"Glas no puede contagiarse de covid-19, sería una sentencia de muerte": Habla el abogado del exvicepresidente de Ecuador

Han pasado exactamente siete meses desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien se encuentra preso en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, en la provincia de Cotopaxi, tras ser condenado a seis años de prisión, en diciembre de 2017, por encontrarlo culpable de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Las medidas cautelares fueron dictadas el 31 de diciembre de 2019, a petición de la defensa de Glas, que denunció ante este organismo regional las intimidaciones, hostigamientos y amenazas de las que ha sido víctima el exvicepresidente dentro de la prisión; además, por su estado de salud, puesto que padece una espondilitis anquilosante, una forma crónica de artritis. Esta situación fue constatada hace un año por diputados europeos, que visitaron al exfuncionario en la cárcel.

En respuesta a la petición de la defensa, la CIDH emitió una serie de medidas, entre las que estableció: 

• Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glas; particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos.
• Concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes.
• Informar sobre las acciones implementadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

A la fecha, estas medidas no se han cumplido y así lo pudo evidenciar la CIDH este jueves 30 de julio, en reuniones virtuales que tuvo por separado con las partes (defensa y Estado ecuatoriano) y luego en conjunto, incluyendo a Glas.

"El Gobierno ecuatoriano, a través de sus funcionarios, ha recibido un llamado de atención, ha recibido la exigencia de presentar documentación extensa sobre la situación real de Jorge", dice Fausto Jarrín, abogado de Glas, en entrevista con RT tras la reunión con la CIDH.

Y añade: "Nosotros hemos dejado claro que el Estado ecuatoriano está ocultando la verdad de lo que sucede en las cárceles, está ocultando la verdad de lo que sucede con Jorge Glas y tiene un trato discriminatorio para su persona, en razón de su situación de vulnerabilidad, dentro del marco de la pandemia (del coronavirus) y los derechos humanos".

El jurista recalca que desde que se emitieron las medidas cautelares, que debieron cumplirse en un plazo de 15 días, hubo "una sola reunión".

"En esa reunión, el Gobierno lo único que nos ofreció fue aumentar de una hora a dos el tiempo que Jorge podía estar en el patio", porque el exvicepresidente pasaba 23 horas en su celda, como constataron el año pasado los diputados europeos.

Reclamos de la CIDH

Además, en las reuniones sostenidas este jueves, desde la CIDH llamaron la atención a los representantes del Estado —contó Jarrín— por otras dos razones en concreto. La primera, por la "falta de respeto al derecho a la intimidad a la reserva de las reuniones con los abogados y a la reserva de esta misma reunión (con la CIDH)", señaló el abogado, al detallar que durante la cita a Glas lo ubicaron en un espacio abierto, con otras personas alrededor, desde donde denunció que, incluso, tomaron fotografías a la pantalla.

También hubo un reclamo por la falta de acceso de Glas a sus abogados. "Esto ya ha sido materia de decisiones judiciales: el 24 de julio, un tribunal de apelación decidió que esa es una afectación al debido proceso, una afectación al derecho de defensa", dijo Jarrín.

Prelibertad, arresto domiciliario o indulto

"Las recomendaciones de la CIDH sobre presos en condición de vulnerabilidad es la de facilitar los mecanismos para que dejen de correr riesgo de contagio [por el nuevo coronavirus] en las cárceles", dijo Jarrín.

El abogado señaló que, debido a su padecimiento, Glas "no puede contagiarse de covid-19 porque su organismo no tiene la capacidad de defenderse del virus, y sería para él una sentencia de muerte".

Ante ello, la defensa de Glas solicitó hace más de dos meses el procedimiento de "prelibertad" para el exfuncionario, al cumplir, según su abogado, los requisitos para optar a este beneficio, en febrero pasado.

Jarrín recordó que Glas fue enjuiciado y sentenciado con un Código Penal derogado, el de 1971, y no con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde 2014. Por lo tanto, en concordancia con eso, la solicitud de la prelibertad la han hecho amparándose en el antiguo Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que establecía que los sentenciados podían acogerse a ese beneficio una vez que hayan cumplido al menos dos quintas partes de la condena, es decir, el 40 %.

Sin embargo, dice el abogado: "Las autoridades judiciales y el Gobierno de Ecuador quieren establecer, y así le dijeron a la CIDH, que el código de ejecución de penas que le cabe a Jorge es el actual", que está "condensado" en el COIP vigente, algo que el jurista cataloga de "absurdo".

Aunado a ello, señala que la solicitud hecha por la defensa debe ser complementada con documentos que tienen que presentar el Ministerio de Salud y la autoridad encargada de las cárceles, para corroborar la situación del sentenciado. "Esos informes, que debían ser entregados en un plazo máximo de 15 días, van 50 días sin ser presentados", enfatiza.

Ante el atraso con el tema de la prelibertad, su defensa aboga por que, en su defecto, el Estado sustituya el régimen de cárcel por el arresto domiciliario. "Es un mecanismo que se ha utilizado en un sinnúmero de países de Latinoamérica, con presos con condiciones similares a la de Jorge Glas", menciona Jarrín.

Otro mecanismo al que no pudo acceder Glas fue el indulto presidencial conmutativo —establecido en el Decreto Ejecutivo 1.086—. La medida fue otorgada el pasado 26 de junio a privados de libertad que "pertenecen a los grupos de atención prioritaria y con doble vulnerabilidad", entre ellos, quienes padecen de enfermedades catastróficas; pero, exceptuaba a personas condenadas por delitos "contra la eficiencia de la administración pública".

Más amenazas

Según Jarrín, actualmente "muchos presos amenazan también a Jorge Glas, acusándole de ser la razón por la que las prelibertades no se están tramitando en la cárcel de Cotopaxi".

Fausto Jarrín, abogado de Jorge Glas.

Esta situación, alega el defensor, "está generando más amenazas, mayor acoso al propio Jorge, porque muchos presos le consideran el responsable de esta circunstancia".

A ello se le suma que en esta prisión se han registrado varios amotinamientos durante la estancia de Glas en el recinto. "Hace más de un mes fueron asesinados dos reclusos de forma violenta, uno, inclusive, fue decapitado, personas a las que Jorge conocía", mencionó el abogado.

Eso, dice el jurista, "definitivamente, genera una situación permanente de inestabilidad emocional, psicológica y física, por supuesto, condiciones que empeoran la situación de salud de Jorge".

Edgar Romero G.

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