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Se entrega el segundo policía relacionado con la muerte del colombiano Javier Ordóñez
Su abogado ha dicho que no aceptará los cargos imputados por la Justicia colombiana.
Uno de los policías presuntamente responsables de la muerte del taxista y estudiante de derecho colombiano Javier Ordóñez se entregó ante la Fiscalía colombiana la madrugada de este viernes.
Juan Camilo Lloreda, en compañía del patrullero Harby Rodríguez —detenido el jueves en el sector Bosa, en el sur de la capital colombiana—, quedaron registrados en un video donde ambos mantienen reducido a Ordóñez antes de llevarlo a unidad policial, donde habría sufrido múltiples traumatismos que le habrían causado su muerte.
El abogado del uniformado, Jesús Giraldo, ha adelantado a BLU Radio que su defendido no aceptará los cargos que le imputa la Justicia.
¿Qué ocurrió antes de la entrega?
Lloreda se había escondido en la casa de unos familiares al enterarse de que había una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente regresó a su vivienda, adonde se trasladaron miembros de los cuerpos especiales y de investigación que no pudieron ingresar, al no tener una orden. Previamente, habían allanado la propiedad de sus padres.
La Fiscalía solicitó la detención de los uniformados para realizar una audiencia de imputación de cargos tras el análisis de varios videos de la detención, las declaraciones de un testigo clave que hizo fotografías, la historia clínica de Ordóñez y la autopsia de Medicina Legal.
Sobre los implicados también pesa una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, órgano que considera que estos funcionarios "incurrieron en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio".
La muerte del también ingeniero aeronáutico desató una serie de protestas en contra del abuso policial en las calles de Bogotá, que causaron 13 muertos y más de 500 heridos.
La alcaldesa de esa capital, Claudia López, denunció el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los uniformados, mientras que el Ministerio de Defensa afirmó que han abierto más de 40 investigaciones disciplinarias debido a que una veintena de funcionarios fueron captados en videos usando armas de fuego contra los civiles.
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