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21 muertes violentas en cárceles de Ecuador en 2019: ¿cuáles son las fallas del sistema penitenciario?

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Actualmente rige un "estado de excepción" en el sistema carcelario, declarado por el presidente Lenín Moreno, pero la medida no ha logrado frenar las muertes violentas en las penitenciarías.
21 muertes violentas en cárceles de Ecuador en 2019: ¿cuáles son las fallas del sistema penitenciario?

Este lunes 22 de julio se registró un motín en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Norte, ubicado en la ciudad de Latacunga, a poco más de 90 kilómetros de Quito.

El levantamiento se produjo en los pabellones de máxima y mediana seguridad del recinto carcelario; los presos quemaron colchones, cobijas y otros objetos y hasta lograron subir al techo. El hecho, que logró ser controlado por la Policía y el Ejército, dejó como saldo a dos reclusos muertos y un policía herido.

Hasta la fecha, se habían registrado 19 muertes por hechos de violencia en diferentes cárceles del país, según informó el 19 de junio el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño, en una comparecencia ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional (Parlamento). Tras el nuevo motín, la cifra se eleva a 21.

El martes 23 de julio, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó del hallazgo del cadáver de un reo en el pabellón de máxima seguridad del CRS Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Al parecer, no se trató de una una muerte violenta sino de un suicidio, puesto que el detenido fue encontrado ahorcado.

Muertes violentas

Mónica Vera, abogada y presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), explica que los decesos dentro de las cárceles han sido divididos en tres: muertes naturales, muertes violentas y suicidios.

Este año, señala, se intensificaron "los conflictos existentes entre las bandas de las cárceles y la crisis penitenciaria logra desbordarse", incrementándose el número de muertes violentas en estos recintos.

Entre los casos están el asesinato de un expolicía que estaba detenido en la cárcel de Latacunga, ocurrido el 12 de febrero; y luego una balacera, el 15 de abril, en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, en la costa ecuatoriana; el hecho dejó dos reos muertos.

El 12 de mayo, se produjo una riña en el CRS Turi. Varios privados de libertad agredieron a otro reo, con golpes, patadas y más de 30 puñaladas; cuando la policía trató de dispersar a los prisioneros, una cápsula de gas impactó en uno de ellos, causando su muerte.

Estado de excepción

Cuatro días después del suceso en la cárcel del Turi, el Gobierno de Ecuador declaró el "estado de excepción" en el sistema carcelario del país, mediante el Decreto Ejecutivo 741, firmado por el presidente Lenín Moreno.

Ese estado de excepción se estableció por 60 días; sin embargo, el pasado 15 de julio fue extendido por un mes más, mediante el Decreto Ejecutivo 823.

El estado de excepción comprendió medidas de seguridad, como la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hacia los centros penitenciarios. Los policías para ayudar al control interno y en el perímetro de las cárceles y los militares para complementar las acciones de ellos, en especial trabajando en el primer filtro de control de ingreso a los recintos.

También medidas de financiamiento. El decreto menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas "proveerá los recursos para atender la situación de excepción".

Además, la orden comprende la suspensión del "ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información y libertad de asociación y reunión". En el segundo decreto se especifica que se trata de la revisión de toda correspondencia, tanto la que entra como la que sale de las cárceles y que se limitará las aglomeraciones de presos.

Para el estado de excepción, el mandatario dispuso que del tema carcelario se encarguen los ministerios del Interior, Defensa y Economía y Finanzas; además del SNAI.

"Nos preocupa porque el estado de excepción entró con una mirada netamente desde el ámbito de la seguridad, violentando derechos humanos", dice Vera y señala que, por ejemplo, los policías nacionales "no son las personas pertinentes para estar dentro de las cárceles, para eso existen guías penitenciarios".

La medida tampoco consideró "el enfoque de lo laboral, cómo generar empleos; no miró el tema de la salud, hay muchas personas que tienen temas de tuberculosis; tampoco la educación, de tenerles la mente ocupada a las personas privadas", manifestó Vera.

La justificación del estado de excepción

En el Decreto Ejecutivo 754, del 27 de mayo, el presidente Moreno brindó los detalles de la situación carcelaria en el país, que llevaron a declarar el estado de excepción.

Entre otras cosas, hace referencia a "dificultades de acceso al agua potable", debilitamiento de los "mecanismos para acceso seguro y permanente a alimentos sanos", falta de un "ambiente sano" y con garantía de "habitabilidad", y la "comunicación poco precisa y atentatoria a los derechos de las personas privadas de libertad", concretamente por la difusión "no autorizada" de imágenes captadas dentro de los recintos. Además, reconoció la falta de actividades educativas, culturales, laborales, productivas y recreativas.

También se justificó porque en 297 operativos realizados en las cárceles durante el año, hasta mayo, se encontraron 1.037 teléfonos celulares, 2.968 accesorios para móviles, 14 armas de fuego y 4.262 armas cortopunzantes.

En pleno estado de excepción, la Policía Nacional incautó, solo en el Pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral: 3.200 dólares, 43 teléfonos celulares, 500 gramos de marihuana, 194 gramos de cocaína, 300 gramos de base de cocaína, 84 litros de licor artesanal y armas cortopunzantes.

Medida insuficiente

El estado de excepción no ha logrado frenar la violencia en las cárceles. Durante el tiempo que ha regido han sido asesinadas 14 personas en los centros carcelarios del país, el doble que antes de aplicarse la medida.

Los sucesos más relevantes se han presentado en la Penitenciaría del Litoral. Apenas tres días después de emitido el decreto presidencial, dos internos fueron asesinados; uno fue baleado mientras descansaba y el autor de este crimen recibió golpes y pedradas hasta la muerte, por parte de otros internos.

El 30 de mayo hubo otro motín en esa cárcel. El hecho dejó seis muertos y un herido. Uno de los fallecidos quedó irreconocible, porque fue arrastrado y quemado; en las redes sociales circularon videos del suceso.

El 11 de junio, en la misma penitenciaría, Humberto Poveda, conocido con el alias de 'el Cubano', líder de una de las bandas que opera en ese recinto, fue asesinado y su cuerpo incinerado en el lugar.

El problema del hacinamiento

En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Pazmiño informó que hasta mayo de este año existían 40.006 personas privadas de libertad en el país. Señaló que la capacidad carcelaria apenas llega a 28.554, por lo tanto, hay un exceso de 40,11 % de reos. Sin embargo, no precisó qué medidas se tomarán para abordar este tema.

Esa cifra, aunque casi cercana, difiere de los números proporcionados por la Presidencia de la República, que en su Decreto Ejecutivo 754 señala que la capacidad instalada del sistema de rehabilitación social es de 27.742 personas y había, hasta ese día, 39.946 presos, por lo tanto, existe un hacinamiento de 40,37 %.

Las críticas que hace INREDH y otras organizaciones sociales a la medida presidencial es que no incluyó la presencia del Consejo de la Judicatura, Fiscalía y otros entes para, por ejemplo, resolver ese hacinamiento.

"Estos organismos podrían ver qué personas han cumplido la pena y tienen que ser liberados o qué personas están en detención provisional y se les ha cumplido el tiempo, para ir descongestionando las cárceles", manifestó Vera.

La abogada explica que "el hacinamiento se debe a la falta de revisión de penas y tener un enfoque de solo encarcelar a la persona y no dar otras medidas alternativas a la prisión", como el arresto domiciliario, los brazaletes electrónicos o prohibición de salida del país.

"Somos un Estado que encarcela, que se niega a entender que la prisión preventiva debe ser un mecanismo extraordinario y no lo cotidiano", opinó el abogado Ramiro Aguilar, durante un foro sobre el caso del informático sueco Ola Bini en Quito.

Crisis antigua

Vera señala que lo que sucede en las cárceles de Ecuador no se remonta solo a 2019, aunque, reconoce, que este año la situación se ha desbordado.

"Los problemas siempre han existido porque de verdad ha faltado una verdadera voluntad política por parte de los gobiernos para entender al sistema penitenciario, que se debe trabajar de manera integral y no solo desde una mirada de la seguridad", enfatiza.

La activista pone su mirada en el año 2013, cuando se pone en marcha en el país el nuevo modelo de gestión penitenciaria. En un principio —dice— ese modelo "tenía un enfoque integral, que abarcaba el tema de salud, educación, cultura, lo laboral, para que pudiera existir una rehabilitación y reinserción a la sociedad; pero, al final lo que se culminó simplemente fue generando grandes infraestructuras carcelarias", como las cárceles regionales de Sierra Norte (Latacunga), Turi y Litoral.

La construcción de esas grandes infraestructuras provocó, posteriormente el traslado de reos, que se encontraban en antiguas cárceles, hacia esos centros; como fue el caso del expenal García Moreno, ubicado en Quito, cuya mayoría de presos fueron llevados a Latacunga.

"Es una mirada muy extranjera", argumenta Vera. Señala que "los latinos son muy familiares" y "cuando se crean estas grandes infraestructuras carcelarias se destrozó, se dividió a las familias", porque se ampliaron las distancias y, además, se disminuyeron las horas de visitas a los reos.

El nuevo modelo también incluyó la implementación del "economato", una tienda en la cual un familiar que está externo va y deposita un monto determinado de dinero para que el privado de libertad pueda adquirir objetos o alimentos básicos; "pero eso lo que ha generado es un tema de corrupción interna, violencia, por ende, por una disputa de esas pocas monedas", dice la abogada.

Además de estas cárceles regionales, donde se han registrado la mayoría de los motines, alzamientos y enfrentamientos, en Ecuador existen otros 49 prisiones, que incluyen los centros de privación provisional de libertad. Estos dos tipos de reclusorios los contempla el Código Orgánico Integral Penal.

Mujeres, adolescentes y LGBTI

Aunque el foco de atención se centra en las cárceles para hombres, Vera también hace mención a las falencias que existen en las penitenciarías para mujeres y para los adolescentes infractores.

En abril pasado, hubo un amotinamiento en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, ubicado en el norte de Quito. Más de 40 adolescentes sacaron colchones y los quemaron, en protesta por "falta de alimentos y víveres", dijo la abogada.

En cuanto a las cárceles de mujeres, "lamentablemente, la falta de actividades y recursos conlleva a que dentro de estas casas de acogida también exista consumo de drogas y ahí están niños y niñas (hijos de las detenidas)", mencionó Vera.

A ello se suma la problemática con las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI), porque, menciona la activista, el modelo de gestión penitenciaria no engloba el trato a este colectivo: "Simplemente miran por el sexo, hombre y mujer, y va a la cárcel, cuando debería ser un trato totalmente diferente, para evitar hasta temas de tortura internos".

Reincidir

Vera comenta que "la población carcelaria que más abunda es por razones de la criminalización de la pobreza, la persona que hurtó, que robó, que hizo microtráfico (de drogas)".

Cuenta que al salir de las cárceles, la mayoría reincide. "Lo que sucede es que al faltar una rehabilitación, una reinserción en la sociedad, el tener un proyecto de vida y por tener que mantener a una familia fuera de esa cárcel lo que les queda más accesible es poder reincidir en el delito para subsistir", enfatiza.

Además, detalla que no existen los canales entre el Estado y empresas privadas para facilitar una reinserción. "Los detenidos salen con una hoja manchada porque cometieron un error y salen a ser más discriminados, a sufrir fuera de las cárceles".

"Al Estado se le fue de las manos, perdió el control dentro del sistema penitenciario", señala Vera, y dice que el tema carcelario es "sumamente delicado, porque se lo asume como la escoria de la sociedad y a nadie le interesa".

Sin embargo, afirma que "las cárceles son el reflejo de la sociedad, lo que vemos ahí es lo que sucede a diario acá afuera".

Edgar Romero G.

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