Cómo la violación de una adolescente indígena en Colombia avivó el debate sobre la Justicia y la acción del Ejército

Hace una semana, la denuncia de la violación de una adolescente del pueblo emberá por parte de un grupo de soldados en un resguardo indígena del departamento de Risaralda (Colombia) llenó de indignación al país suramericano y abrió el debate sobre la vulnerabilidad de los pueblos originarios y la actuación del Ejército en espacios de conflicto entre grupos armados.

Tras conocerse la denuncia, el Ejército emitió un comunicado en rechazo de lo ocurrido y la Fiscalía inició una investigación, dictando posteriormente medida de privativa de libertad para los siete soldados presuntamente involucrados en el hecho. Se les imputó el delito de "acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado". Los cargos fueron aceptados.

Sin embargo, la medida tomada por la Justicia colombiana ha sido duramente criticada por quienes consideran que es insuficiente y que favorece a la institución militar. Por otra parte, la familia de la adolescente se ha referido al precario estado económico en el que se encuentra la comunidad y ha pedido que les entreguen a la pequeña, que está bajo custodia de protección del Bienestar Familiar en Pereira, la capital del departamento situado en el centro-oeste del país. 

Este hecho ha desatado protestas en algunas ciudades colombianas y ha agregado un nuevo escándalo al Ejército, que se ha visto anteriormente involucrado en denuncias sobre actos de corrupción, espionaje masivo y presuntos operativos ilegales para aumentar las cifras de criminales y rebeldes dados de baja o capturados, sin una investigación correspondiente. 

Peticiones

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha pedido en un comunicado que se garanticen los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de los pueblos originarios y ha exhortado a que se evite el ingreso de fuerzas de seguridad y grupos armados ilegales a sus territorios. Asimismo, ha solicitado que los presuntos responsables sean entregados a la Justicia indígena para ser juzgados por ese mecanismo contemplado en la Constitución y luego cumplir la condena de la justicia penal ordinaria.

Por otra parte, este caso ha generado controversia porque expertos consideran que la imputación por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado debió haber sido por acceso carnal violento agravado.

Según algunos abogados, el delito imputado por la Fiscalía da a entender que hubo consentimiento por parte de la menor, mientras que otros piensan que la decisión fue la adecuada porque demostrar que en un hecho de ese tipo hubo violencia retrasaría el proceso.

La Fiscalía tomó la decisión en 72 horas con "las evidencias y los elementos materiales probatorios" y aseguró que por haber confesado el delito no habrá beneficio ni rebaja de la pena (entre 16 y 30 años) para los involucrados.

Aunque el presidente Iván Duque afirmó que si "toca inaugurar la cadena perpetua" con los implicados, él daría su apoyo —días atrás el Senado aprobó esta medida para los violadores de niños—, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que la medida no ha sido reglamentada ni está vigente debido a que el Gobierno no ha hecho los trámites, según Semana.

Debido a que la pequeña desapareció el domingo y fue encontrada al día siguiente, con señales de abuso sexual, también se le ha solicitado a la Fiscalía que se considere el delito de secuestro, aunque haya sido descartado en primera instancia.

El Ejército en la mira

Otro tema que ha causado discordancia es el lugar de reclusión de los exsoldados, que han sido expulsados de la institución castrense. Hasta el momento permanecen en una guarnición militar y próximamente serán trasladados de manera temporal a la base militar de Bello, en el departamento de Antioquia, mientras se determina el sitio donde pagarán la condena. En los alrededores se han generado protestas.

La semana pasada, el comandante del Ejército colombiano, Eduardo Enrique Zapateiro, se trasladó a la comunidad de Pueblo Rico, en Risaralda, para ofrecer su excusas en nombre de esa institución por las acciones de los siete miembros del Batallón San Mateo de Pereira, recoge RCN.

Zapateiro refirió que los implicados habían tratado de sobornar a la familia de la menor abusada sexualmente y manifestó que sentía "vergüenza" por este hecho.

La situación de algunas comunidades indígenas en Colombia ha sido denunciada de manera reiterada por distintas organizaciones que han alertado sobre las condiciones de indefensión y vulnerabilidad en las que se encuentran sus miembros y la violación sistemática de sus derechos humanos, en medio de conflictos entre grupos armados y el Ejército por el control territorial.