Entre empujones y patadas de los diputados: ¿por qué la ley para extinguir fideicomisos es tan polémica en México?

Tras una álgida y larga discusión, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo particular la iniciativa de ley para extinguir 109 fideicomisos, en medio de una fuerte polémica por protestas de académicos, activistas y artistas.

Luego de aprobar la iniciativa en lo general, los diputados efectuaron 12 votaciones en total para desahogar las 398 reservas a la ley que se habían propuesto, tras casi 19 horas de análisis, discusión y aprobación.

Entre lo más llamativo, destaca la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y otros fideicomisos destinados al deporte, la cinematografía y el desarrollo científico. 

¿Qué es un fideicomiso?

El fideicomiso es un tipo de contrato por el cual una persona o entidad destina ciertos bienes para un fin determinado.

Esta figura legal ha sido usada durante décadas para diversos objetivos: inversión de recursos, pagos de pensiones de trabajadores y también como una especie de alcancía para tener un monto de dinero que no dependa completamente del presupuesto anual, destinado a fines específicos.

Sin embargo, el uso de esta figura dificulta la fiscalización, transparencia y la rendición de cuentas, al tratarse de un contrato privado que construye un patrimonio autónomo al presupuesto gubernamental, lo que en México ha sido utilizado, de acuerdo con algunos críticos, como un mecanismo para desviar y robar dinero.

A lo largo de las tres décadas del régimen neoliberal, el uso de fideicomisos para distintos fines se extendió a todos los ámbitos de la administración pública. De acuerdo con la organización Fundar, el 93 % de estos fideicomisos no cuentan con controles de vigilancia. 

Actualmente existen 335 fideicomisos y figuras sin estructura que manejan 875.361 millones de pesos (40.780 millones de dólares), de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Hacienda. 

En abril pasado, a partir de la crisis derivada por la pandemia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para extinguir fideicomisos públicos y poder usar parte de esos recursos para atender la epidemia de covid-19 sin recurrir a deuda pública.

Sin embargo, la extinción de otros fideicomisos tenía que pasar por el Congreso, por lo cual, el mandatario impulsó una iniciativa de ley para modificar estas figuras legales, con el fin de que el Gobierno federal pueda administrar dichos recursos de manera directa y sin trabas legales. 

Sin embargo, esta propuesta, que afecta a fideicomisos como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), los 90 fideicomisos dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para atender a víctimas de la violencia, han levantado críticas y protestas por parte de académicos, artistas y activistas.

Una votación 'a patadas'

El debate con las reservas se extendió durante varias horas, desde el martes 6 de octubre. La sesión fue interrumpida por diputados de la oposición que tomaron la tribuna con pancartas, mientras hablaba la diputada oficialista María de los Ángeles Huerta, lo que provocó empujones e incluso una patada contra la legisladora.

La oposición reventó la sesión cuando un diputado de la bancada del partido Morena, afín al presidente López Obrador, presentó un agregado para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reintegrara a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud, también conocido de Protección contra Gastos Catastróficos, que dejaría 100.000 millones de pesos (4.652 millones de dólares) adicionales al Gobierno federal para enfrentar la pandemia de covid-19.

Ese agregado no estaba incluido en el dictamen inicial y detonó una bronca discusión entre legisladores, hasta que la bancada morenista retiró la propuesta. La sesión se retomó desde la mañana del miércoles 7 de octubre.

¿Por qué hay polémica?

La extinción de esos fondos especiales no ha estado exenta de discusión.

Por un lado, el partido Morena y sus aliados argumentan que el dinero en los fideicomisos se ha manejado con opacidad y discrecionalidad, por lo que defienden la desaparición de esa figura legal para que se destinen parte de sus recursos a la atención de la pandemia de covid-19.

"No hay nada ilegal, no hay nada discrecional, no hay nada que tenga falta de transparencia. Está muy claro lo que se está planteando. Insistimos, y les decimos a los mexicanos, lo más importante es tener recursos para la atención de la pandemia, y vamos a darle al Gobierno los instrumentos para que los tengan", dijo el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, quien condenó la "violencia" suscitada el martes en la máxima tribuna del país.

Sin embargo, Morena también ha señalado que los recursos públicos para investigación científica, cinematografía y deporte, que se otorgaban mediante fideicomisos, ahora se proporcionarán de manera directa, a través de las secretarías de Estado.

Por el otro lado, la oposición, conformada por PRI, PAN, MC y PRD considera que la extinción de los fideicomisos afectará a los sectores sociales que recibían esos fondos, al tiempo que cuestionan que ahora los recursos pasen a estar bajo el control discrecional de López Obrador.

"No podemos aceptar que esto sea aprobado violentando el reglamento", dijo el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, líder de MC.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que existe presión para dar "un manotazo" a la ley.

"Para nosotros constituye un abuso. No hay más que revisar los términos de la iniciativa para darnos cuenta también que, lejos del pretendido ahorro, lo que está en el fondo de esta cuestión, es la búsqueda de la discrecionalidad política en la asignación de estos recursos concentrados en el Ejecutivo Federal", dijo Romero Hicks.

Por su parte el PT, aliado de Morena, consideró que 35 de los 109 fideicomisos que proponen eliminarse podrían preservarse para atender a sectores como el deporte, el cine y el ámbito científico.

Tras la votación, el dictamen será remitido al Senado para su revisión. La oposición al presidente López Obrador anunció que conformará un bloque para evitar que dicha iniciativa sea aprobada en la Cámara Alta. Una vez que termine de procesarse en el Senado, la iniciativa regresará a la Cámara de Diputados para una nueva votación y su aprobación final, antes de ser publicada en el diario oficial.

Manuel Hernández Borbolla