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El Gobierno de España aprobará en una semana la reforma de la Ley de Memoria Histórica
La nueva norma anulará multitud de sentencias dictadas por el régimen franquista e impulsará la exhumación e identificación de las víctimas de la dictadura.
El Gobierno de España tiene previsto aprobar, en la próxima reunión ordinaria de su Consejo de Ministros –prevista para el próximo martes 15 de septiembre– el anteproyecto de ley de reforma de la Memoria Histórica.
La norma incluye varias medidas orientadas a la reparación y reconocimiento de las víctimas del régimen franquista (1939-1975). En este sentido, declarará nulas todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura de Francisco Franco, y prohibirá la existencia de fundaciones públicas, o financiadas con dinero público, que enaltezcan regímenes totalitarios o figuras dictatoriales.
Este último mandato convierte en ilegal a la polémica Fundación Francisco Franco, que declara entre sus objetivos el de "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política", y cuya ilegalización ya fue solicitada por el Parlamento Europeo hace dos años.
Otro de los principales objetivos de esta reforma legislativa es la de acabar con las fosas comunes que existen a lo largo de toda la geografía española, que contienen los restos de más de 130.000 víctimas (según datos de las asociaciones de Memoria Histórica) y que convierten a España en el segundo país del mundo con más víctimas sin recuperar en este tipo de enterramientos.
En el marco de esta norma se prevé también la creación de un banco de ADN de las víctimas, que permita identificar los cuerpos que sean recuperados y facilitar el encuentro de los familiares desaparecidos durante el franquismo.
Asimismo, se contempla la creación de un Censo Nacional de Víctimas para los casos de bebés robados, ya que se estima que durante la dictadura e, incluso, durante los primeros años de la democracia española, más de 300.000 recién nacidos habrían sido arrebatados a sus madres y entregados a otras familias.
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