El Parlamento de Ecuador somete a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación en las protestas de 2019

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador somete este martes a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación frente a las fuertes protestas antigubernamentales de 2019 en el país.

El trámite pasó al Pleno, luego que la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobara el informe, en la que la señalan de "incumplimiento de funciones".

La ministra será juzgada en el Congreso por dos causales. La primera es el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador (cuerpo que depende del ministerio que maneja), que consideran como "armas letales".

La segunda causal es el lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y de acogida humanitaria, que se instalaron al interior de la Universidad Salesiana y de la Universidad Católica de Quito, donde se alojaban parte de los manifestantes indígenas y campesinos, principalmente mujeres y niños.

Una tercera causal, relacionada con la tardía convocatoria a un comité para la protección de los periodistas durante las protestas, fue desechada, ya que la comisión consideró que no es parte de sus competencias como ministra.

En ese estallido social de octubre de 2019, que inició luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de austeridad, en respuesta a un acuerdo que había alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hubo una cruenta represión policial. Tras 11 días de protestas se registró un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos, 11 personas perdieron un ojo por el impacto de lacrimógenas y piedras— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Apoyo a la destitución

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que lideró las protestas del año pasado, pidieron a la Asamblea que la ministra sea destituida "por justicia y verdad".

Señalan que destacadas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como profesionales independientes "han presentado evidencias contundentes sobre el uso excesivo de la fuerza con la que actuó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, violencia estatal ordenada por las principales autoridades de Gobierno, como María Paula Romo".

La destitución es apoyada también por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), que ha hecho un plantón frente al Parlamento y que, en un comunicado, dice que Romo "empujó una política de Estado dirigida a reprimir a las organizaciones sociales" que se movilizaron contra las medidas de Moreno.

Añaden que la ministra "tenía pleno conocimiento, coordinó de manera directa con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las acciones de represión al pueblo ecuatoriano".

"Premio consuelo"

El pasado 5 de noviembre, cuando la comisión parlamentaria aprobó el informe que dio paso al juicio político, Romo señaló que "se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de Estado".

"Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre", añadió.

La ministra, además, recibió el respaldo de Moreno, quien afirmó que, con su actuación en esas manifestaciones, Romo "defendió la democracia y la paz en el país".

Sin embargo, el pasado lunes 16 de noviembre, Moreno señaló que aceptará la decisión que tome el Congreso, aunque dijo que le "daría mucha pena" no seguir contando con la funcionaria en su Gabinete.

"Sabré acatar la decisión que tome la Asamblea Nacional, yo veo que ahí hay demasiada política, lastimosamente el período de elecciones (por los comicios de febrero próximo) se cruza con aquello, pero también muchas manifestaciones de odio que deberían dejarla de lado", dijo.

Para ser destituida, según lo que establece el artículo 131 de la Constitución, se necesitará el respaldo de dos terceras partes de los parlamentarios, es decir 91 votos de los 137 asambleístas que conforman el Congreso.

Este es el segundo intento por destituir a la ministra. En diciembre de 2019 concluyó un proceso de juicio político en el Parlamento, que no llegó al Pleno. En esa oportunidad era acusada por incumplimiento de funciones por los altos índices de inseguridad, una crisis carcelaria que se había desatado en el país y mal uso de bienes públicos.

Edgar Romero G.