Diputadas chilenas proponen declarar imprescriptibles los delitos sexuales tras la conmoción por el suicidio de una joven que fue violada

Las diputadas chilenas Érika Olivera, Ximena Ossandón y Pamela Inés Moreno presentaron un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, con el fin de proteger a las víctimas, más allá del tiempo que transcurra desde que el crimen fue cometido.

Un comunicado de la bancada del partido Renovación Nacional en la Cámara de Diputados explicó que, en la iniciativa, las parlamentarias enumeran una serie de ilícitos como el secuestro con violación; la tortura con violación; los apremios ilegítimos y tratos crueles inhumanos o degradantes con violación, entre otros.

"Tenemos una deuda con nuestras mujeres víctimas de violación o abuso sexual, deuda que arrastramos por años y pese a los cambios realizados en la materia, aún existen enormes vacíos que no logran dar total protección, amparo y reparación para ellas", sostuvo Olivera, una de las autoras del proyecto.

La iniciativa se dio a conocer luego de que el jueves pasado se llevaran a cabo movilizaciones en Chile para repudiar el fallo de un juez con respecto a la causa judicial que investiga la violación que Antonia Barra, de 20 años, sufrió por parte de Martín Padrenas Durr, de 20.

Los hechos ocurrieron en septiembre pasado en Pucón, una ciudad ubicada en el sur chileno. De acuerdo con los mensajes que Barra les envió a sus amigos, Pradenas Durr la abordó durante las celebraciones de las fiestas patrias y luego la llevó a una cabaña, aprovechándose de que ella no estaba plenamente consciente. Ahí la violó.

El 13 de octubre, la joven se suicidó a raíz de las secuelas sicológicas de la violación, lo que provocó una conmoción en el país y llevó a que varias mujeres más denunciaran a Pradenas Burr, quien terminó acusado de dos violaciones y cuatro abusos sexuales cometidos en contra de cinco víctimas, algunas de ellas menores de edad. Sin embargo, por lo menos en dos casos los delitos ya habían prescrito.

Con respecto a Barra, Pradenas Durr sigue procesado y tendrá que esperar un juicio. Aunque la fiscalía había solicitado prisión preventiva, fue beneficiado con prisión domiciliaria, lo que motivó las protestas.

Sin plazos para las víctimas

En este marco, la diputada Olivera subrayó que establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y violaciones sería un acto de justicia para todas aquellas madres, hijas, abuelas que merecen ser respetadas en su intimidad.

"Lo que le ocurrió a Antonia y muchas otras mujeres no debe volver a suceder nunca más. Hoy somos muchas, estamos presentes y atentas", dijo.

Ossandón, otra de las autoras de la propuesta, lamentó que todavía hoy la sociedad siga un modelo cultural que muchas veces considera "gracioso y simpático" que un hombre vea a la mujer como un símbolo de placer y objeto.

"Ese punto de vista ha provocado que tengamos un rol secundario y que las concepciones machistas sigan rigiendo nuestros espacios societarios", afirmó, ya que eso se ha demostrado con la violación sufrida por Barra.

El proyecto, añadió, busca terminar con una carga cultural que muchas veces impide a las mujeres contar sus experiencias en el momento mismo de una violación o un abuso, y les da espacio para denunciar más allá de los tiempos de prescripciones judiciales, ya que la limitación temporal se ha convertido en una barrera para muchas mujeres que esperan incluso décadas para contar alguna denigración que hayan experimentado.

"Nada peor q poner límites a una denuncia después de una experiencia tan traumática. El proceso reparatorio es indefinido y no debe ser causa para q abusador quede impune", advirtió.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa firmada por las tres diputadas propone la modificación de los artículos 94 bis del Código Penal, para que los delitos sexuales sean imprescriptibles, sin importar la edad de la víctima y no solamente en casos de menores de edad.

También plantea cambiar la Ley 21.160, que fue aprobada en julio del año pasado, para eliminar la frase: "perpetrado en contra de una víctima menor de edad".

Por último, prevé la reforma del artículo 175 del Código Penal Procesal, para incluir un agregado que establezca que los empleadores, representantes legales, gerentes, jefes de local o faena o cualquier otra persona que tenga a su cargo dependencia y/o subordinación de trabajadores, sean estos de contratación directa o subordinados, estarán obligados a denunciar los delitos sexuales que sufran las y los trabajadores.

"Desde hace muchos años Chile enfrenta el serio problema de la violencia de género, de carácter sexual y contra la mujer. Efectivamente, los esfuerzos multisectoriales que se han realizado para abordar este fenómeno han arrojado un avance en la cifras de prevención, evitación y apoyo ante estos lamentables hechos, pero las estadísticas siguen mostrando que es un asunto latente", señala la exposición de motivos.

Por ejemplo, cita que, de acuerdo con los datos del Ministerio Público de 2018, que es el último reporte anual publicado, ese año ingresaron 28.132 denuncias de delitos sexuales. En el 57 % de los casos, el imputado era un conocido de la víctima.