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Espías pagados con dinero público para interceptar documentos sensibles: la sombra del 'caso Kitchen' se cierne sobre el Partido Popular en España

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Un juez acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de haber orquestado, desde el Ministerio de Interior, una trama para ocultar a la justicia documentación comprometedora para los altos cargos de su partido.
Espías pagados con dinero público para interceptar documentos sensibles: la sombra del 'caso Kitchen' se cierne sobre el Partido Popular en España

Varios partidos políticos españoles, la mayoría de ellos de corte nacionalista, pero también la formación de izquierdas Más País-Equo, preparan una solicitud al Congreso español para que se investigue en una comisión el llamado 'Caso Kitchen'.

Según el juez encargado del macrosumario al que pertenece esta pieza, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2016) habría orquestado una trama para arrebatar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ciertos documentos que podrían haber incriminado a altos cargos del partido. 

Bárcenas, imputado desde 2009 por la trama Gürtel (por la que resultaría condenado en 2018) estaba en el punto de mira de la cúpula del PP desde que, en 2013, trascendiera que mantenía un registro manuscrito detallado de una supuesta financiación ilegal en el seno de la formación, en el que aparecían además pagos de supuestos sobresueldos a destacados miembros del partido. 

El 'caso Kitchen' es la séptima de las diez piezas del macrocaso conocido como 'caso Villarejo', que investiga un complejo entramado de chantajes, extorsiones y delitos fiscales a través de servicios presuntamente prestados u organizados por el excomisario de policía José Manuel Villarejo, a quien se atribuye un uso ilícito de sus contactos en las instituciones del Estado.

El lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procedió a levantar el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza en concreto, y las revelaciones de la investigación han sacudido la escena política nacional.

La 'Operación Kitchen', que da nombre al caso, es el operativo parapolicial que tenía como objetivo la localización y sustracción de los documentos sensibles que obraban en poder de Bárcenas, un plan cuya existencia salió a la luz a raíz del descubrimiento de un pendrive en el domicilio de Villarejo.

El juez considera que tal operativo existió y que sus responsables actuaron fuera de la ley para lograr sus objetivos.

Pesos pesados del PP contra las cuerdas

La lista de imputados arroja sombras a niveles muy altos dentro del partido que entonces presidía el exmandatario español Mariano Rajoy. El magistrado investiga por ejemplo al exdiputado Francisco Martinez Vázquez, numero dos del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por ser el responsable de autorizar los pagos, con cargo a los fondos reservados del ministerio, durante la operación Kitchen, tanto al propio Villarejo como a otros individuos encargados de labores concretas de espionaje o similares.

Uno de los perceptores de esos pagos, también imputado, fue el chófer personal de la esposa de Bárcenas. Habría cobrado 48.000 euros de dinero público por sus servicios como confidente, aprovechando su cercanía a la familia del extesorero. 

Una de sus 'misiones' dentro de la operación habría consistido en aportar a información concreta sobre el lugar en el que la familia de Bárcenas ocultaría la documentación comprometedora, para hacer posible su sustracción y evitar así que pudiera llegar a los tribunales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción sostiene en un escrito que la exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría tenido "interés personal" en esta trama, porque la documentación que se intentaba conseguir mediante la operación era "supuestamente comprometedora para ella".

El escrito de Anticorrupción también apunta al propio exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, estableciendo que los "indicios" de su participación en la operación 'Kitchen' "son muy numerosos y concluyentes", en la medida en que fue el máximo responsable político en su cartera mientras funcionaba dicho "operativo ilícito", financiado con "fondos reservados de su departamento y bajo la supervisión directa" de su número dos, el mencionado Francisco Martínez Vázquez.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al juez que instruye la causa que tanto Cospedal como Fernández Díaz sean imputados.

Revuelo político en España

La trascendencia del contenido de esta pieza del Caso Villarejo ha calentado los ánimos en la escena política española y varios representantes de distintos partidos han elevado el tono de sus críticas contra el PP esta semana. 

En un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del PSOE se insta al actual presidente del PP, Pablo Casado, a dar explicaciones "cuanto antes" y se resume la gravedad del 'caso Kitchen' afirmando que se "estableció una trama corrupta en el gobierno para intentar tapar una trama corrupta en su partido".

El tuit incluye un video en el que la Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, explica en una rueda de prensa que "la dirección del Partido Popular está siendo investigada por utilizar a las fuerzas policiales para ocultar pruebas y obstruir la labor de la justicia". 

Lastra señaló que los altos cargos políticos implicados en esta operación "intentaron corromper las instituciones del Estado para ocultar la corrupción del PP".

Por su parte, el portavoz del partido independentista catalán Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, consideró que las nuevas revelaciones del sumario relativas a la 'operación Kitchen' serían suficientes "para ilegalizar" al PP como organización.

"Si se hacían eso entre ellos, qué no habrán hecho para con otros, fuera el independentismo y el republicanismo catalán o cualquier disidencia política", añadió el líder de ERC.

Mientras tanto, desde el PP se han alzado voces como la de su vicesecretaria de asuntos sociales, Ana Pastor, que reclamó respeto a "la presunción de inocencia" de los dirigentes de su partido contra los que existen indicios; o la de su propio presidente actual, Casado, que ha querido desmarcarse personalmente de una cuestión que considera "que viene de tiempos muy pasados" y sobre la que también quiere hace valer la mencionada presunción de inocencia. 

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