El exmonarca español Juan Carlos I ha sumado esta semana un nuevo escándalo que se agrega al constante goteo de informaciones que están socavando su imagen y la de la institución, de la que fue cabeza durante casi 40 años, y que le han llevado a ser investigado por la Fiscalía española y la de Suiza.
En esta ocasión ha salido a la luz un viaje privado del rey emérito a Kazajistán en el año 2002 desvelado en exclusiva por eldiario.es, donde se dedicó a la caza de cabras salvajes y donde recibió cinco millones de dólares del entonces presidente de ese país, Nursultán Nazarbayev, quien llegó a afirmar: "¡Míralo! Es el rey de un país pero no tiene nada. Yo le ayudo como puedo", según ha afirmado Victor Khrapunov, que fue durante años ministro y gobernador, entre otros cargos, del Gobierno de Nazarbayev, según recoge el medio español.
El relato de esta nueva aventura –privada pero acompañado por el embajador español en el país asiático–, plagada de dinero regalado, intermediaciones para intereses españoles de las empresas Repsol y Talgo y la compañía de chicas para proporcionar "total relajación", confirmado incluso con fotografías de varias reuniones de ese viaje, es tan solo una de las decenas de actividades privadas de características similares de las que nunca informó la Casa Real española.
Pero las actividades más controvertidas del exmonarca son las que tienen que ver con sus desconocidas finanzas privadas, de las que hace un tiempo poco a poco se han empezado a conocer detalles, algunos de los cuales han llevado a que esté siendo investigado por la Justicia española, aunque solo aquellas actuaciones posteriores a 2014, fecha de su abdicación en su heredero Felipe VI y momento hasta el que estaba protegido por la inmunidad que le reconocía la Constitución española.
Investigado por la Fiscalía
Las últimas sospechas e investigaciones sobre los movimientos económicos del rey Juan Carlos I han hecho que en España recaigan sobre él tres investigaciones por presuntos delitos relacionados con la corrupción y el fraude fiscal, lideradas por el servicio antiblanqueo, la unidad de vigilancia financiera que se ocupa en España de dar la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
La última de estas pesquisas fue anunciada la semana pasada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que informó de que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrirá una nueva investigación al rey emérito tras recibir una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que señala nuevas presuntas irregularidades cometidas por el exmonarca.
Mientras, la primera indagación que se puso en marcha se centra en la entrega de 65 millones de euros que Juan Carlos I hizo a su examante Corinna Larsen y en la procedencia de ese dinero. El monto fue donado por la familia real de Arabia Saudita y se presume que correspondería a una comisión ilegal derivada de un megaproyecto de construcción ferroviaria en el país árabe. Aunque esta operación se realizó en 2012, cuando el exmonarca gozaba de inviolabilidad, sí podrían estar sujetos a responsabilidad penal movimientos posteriores de ese dinero.
La tercera investigación que enfrenta el exjefe de Estado se refiere a supuestos pagos con unas tarjetas de crédito opacas de los que se habrían beneficiado tanto él como otros miembros de su familia, como su esposa y varios de sus nietos.
Además, hace tan solo dos días, se descubrió que el rey emérito habría ocultado 7,9 millones de euros en Suiza hasta agosto de 2018, cuatro años después de abdicar del trono. Este dinero habría estado escondido en la cuenta de una sociedad instrumental creada por un primo del exmonarca, de la que se habría retirado hasta un millón de euros tan solo en 2018 para sufragar gastos personales.
Familiares implicados
Las actividades de Juan Carlos I están lastrando la imagen de la Corona en España. Además, en la mayoría de los escándalos o de las actuaciones presuntamente delictivas en las que habría tenido participación, también estarían involucrados un buen número de personas pertenecientes a su familia y a su círculo más cercano.
- Caso Nóos
La cara más visible de las actividades irregulares que se atribuyen a miembros o parientes de la Familia Real es Iñaki Urdangarin, yerno de Juan Carlos I y cuñado de Felipe VI. En este caso las sospechas se encuentran confirmadas por la Justicia. Urdangarin fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, que comenzó a cumplir en junio de 2018, por prevaricación, fraude y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Aunque la Casa Real apartó a Urdangarin de las actividades oficiales y posteriormente se le retiró el título de duquesa a su esposa, Cristina de Borbón –la hija menor de Juan Carlos I–, durante mucho tiempo se extendieron los rumores de que las actividades de Urdangarin solo habían sido posibles con el respaldo del entonces monarca.
- Caso Emperador
La macrocausa conocida como 'Emperador' fue una operación policial dirigida contra la mafia china en España, que investigó los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros.
Esta investigación involucró a tres primos del rey Juan Carlos I a quien el fiscal anticorrupción pidió imputar, aunque posteriormente fueron exonerados.
- Tarjetas opacas
El caso que actualmente se encuentra bajo investigación por el uso de tarjetas opacas al fisco español no solo salpica al exmonarca, sino también a otros miembros de su familia, como la reina Sofía, que hasta ahora había mantenido una imagen pública impoluta, alejada de los escándalos de toda índole que habían rodeado a su marido.
- Beneficiario de una donación dudosa
El actual jefe del Estado, Felipe VI, figuró como segundo beneficiario de la fundación creada en 2008 por el actual rey emérito para ocultar la supuesta donación de Arabia Saudita de 100 millones de dólares.
Cuando la prensa destapó la existencia de esa fundación, la Casa Real emitió un comunicado afirmando que Felipe VI desconocía su existencia y que fuera beneficiario de la misma y que renunciaba a futuras herencias de su padre de origen desconocido.
Una década de escándalos
No solo las cuestiones con un carácter presuntamente ilegal han socavado la popularidad de la que durante varias décadas gozó Juan Carlos I.
El principal escándalo que enfrentó el exmonarca se produjo en 2012, cuando debido a una rotura de cadera que sufrió se destapó que se encontraba de viaje en un safari en Botsuana cazando elefantes acompañado de su entonces amante, Corinna Larsen, precisamente durante los momentos más duros de la crisis económica que enfrentaba la ciudadanía española.
Ese episodio dio lugar a unas inéditas declaraciones del monarca: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a pasar", dijo entonces. Este suceso desencadenó que dos años después se produjera su abdicación en su hijo, Felipe VI.
Desde entonces se han conocido otras relaciones extramatrimoniales del ahora rey emérito, otras millonarias donaciones a sus amantes y recurrentes sospechas de sus actividades como comisionista.
Además, en 2012 The New York Times cifraba en más de 2.300 millones de dólares la fortuna Juan Carlos I, cuyo origen, de ser cierto, es desconocido, habida cuenta de que sus emolumentos ascendieron durante los últimos años de su reinado a 300.000 euros al año, y a alrededor de 200.000 desde que abandonara el trono en 2014.
Exiliado en una monarquía absolutista árabe
Después de los escándalos conocidos en los últimos años, el rey emérito abandonó España por sorpresa el pasado 3 de agosto. La decisión fue comunicada con posterioridad y su destino no se conoció hasta varios días después. Desde entonces se encuentra instalado en Emiratos Árabes Unidos.
Se cree que las innumerables polémicas que han envuelto al exmonarca son la causa de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleve más de cinco años sin realizar ningún tipo de encuesta sobre la Monarquía. Hasta entonces se pedía la valoración de la institución y de sus miembros, al igual que la del resto de las instituciones del Estado.
Este año, la Plataforma de Medios Independientes (PMI), que agrupa a 16 medios, gracias a un crowdfunding, llevó a cabo una encuesta sobre la Corona que reveló que un 40,9 % de la población votaría a favor de una República frente a un 34,9 % que lo haría a favor de la Monarquía. El apoyo hacia la institución que ahora encabeza Felipe VI desciende pulatinamente según los grupos de edad son más jóvenes, hasta llegar a tan solo un 19,4 % entre las personas de 16 y 17 años, o al 21,4 % de quienes tienen entre 18 y 24 años. En ninguna franja de edad llega al 50 %.
El coste de la Corona para los ciudadanos españoles es una gran incógnita. Recibe de los presupuestos generales del Estado una asignación anual que ronda los 8 millones de euros, pero la gran mayoría de sus gastos se encuentran sufragados por otros organismos. Así, el ministerio de Presidencia se encarga de mantenimiento del Patrimonio Nacional y de las nóminas de los altos funcionarios de Zarzuela; los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa, abonan los gastos relacionados con la seguridad; y el de Hacienda, sufraga el Parque Móvil del Estado, entre otros.
Más del 6 % de ese Parque Móvil del Estado se destina en exclusiva a la Familia Real, por lo que el departamento de Hacienda tiene que hacerse cargo de 60 conductores a sueldo de Zarzuela y del mantenimiento de 29 turismos, ocho blindados, un autobús, dos microbuses, dos furgonetas, un monovolumen y un todoterremo. En total, 44 vehículos, una cifra sensiblemente menor a los más de 70 que llegó a haber a disposición de la Familia Real antes de 2013.
Nuria López
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