Actualidad

Administración fraudulenta, abuso de autoridad y espionaje: Cómo avanzan las causas judiciales contra exfuncionarios macristas en Argentina

Publicado:
Los exministros de Hacienda, Transporte y Energía ya están procesados, pero hay investigaciones incluso en contra del expresidente.
Administración fraudulenta, abuso de autoridad y espionaje: Cómo avanzan las causas judiciales contra exfuncionarios macristas en Argentina

Las múltiples causas judiciales en contra de exfuncionarios del anterior gobierno de Argentina ya dejaron hasta ahora un saldo de tres exministros procesados, pero las investigaciones, algunas de las cuales involucran al propio expresidente Mauricio Macri, avanzan en distintos juzgados, por lo que la lista de imputados podría ampliarse en los próximos meses.

El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a losexministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y Energía, Javier Iguacel, a quienes acusó del delito de presunta administración fraudulenta en el marco de una causa que investiga millonarios contratos irregulares en la concesión de peajes de autopistas.

Por el mismo caso también procesó al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pero le imputó delitos menores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Junto con ellos quedó procesado otro exfuncionario de alto rango, el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Entre 2016 y 2018, el gobierno renegoció la concesión del cobro de peajes en dos autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo benefició con la ampliación de contratos hasta el año 2030 a firmas ligadas al Grupo Macri, a las que, además, se les reconocieron millonarias inversiones sin que se realizara un análisis técnico válido. De acuerdo con los cálculos del juez, la maniobra representó un perjuicio de 746 millones de dólares.

Desprocesados y dólares olvidados

El pasado 6 de diciembre, cuando faltaban solo cuatro días para que Macri terminara su gobierno, el exministro de Energía, Juan José Aranguren, fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de poder.

Ambos estaban involucrados en una causa por conflicto de interés, ya que Aranguren, en su calidad de ministro, autorizó la compra de gas a Chile por parte de una empresa de la que él todavía era accionista, lo que no fue investigado por Alonso.

Dos meses más tarde, la Cámara Federal revocó los procesamientos, pero la investigación continúa para determinar si cometieron o no perjuicio en contra del Estado.

En el mismo caso se encuentra el exsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, quien fue imputado por contratar, cuando ya era funcionario, al Deutsch Bank, un banco en el que había trabajado, para que colocara bonos de la deuda argentina. Aunque había sido sobreseído, la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que siga siendo investigado.

Cada acusación afecta el discurso del macrismo, que enarboló la transparencia y honestidad como una de sus principales banderas, para contrarrestar las múltiples causas de corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los casos más inusuales es el Rodrigo Sbarra, el exsubsecretario del Ministerio de la Producción que "olvidó" 10.000 dólares en efectivo en un cajón de su escritorio. Ahí los dejó en pleno cambio de administración entre Macri y el presidente Alberto Fernández.

En enero de este año, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encontró los dólares e interpuso una denuncia que derivó en una imputación por lavado de dinero en contra del exfuncionario, a quien se le encontraron una serie de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La megacausa de espionaje

Uno de los escándalos más grandes que atañe a exfuncionarios macristas son las causas de espionaje ilegal en contra de cientos de políticos oficialistas y opositores, periodistas, académicos, líderes sociales, empresarios y políticos presos.

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ya solicitaron el procesamiento del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas —a quien Macri nombró porque, según dijo él mismo, era uno de sus mejores amigos aunque no tenía experiencia en el área— y de la exsubdirectora del organismo Silvia Majdalani.

Ambos están acusados de violar la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, y de cometer el delito de falsedad ideológica porque intentaron ocultar las maniobras, produciendo falsa documentación oficial con el fin de justificar los operativos ilegales que realizaban los espías a su cargo.

Otra de las acusadas es Susana Martinengo, la exsecretaria de documentación de la presidencial Casa Rosada, que presuntamente recibía a los espías y después le pasaba al presidente la información recibida.

En este caso, Macri ya fue imputado, pero no procesado, por el fiscal Jorge Di Lello, por lo que en cualquier momento podría ser llamado a declarar.

El expresidente también será convocado en la causa que investiga el acuerdo de su gobierno que benefició al Grupo Macri, propiedad de su familia, condonándole una deuda multimillonaria que mantenía desde hace dos décadas con el Estado por el canon del Correo Argentino. Por este caso ya fue acusado el exministro de Comunicación Oscar Aguad.

Dicho acuerdo se firmó en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, y permitía que la empresa familiar pagara 300 millones de pesos por el capital de su deuda, más 300 millones de pesos de intereses, pero nada de eso se informó públicamente.

Al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que esta cifra, equivalente entonces a unos 37 millones de dólares, en realidad era una condonación y no un pago, ya que implicaba una rebaja del 98,8 % de la deuda original dado el tiempo transcurrido (16 años).

El escándalo fue tal que el acuerdo terminó cayéndose, pero desde entonces el Grupo Macri sigue sin pagar su deuda y la causa judicial continúa con el expresidente como uno de los principales acusados.

Cecilia González

Covid19