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EE.UU. sanciona a una jueza y un fiscal venezolanos por el juicio a seis exejecutivos de Citgo
Los exdirectivos de la filial de PDVSA fueron condenados en noviembre pasado a penas de ocho a 13 años de prisión tras ser declarados culpables de corrupción.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este miércoles sanciones contra una jueza y un fiscal venezolanos por su papel en el juicio contra seis exejecutivos de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense.
Se trata de Carolina Cornielles Ruiz y Ramón Antonio Torres Espinoza, del Tribunal Primero de Juicio de Caracas, que el pasado mes de noviembre declaró culpables de diversos cargos de corrupción a los seis exdirectivos de Citgo, y los condenó a penas de ocho a 13 años de prisión.
Según el Departamento del Tesoro, los ciudadanos estadounidenses "fueron encarcelados injustamente", en noviembre de 2017, "después de ser atraídos a Caracas con falsos pretextos". Además, denuncia la "falta de garantías procesales" y la existencia de acusaciones basadas en "motivaciones políticas".
"La detención y sentencia injustas de estas seis personas estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, citado en una nota de prensa de la oficina que dirige.
El juicio contra los exdirectivos
De acuerdo con el fallo del tribunal de Caracas, el expresidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, estará privado de libertad durante 13 años y siete meses por peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, así como el delito de asociación para delinquir, entre otros.
Los otros cinco exdirectivos, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, fueron condenados a ocho años y 10 meses de prisión por los mismos cargos.
Los exejecutivos fueron detenidos en Venezuela el pasado 21 de noviembre del 2017, tras ser acusados de firmar un acuerdo internacional con dos empresas financieras para "solicitar préstamos por un monto de hasta 4.000 millones de dólares" bajo condiciones "desfavorables" para PDVSA.
En ese momento, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que el acuerdo, que no contaba con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, ofrecía como garantía a la propia filial Citgo, "comprometiendo el patrimonio de la República".
En abril del 2019, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, exigió a Venezuela la liberación de los exgerentes que, a su juicio, fueron "detenidos ilegalmente", y aseguró que Washington usaría "todos los medios posibles" para concretar su liberación.
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