de inseguridad se incrementan en el país suramericano, después de haber aminorado durante los primeros meses de la pandemia, el caso del herrero Ríos reabrió un debate que sensibiliza y divide a la sociedad en Argentina: los alcances —y los límites— de la 'legítima defensa', el artículo 34 del código penal que permite eximir o reducir la pena de quien comete un acto criminal para salvaguardarse.
Cerca de las 5:00 de la madrugada del pasado 17 de julio, el jubilado Ríos dormía en su habitación cuando fue sorprendido por tres delincuentes que habían entrado a su casa, saltando la medianera de un vecino. Los intrusos lo golpearon causándole heridas en su cabeza y sus brazos, mientras le exigían dinero y lo amenazaban con un destornillador.
Asi quedó Jorge Adolfo Ríos, el jubilado que mató a uno de los delincuentes que lo asaltaron en Quilmes Oeste pic.twitter.com/suq92jdt5O
— QuilmesAhora (@QuilmesAhora) July 20, 2020
En ese escenario, el dueño de casa tomó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar contra los ladrones, quienes iniciaron la huída trepando paredes hacia las viviendas aledañas.
Ya en la calle, Franco Martín Moreyra (26) huía con dificultad por una herida en la pierna. Intentó seguir su camino dando saltos en un solo pie, pero se quedó sin fuerzas y se recostó en el suelo. Las cámaras de seguridad de la zona muestran que en ese momento apareció Ríos, quien remató al joven mediante un tiro en el abdomen y otro en el tórax.
Lo que siguió fue la detención del jubilado, quien fue acusado en primera instancia por "homicidio con exceso en la legítima defensa", carátula que luego el fiscal Ariel Rivas, del Departamento judicial de Quilmes, modificaría por "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", que establece una pena de 10 a 25 años de cárcel.
Adolfo Ríos quedó por el momento bajo prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y algunos problemas de salud, que lo colocan como persona de riesgo frente al coronavirus. Los hijos del adulto mayor pidieron su inmediata liberación, mientras que los familiares del joven muerto denunciaron una ejecución y exigen justicia.
#LoVisteEnTLFNoticias Los familiares del ladrón muerto en Quilmes denuncian que el jubilado lo mató estando indefenso y cuestionan por qué no llamó a la policía. pic.twitter.com/EstkGX6GjG
— Telefe Noticias (@telefenoticias) July 22, 2020
Ríos fue consultado este lunes sobre lo ocurrido esa noche. El hombre relató al canal A24 una situación de temor dentro de su casa, pero al hablar de la secuencia en la que salió a la calle, aseguró que se la hace una "nebulosa muy jodida en la cabeza" que le impide recordar la secuencia con nitidez. "La verdad no sé cuántos tiros tiré", sostuvo.
El caso ocupó rápidamente las pantallas de TV y las portadas de todos los medios noticiosos. Al mismo tiempo, en las redes sociales algunos hablaban del 'justiciero' de Quilmes, mientras otros repudiaban el acto calificándolo como un mero asesinato a sangre fría, dado el grado de indefensión de Moreyra al momento de recibir los disparos.
En ese marco, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó a los medios que el jubilado actuó en legítima defensa, y apuntó contra la Justicia por "liberar a los presos". Berni, de formación militar y con confesas aspiraciones presidenciales, es por estos días rechazado dentro del kirchnerismo 'garantista'. Sus constantes apariciones en TV o su excesivo protagonismo en operativos transmitidos en vivo, tensionan todavía más la relación con el Gobierno Nacional, del que quiso formar parte desde que el peronismo ganó las elecciones.
Por estas horas, el funcionario tuvo que salir a desmentir un supuesto pedido de renuncia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Victoria Darraidou es coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para ella, no se puede desconocer que hay problemas de seguridad en Argentina y que las demandas de la sociedad en ese sentido son legítimas. Sin embargo, sostiene, estas deben ser atendidas siempre desde el Estado.
"La reacción del jubilado da cuenta de una respuesta agresiva y fuera de la ley, y por eso la Justicia lo analiza en ese sentido, lo cual me parece correcto", opina ante este medio la licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por otro lado, la especialista en Seguridad Ciudadana cuestiona las declaraciones de Berni, ya que apuntan "a justificar este tipo de respuesta de parte de un ciudadano", lo que cual resulta "grave".
"Celebrar una intervención que podría catalogarse como falsa idea de 'justicia por mano propia', lo único que consigue es recrudecer la violencia en la sociedad, aumentar la inseguridad y delegar en los habitantes la resolución de una problemática que es responsabilidad del Estado", señala la especialista a este medio.
Por otra parte, para la docente de la Universidad de Lanús (UNLa), resulta problemático que un funcionario de gobierno "intente objetar el modo de intervenir de la Justicia", porque lo saludable sería respetar la independencia de poderes.
Lo cierto es que, si la intervención del jubilado contra una 'agresión ilegítima' hubiera sido dentro de su domicilio, cuando era amenazado por cinco hombres que lo habían golpeado físicamente, podría haber cabido la legítima defensa que contempla la ley argentina. Pero la escena que se muestra en el video da cuenta de que los sujetos ya habían escapado de la casa. La amenaza ya había cesado y el hombre salió a la búsqueda del joven que finalmente murió.
"Ese es el límite que establece el código penal para que no todo el mundo pueda dar la respuesta que quiera, porque eso fomentaría un espiral de violencia", opina Darraidou.
Y agrega: "Lamentablemente, Argentina y la región toda dan una clara evidencia de que el sesgo punitivista o la promoción del uso de la fuerza por parte de los gobiernos y la ciudadanía, lejos está de mejorar nuestros índices de inseguridad y reducir los problemas de violencia, hacen todo lo contrario. Lo que deberíamos tener más extendidos en América Latina son programas que alienten al desarme de la sociedad civil".
