El 30 de julio fue registrado como el día con mayor número de focos de fuego en la Amazonía en los últimos 15 años, con un total de 1.007 puntos de calor detectados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Asimismo, este total muestra un incremento del 14,5 % de los incendios en comparación con el mismo mes del año pasado: en julio de 2019 el Inpe registró 5.318 focos mientras que el pasado mes el balance mensual aumentó para 6.091. Según anunció Greenpeace el martes, el número de incendios de este mes de julio ha batido un récord en relación a los años precedentes.
Frente a la propagación de las llamas, un grupo de organizaciones de la sociedad civil abrió un proceso en el Tribunal de Cuentas del Estado (TCU, por sus siglas en portugués) para solicitar la conclusión de una auditoría de las políticas públicas de protección de la Amazonía aplicadas por el Gobierno de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro, mediante el decreto de ley nº 10.341/2020, adjudicó a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de controlar los fuegos con un presupuesto mensual de 10 millones de euros (60 millones de reales).
El órgano encargado de la medición de focos de fuego anunció que, dadas las cifras actuales, el balance de incendios de 2020 podría ser superior al de 2019
Entre las organizaciones participantes de la demanda figuranel Instituto Socioambiental, International Rivers Network, Observatório do Clima, Transparencia Internacional-Brasil o WWF-Brasil, entre otros. La agrupación solicita una revisión tanto del presupuesto como de la eficacia de las medidas de control de la deforestación y de los fuegos. La auditoría estaba abierta desde principios de año y paralizada por la pandemia. No obstante, frente al aumento de tierras deforestadas y de focos de fuego que se están registrando en los últimos meses, la sociedad civil solicita una retomada urgente.
Los incendios en los diversos biomas brasileños, incluyendo el amazónico, suelen ser más frecuentes entre los meses de julio y octubre, ya que se trata del periodo seco amazónico con menor cantidad de lluvias. El Inpe, órgano encargado de la medición de focos de fuego, anunció que, dadas las cifras actuales, el balance de incendios de 2020 podría ser superior al de 2019.
El origen de los incendios en la Amazonía
"El fuego es una de las principales herramientas utilizadas para deforestar, especialmente por ocupadores ilegales de tierras (grileiros) y por agricultores que los usan para limpiar las áreas para uso agropecuario o para especulación", explica Rômulo Batista, analista de Greenpeace. "Esto es una prueba más de que este gobierno no tiene ninguna política de protección ambiental e intenta, de forma desorganizada, dar una imagen de estar tratando de resolver el problema", añade Batista.
Por su parte, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, que también es el coordinador del Consejo Amazonía –órgano encargado de la gestión de políticas ambientales en la región– y responsable de la Operación Verde Brasil, subrayó que este es el periodo más delicado del año para la preservación de los biomas brasileños. El Pantanal brasileño también está actualmente en llamas debido a uno de los peores incendios de las últimas dos décadas.
"Todos los años, cuando llega el periodo de sequía, o sea el verano amazónico, el riesgo aumenta ya que el clima y la vegetación se vuelven más secos, con pocas nubes y con casi ninguna lluvia", declaró el pasado lunes en una emisión de la Radio Nacional. Asimismo, Mourao admitió que la actividad humana de quema para limpiar las tierras es la principal amenaza para la vegetación amazónica. "La quema de la hierba se hace para que rebrote y, si se hace indiscriminadamente, resulta en un incendio incontrolable", declaró en el programa de radio, y añadió: "Sabemos que la costumbre del fuego todavía existe en el campo y esa tarea no será fácil de ser enfrentada".
El general del Ejército y vicepresidente de Brasil afirmó que la humareda de los incendios, que provoca un aumento de los problemas respiratorios entre las poblaciones que viven próximas a los focos de fuego, puede agravar considerablemente los problemas respiratorios de las personas que padecen la covid-19.
El 15 de julio, el gobierno de Bolsonaro anunció una moratoria para las prácticas de quema de cobertura vegetal durante los siguientes 120 días. El objetivo es disminuir los incendios en el periodo del año en el que cesan las lluvias en la Amazonia y los propietarios rurales aprovechan para limpiar las tierras para agricultura o ganadería.
"La moratoria, que prohibe los fuegos en el papel, no funciona si no hay también una respuesta en el campo, con más inspecciones. A final de cuenta, el criminal no es conocido por respetar las leyes", declara Batista. El portavoz de la campaña Amazonía de Greenpeace añade que diversas medidas, como la moratoria o la intervención del Ejército, muestran que "aplicadas sin estrategia y sin conocimiento de cómo se combaten los incendios, no trae los resultados que la Amazonía necesita".
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que, a pesar de la moratoria, los destructores de la Amazonía se sienten incentivados y protegidos por una buena parte de las autoridades
De acuerdo con un análisis realizado por Greenpeace Brasil, 539 focos se registraron dentro de Tierras Indígenas, lo que representa un aumento del 76,72 % en relación al año pasado. Más de 1.000 fuegos recientes fueron detectados en áreas de selva o bosque consideradas Unidades de Conservación ambiental. "Los fuegos en la Amazonía no son resultado de un fenómeno natural, sino de la acción humana", explica Batista, y añade: "La práctica (de fuegos) se ha vuelto más común debido a la falta de inspección y al desmantelamiento de los órganos ambientales".
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que, a pesar de la moratoria, los destructores de la Amazonía se sienten incentivados y protegidos por una buena parte de las autoridades. Bolsonaro se muestra a favor de la explotación de recursos de la selva amazónica desde que comenzó su gobierno. Tanto el presidente como su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, han estado implicados en investigaciones de crímenes ambientales y el Ministerio Público Federal de Brasil solicitó en julio la retirada de Salles. Algunos políticos locales dentro de la Amazonía tienen inversiones en el sector agropecuario y potenciales oposiciones a las políticas de protección. En el estado amazónico de Roraima, políticos y empresarios están siendo actualmente investigados por asociación criminal y apropiación ilícita de tierras públicas en reservas ambientales en la Amazonía.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente anunció una propuesta para reducir la actual meta de preservación de la Amazonía, que estipula que hasta 2023 se tendría que reducir en un 90 % las tasas actuales de deforestación. Aunque hasta el momento no se ha confirmado cuál sería la nueva meta, en los últimos meses de pandemia las tasas de destrucción de la vegetación amazónica han mostrado una aceleración.
En una carta abierta dirigida a Mourao, funcionarios públicos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente alertaron de que la deforestación en la Amazonía aumento casi un 30% entre agosto de 2019 y julio de 2020, y que la situación de degradación podría continuar empeorando en caso de seguir la tendencia actual. Las organizaciones de la sociedad civil que solicitan la auditoría e investigación de los políticas ambientales del gobierno de Bolsonaro denuncian un "desmonte de la política ambientalista" que puede afectar negativamente a la imagen y, por tanto, a la economía del país.
Luna Gámez
@LunaGamp