El Salvador cerró 2020 con 1.322 homicidios, una cifra inusualmente baja para el violento país centroamericano, que nunca había registrado menos de 2.000 asesinatos en un año.
"Yo nunca imaginé una reducción tan significativa", dice Verónica Reyna, de la oenegé Servicio Social Pasionista, una reconocida analista en temas de seguridad pública y derechos humanos. "Es una noticia sorprendente para el país, conociendo los antecedentes", agrega.
La sociedad salvadoreña sigue siendo violenta, muy violenta. Los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes del año recién concluido todavía duplican la tasa que el Sistema de Naciones Unidas establece para determinar que una ciudad, una país o una región sufre "epidemia de violencia".
Sin embargo, apenas en 2015, El Salvador registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo en un país sin guerra declarada. Hasta los 1.322 asesinatos de 2020, el dato más bajo eran los 2.346 asesinatos de 2002, cuando el país tenía 800.000 habitantes menos.
"Hace cinco años, nadie siquiera hubiera imaginado estos resultados", dice Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group.
"Una tasa de alrededor de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes no tiene parangón en el país", dice por su parte Luis Enrique Amaya, consultor internacional en temas de seguridad, después de recordar que el descenso en la violencia homicida arrancó en 2016.
Cifra confiables
En un país como El Salvador, muy polarizado políticamente, con un presidente –Nayib Bukele– que genera pasiones a favor y en contra, y en plena campaña electoral para las legislativas del 28 de febrero, amerita explicitar que la cifra oficial de homicidios es confiable.
Los 1.322 homicidios de 2020 no son el 'dato de Bukele'. Los homicidios cometidos en los 11 primeros meses han sido ya homologados por la llamada Mesa Tripartita, integrada por Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República e Instituto de Medicina Legal. Las dos últimas instituciones, ajenas al Ejecutivo.
Desde sectores críticos al gobierno se afirma que Salvador han aumentado las desapariciones, lo que pondría en entredicho el descenso en los homicidios. Sin embargo, tanto la PNC como la Fiscalía registran también fuertes bajas –en torno al 35 % menos que en 2019– en las denuncias por personas desaparecidas.
Los tres expertos consultados por RT también descartan que la pandemia por la Covid-19 –y los consecuentes encierros decretados– sea la razón detrás de la drástica disminución en la violencia homicida.
"En otros países de la región, la pandemia ha tenido un impacto menor en los niveles de violencia, o incluso un impacto nulo", dice Tiziano Breda. Es decir, el fuerte descenso de los asesinatos en El Salvador no se ha replicado en Honduras, Guatemala, México o Costa Rica.
Con sus 145 homicidios, abril –el mes en el que el encierro fue más estricto– es el segundo mes más violento del año; por su parte, noviembre y diciembre –con la economía ya reabierta– son dos de los meses con menos asesinatos.
¿Pacto con pandillas?
La maquinaria propagandística gubernamental atribuye la caída en los homicidios al Plan Control Territorial, lanzado en junio de 2019, tres semanas después de que el presidente Bukele asumiera las riendas del Ejecutivo.
"Gracias al Plan Control Territorial, el país salió de la lista de países más violentos del mundo", tuiteó el Ministerio de Seguridad en su cuenta oficial unas horas antes de despedir el año 2020.
Las "reducciones históricas" son "resultado de las estrategias implementadas por el gobierno, a través del Plan Control Territorial", tuiteó Noticiero El Salvador, el programa de noticias del canal estatal, alineado inequívocamente con el bukelismo.
Los opositores más críticos con Bukele, en cambio, tienden a explicar el descenso apelando a una supuesta negociación del Gobierno con las pandillas Barrio 18-Sureños, Barrio 18-Revolucionarios y, sobre todo, Mara Salvatrucha. Una negociación por la que el Ejecutivo estaría haciendo concesiones carcelarias –e incluso incentivos económicos– a los mareros, y que el presidente Bukele tendría apalabrada desde antes incluso de su llegada al poder.
"Ninguna de las dos hipótesis ha sido científicamente validada –advierte Luis Enrique Amaya–; y, desde un punto de vista académico, sería un error dar por cierta una relación causa-efecto sin realizar un riguroso proceso de evaluación de impacto".
Verónica Reyna subraya que "hasta la fecha seguimos sin conocer de qué va el Plan Control Territorial, por lo que no puedo sumarme a la creencia de que es este el que ha logrado el descenso".
"Los homicidios –dice Reyna– simplemente han dejado de ocurrir; alguien ha decidido dejar de matar y, sabiendo que en nuestro país un buen número de homicidios ocurren a manos de las pandillas, me inclino a pensar que pudiera ser parte de un acuerdo a mediano y largo plazo con el gobierno".
El analista Tiziano Breda también suscribe que el Plan Control Territorial "no explica por sí sólo la caída", sino que esta "más bien parece obedecer a una decisión de parte de las pandillas de reducir los homicidios, como parte de un entendimiento informal con las autoridades".
Según Breda, la relación entre el Gobierno y las pandillas "se asemeja más a un proceso paulatino que a un pacto consolidado; tampoco parece algo fraguado antes de que Bukele fuera presidente".
Una buena noticia
Con matices entre ellos, pero los tres expertos consultados por RT rechazan que el Plan Control Territorial explique el histórico descenso en la violencia homicida registrado en 2020. Tampoco compran que la administración Bukele lleve negociando con las maras desde junio de 2019 para conseguir la reducción de homicidios a cambio de concesiones.
Aún hay mucho que investigar. Los tres analistas, eso sí, creen que el dato de 1.322 homicidios en un año es una muy buena noticia para la sociedad salvadoreña, cosechada un año especialmente complicado.
"Es un descanso de la violencia en El Salvador, violencia que afecta principalmente a poblaciones empobrecidas y excluidas", dice Verónica Reyna.