"Su vida corre un riesgo inminente": diputados europeos constatan condiciones de Jorge Glas en cárcel ecuatoriana

La vida del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas "corre un riesgo inminente" en la cárcel, manifestó el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Manuel Pineda Marín.

Pineda visitó a Glas este lunes 29 de julio en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Norte, ubicado en la ciudad de Latacunga, a poco más de 90 kilómetros de Quito. Acudió en compañía de Henar Moreno, diputada de IU en La Rioja, España; y Maite Mola Sanz, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea (PIE).

El exvicepresidente fue sentenciado a 6 años de prisión, en diciembre de 2017, tras ser hallado culpable de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sin embargo, su sentencia aún no está firme, falta la revisión de un recurso de casación, que se hará en septiembre próximo.

El eurodiputado señaló que Glas corre "peligro de muerte" por dos razones: la prisión en la que se encuentra y su estado de salud.

23 horas encerrado

El CRS Sierra Norte —dice— "es una prisión en la que hay motines prácticamente cada semana". El más reciente se registró el pasado lunes 22 de julio, que dejó un saldo de dos reclusos muertos y un policía herido.

Glas fue trasladado a esta prisión en octubre del año pasado. El Gobierno ecuatoriano dijo, en un comunicado, que el cambio de recinto obedeció a "razones de seguridad", luego de la fuga del exsecretario de comunicación Fernando Alvarado Espinel, procesado por presunto peculado, quien se quitó un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete). Desde su detención en octubre de 2017, el exvicepresidente había permanecido en la Cárcel 4 de Quito.

Henar Moreno, diputada de IU en La Rioja, España.

"Es una cárcel complicada", dice, por su parte, Mola, al referirse al CRS Sierra Norte. Explica que es una prisión "propicia a que se produzcan motines por hacinamiento, porque hay bandas" y considera que "Glas es un rehén especialmente interesante", a quien otros reos pueden usar para chantajear a las autoridades y conseguir sus demandas.

"Es el rehén perfecto", menciona, en la misma línea, la diputada Moreno, y detalla las condiciones de la cárcel: "Vimos una prisión que, según nos relatan, estaba prevista para alrededor de 4.000 personas y hay casi 6.000, por lo tanto, las condiciones son de hacinamiento".

A su juicio, "Glas está en unas condiciones claramente infrahumanas porque está encerrado en su celda durante 23 horas al día, únicamente puede salir una hora". La diputada considera que, en parte, "es bueno para su seguridad, pero tiene otro efecto pernicioso, porque el ser humano es un ser social".

A ello se le suman las amenazas de muerte que, presuntamente, ha recibido Glas. "Algunos de los propios presos han grabado un video con cuchillos en la mano en el que están anunciando que lo van a matar", dice Pineda, en referencia a un material audiovisual que circuló en redes sociales.

La grabación fue desestimada por las autoridades. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo, en declaraciones a la prensa: "No nos parece verosímil lo que en el video se demuestra por varias cosas: por los colores de las paredes y por el tipo de duchas, no corresponden al centro".

Artritis crónica

Pineda cuenta que vieron a Glas "tremendamente delgado, como consecuencia de la huelga de hambre de 53 días que hizo", en protesta por el traslado a esa cárcel. No obstante, se mostró sorprendida por "la fortaleza anímica, mental, intelectual e, incluso, física que tiene" el exvicepresidente.

Los tres coincidieron en el delicado estado de salud de Glas, quien padece una espondilitis anquilosante, una forma crónica de artritis.

"Si bien le están dando la medicación, uno de los efectos secundarios de una medicina es que le baja las defensas", comenta Moreno. Y añade Pineda: "cualquier enfermedad que para nosotros sería fácilmente superable, a él le puede provocar la muerte". Según relatan, en el centro de detención hay reos con tuberculosis endémica, por ejemplo.

El rápido proceso contra Glas

El proceso contra Glas inició en agosto de 2017, apenas poco más de dos meses después de que asumiera el cargo de vicepresidente junto al mandatario, Lenín Moreno, con quien conformó la dupla que ganó las elecciones.

El 2 de agosto de ese año, el entonces vicepresidente Glas emitió un comunicado en el que rechazó algunas medidas tomadas por el gobierno de Moreno, como la entrega de la administración del sector eléctrico a opositores y el control de medios públicos a representantes de medios privados.

Un día después, Moreno, a través de un decreto, retiró todas las funciones encomendadas a Glas como vicepresidente; y el 21 de agosto, la actual fiscal de Ecuador, Diana Salazar, quien entonces dirigía la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, presentó los indicios contra el exvicepresidente.

A finales de agosto, la Corte Nacional de Justicia pidió a la Asamblea Nacional (Parlamento) el desafuero de Glas, que fue aceptado. Varios días después, el juez nacional Miguel Jurado, a petición del entonces fiscal Carlos Baca, dictó una medida cautelar de prohibición de salida del país contra el exvicepresidente y el 2 de octubre la cambió a prisión preventiva. Desde entonces, fue apresado.

En los siguientes dos meses se llevó a cabo el juicio, que culminó con una condena a 6 años de prisión, tras ser declarado culpable el 13 de diciembre de ese mismo año.

"Irregularidades" en el proceso

"Está en prisión por un proceso lleno de irregularidades", dice Pineda, quien recalca que "la única prueba que tienen en contra de Glas es la delación de un representante de la compañía Odebrecht, que sí es un corruptor", en referencia al empresario brasileño José Conceição dos Santos Filho, quien aseguró que había pagado sobornos por alrededor de 16 millones de dólares, a través del tío del exvicepresidente, Ricardo Rivera.

Además de la declaración de Santos, a quien Ecuador decidió no acusar, la Fiscalía presentó transferencias bancarias entre otros procesados en el caso Odebrecht y empresas offshore, elementos hallados en inspecciones a varios domicilios y oficinas de los implicados; así como información alojada en computadores, memorias, dinero y teléfonos celulares. En una entrevista con Ecuador Inmediato, el entonces fiscal Baca reconoció que en las cuentas de Glas no se encontró dinero de Odebrecht.

A ello se suma "que se le aplica una legislación derogada, en torno a la cual se le condena a seis años de prisión, cuando la legislación actual solo permitiría aplicarle cinco años [...] y no se hubiera podido aplicar la prisión preventiva", menciona Pineda.

En efecto, Glas fue enjuiciado con el Código Penal de 1971, ya derogado, y no con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente.

En un documento sobre el caso, que presentaron luego de visitar a Glas, el diputado chileno Hugo Gutiérrez Galvez y el jurista Rubén Jerez Atenas, lo denominaron como un "Frankenstein jurídico", porque, dicen, la Asamblea aprobó el desafuero y la presión preventiva del entonces vicepresidente bajo el artículo 370 del COIP, pero se juzgó y condenó con el Código Penal de 1971.

"Implica un directo atentado a la Constitución, que prohíbe la aplicación de normas penales que no existan", señala el documento.

Manuel Pineda Marín, eurodiputado.

Petición al Parlamento Europeo

Con la información recabada, los tres políticos europeos elaborarán un informe conjunto.

Pineda presentará el documento ante el Parlamento Europeo y propondrá la salida del país suramericano del Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea con Colombia, Perú y Ecuador; convenio al que se adhirió Quito en noviembre de 2016.

El eurodiputado alega que entre su articulado, el acuerdo establece el respeto de los principios democráticos y los enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Aquí se están vulnerando los derechos del exvicepresidente Jorge Glas y no solo de él, se están vulnerando los derechos humanos y políticos de todo el entorno del expresidente Rafael Correa (antecesor de Lenín Moreno)", dice Pineda.

"Evidentemente, lo que aquí se está llevando a cabo es una persecución política y le quieren dar una apariencia jurídica", añade el eurodiputado, y considera que, al igual que otros casos de América Latina, como el de Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil, y de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, se trata de 'lawfare' o judicialización de la política.

Mola, por su parte, señaló que el PIE traducirá el informe y lo enviará a los 35 partidos que los conforman para que sea extendido a la militancia, con el objetivo de "romper con el silencio" sobre lo que sucede en Ecuador.

Además, harán un "plan de acción" que contempla el envío de observadores de diferente países a Ecuador, para que luego presionen a que el caso de Glas se solucione.

La diputada Henar Moreno, entretanto, habló de emprender una campaña de explicación y petición de solidaridad en dos vertientes: la jurídica, para "hablar con organizaciones de juristas y colegios profesionales de abogados [...] e intentar que hagan viajes para observar cuales son las condiciones de los juicios en América Latina y, en concreto, en Ecuador"; y con las organizaciones de derechos humanos, para que vean, no solo la situación de Glas, sino de otras personas privadas de libertad en el país.

Edgar Romero G.

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