La CIDH admite el caso del incendio en la Guardería ABC, considerada la peor tragedia infantil en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de la Guardería ABC, una tragedia que se remonta a 2009, cuando 49 niñas y niños murieron en el incendio en una estancia infantil en Sonora que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con la admisión del caso, la CIDH estudiará las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en la que es conocida como la peor tragedia infantil en la historia del país. 

La organización que llevó el caso ante la Corte Interamericana y que funge como peticionaria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informó este viernes que el pasado 6 de julio la CIDH declaró admisible el caso y estudiará a fondo la cuestión. 

Por su parte, la CIDH observó que, 11 años después de la tragedia, el Estado mexicano "no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o fue producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales". 

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Por esta razón, el órgano internacional "declaró admisible la presente petición" en relación con los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde el Centro Prodh destacan que el litigio interamericano "es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana".

El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, en el estado de Sonora, que dejó un saldo de 25 niñas y 24 niños fallecidos, 106 menores de edad con quemaduras y 14 asistentes educativas heridas.

Aunque en las primeras investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó que el incendio se debió al sobrecalentamiento en el motor de un enfriador que operaba en una bodega continua a la guardería, pesquisas posteriores pusieron de relieve que la estancia no cubría con los requisitos mínimos de seguridad, como la existencia de detectores de humo, de señalización de las rutas de evacuación, de un mínimo de extintores ni de salidas de emergencia adecuadas. 

Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia, una investigación transparente y sanción penal a todos los responsables, incluyendo altos funcionarios.