Colombia incorporó a su Código Penal la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores tras promulgar un acto legislativo que eliminó de su Constitución el artículo que prohibía esa condena y transmitió el acto en vivo a través de Twitter el pasado 22 de julio.
"Hoy le estamos cumpliendo a Colombia", aseguró el presidente de ese país, Iván Duque, en referencia a una de sus promesas de campaña, antes de detallar que "esta importante transformación fue fruto del trabajo de todos los partidos y demuestra que existe un criterio de unidad para la defensa de los niños colombianos".
"Que quede claro que Colombia estará más unida que nunca para que quienes violan, para que quienes asesinan niños, niñas y adolescentes sepan que tendrán no solamente la máxima pena de nuestro país, sino que tendrán una pena excepcional", aseveró el mandatario colombiano.
Medidas complementarias
Asimismo, Duque detalló que Colombia llevará a cabo "dos piezas legislativas" complementarias: por un lado, estas conductas serán imprescriptibles; por otro, buscará poner fin al castigo físico a los niños para que en los hogares haya "un fundamento pedagógico".
"Quiero que todos hagamos una gran pedagogía nacional, porque hoy Colombia le dice 'no' a esos hampones que han pretendido usurpar la ternura, la inocencia, los principios de nuestros niños", expresó al condenar el maltrato infantil por parte de familiares.
De hecho, el presidente de Colombia se comprometió a hacer públicos todos los registros de quienes fueron sancionados por su comportamiento contra menores porque estima es "una herramienta muy importante" para otorgar empleos que requieran proximidad con los más pequeños.
Cifras alarmantes
Para finalizar, Iván Duque insistió en que su Gobierno hará todo lo posible para que las víctimas de estos delitos puedan denunciar y se pueda condenar a los responsables a cadena perpetua porque el objetivo es "proteger con más fortaleza a la niñez".
El Senado de Colombia aprobó esta medida legislativa el mes pasado con 77 votos a favor, ninguno en contra y 31 abstenciones. Hasta el momento, las leyes del país latinoamericano establecían una condena máxima de 30 años para el abuso sexual a menores y de 60 por homicidio de niños o adolescentes.
Las cifras oficiales indican que al menos 570 menores fallecieron por muerte violenta en esa nación durante 2019, año en que se realizaron más de 22.000 exámenes para identificar a presuntas víctimas de abuso sexual.
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