Andalgalá, el pueblo que le torció el brazo a la megaminería en Argentina y ahora enfrenta una nueva batalla judicial

Desde hace más de 10 años, el pueblo de Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca, al noroeste del país, funciona como un faro para toda la región en lo que respecta a la lucha contra la megaminería. En esta ciudad de poco más de 15.000 habitantes, la persistencia de las organizaciones vecinales logró torcerle el brazo en 2016 a la minera canadiense Yamana Gold y su proyecto Agua Rica, una explotación de oro, cobre, plata y molibdeno que es considerada entre las más importantes del mundo. 

Aquél año, tras una serie de acampes frente a la Corte Suprema de la Nación, en Buenos Aires, y un centenar de movilizaciones pacíficas, los andalgalenses consiguieron un fallo favorable del máximo tribunal del país primero, y luego una ordenanza municipal que prohibió la extracción minera a cielo abierto en toda la localidad. 

Sin embargo, todo puede cambiar desde que el pasado 23 de diciembre, en víspera de Navidad, la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca admitiera un recurso presentado por Yamana Gold y declarara la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 029/2016, conocida en el ámbito del ambientalismo como la 'ordenanza antiminera'. Fue un duro revés para una comunidad que había sabido defender su derecho a un ambiente sano, más allá de las presiones de los poderes políticos y empresariales.  

¿Adiós a la ordenanza 'antiminera'?

El fallo sostiene que la decisión del municipio "lesiona normas constitucionales", y por lo tanto "no puede surtir efecto jurídico alguno sobre la actividad minera, ni sobre los derechos de la Provincia de Catamarca de promoverla, regularla y desarrollarla".

A unos 17 kilómetros de Andalgalá, el yacimiento minero Agua Rica pone en peligro el cordón montañoso Nevados del Aconquija, para la extracción de oro, cobre, plata y molibdeno. Se considera que esta explotación podría triplicar las capacidades de Bajo La Alumbrera, la mina instalada allí en 1997 como el proyecto más importante en la historia del país, pero también el más conflictivo. 

La experiencia vivida con La Alumbrera entre fines de los 90 y principios de los 2000 había dejado grabada una verdad indiscutible para los pobladores de Andalgalá: "El agua vale más que el oro". 

A cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses, con participación del Estado nacional, provincial y una universidad pública, la de Tucumán, la Alumbrera llegó a remover por día 340 toneladas de roca; y utilizar, por minuto, 66.000 litros de agua. Pero lejos de cumplir con las promesas de creación de empleo y desarrollo para la población —en su máximo apogeo llegó a dar trabajo a 2.000 personas—, esa explotación dejó tras su paso la contaminación de ríos y la proliferación de enfermedades en la zona, luego de al menos tres derrames tóxicos comprobados. 

En una región árida como esta, donde los recursos hídricos son escasos, no es sino gracias al río Andalgalá que los pobladores pueden producir vid, aceitunas, duraznos, ganado caprino y porcino, entre otras cosas. Pero la actividad agrícola en la zona es desalentada por el propio Gobierno provincial, que pide a los pequeños productores un uso limitado del agua para riego. Y es que la riqueza de los subsuelos en esta zona se imponen para la clase dirigente, sea cual fuere su signo político, a cualquier lógica ambiental o productiva.

El pasado 19 de diciembre, horas antes del fallo judicial, la firma canadiense Yamana Gold anunció formalmente la integración del proyecto Agua Rica con Minera Alumbrera, lo que le permitirá utilizar la infraestructura en desuso del proyecto anterior. Con base en esta unión, a partir de ahora, el proyecto integrado se conocerá como MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), y demandaría una inversión de más de 2.800 millones de dólares,con participación privada y del Estado nacional y provincial a través de Ymad (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una firma interestatal dedicada a la explotación minera.   

Agua Rica, ¿una "gran oportunidad"?

Silvina Reguera es miembro de la Asamblea El Algarrobo, una agrupación ciudadana que encabezó la resistencia ambiental en Andalgalá. En diálogo con RT, Reguera señala que, después de haber estado 20 años contaminando, no levantan la infraestructura de La Alumbrera porque ya está unida con el proyecto de Agua Rica.

"La opción para ellos nunca es paralizar las extracciones. Ellos se sientan a esperar a que se canse la gente. Volverán dentro de 30 años si es necesario, porque saben de la riqueza que hay en estas montañas", sostiene la activista. 

Y lamenta la decisión judicial, aunque reconoce que era esperable: "Esa ordenanza para nosotros fue muy valiosa, porque lo primero que dice es que se prohíbe la explotación minera en las altas cuencas del río Andalgalá, y quedó como 'la ordenanza antiminera'. Había sido el resultado de las batallas ganadas que tenemos en la Asamblea. Por eso queremos torcerle el brazo a esta justicia corrupta, para que luego se prohiba la megaminería en toda Argentina", afirmó. 

Para Reguera, este fallo "responde a las necesidades de la empresa y del estado provincial, que no son las de la población de Andalgalá". "Están poniendo mucha plata", dice, y pone en duda las 6.000 firmas que aseguran haber juntado un grupo de desocupados ante la Municipalidad, reclamando que retorne la actividad en el departamento. 

La abogada que patrocina a la Asamblea El Algarrobo, Mariana Katz, explica que todavía no han sido notificados formalmente del fallo, pero afirma que lo apelarán. El Gobierno provincial, a cargo de Raúl Jalil, ya adelantó que será "respetuoso de lo que decida la Justicia", pero es sabido que su intención es dar continuidad a la actividad minera a cielo abierto en la provincia. 

De hecho, tan solo tres días antes de que se conociera el fallo de la Corte provincial, Jalil se reunió con representantes de Agua Rica para analizar los avances del proyecto minero, según reportó el diario local El Ancasti. 

¿Una ola ambientalista contra la 'megaminería' se expande en Argentina?

A nivel nacional, el presidente Alberto Fernández ha sostenido, incluso desde antes de asumir el cargo, que la minería "es una gran oportunidad para un país que necesita producir, crecer, y exportar". De acuerdo a la Secretaría de Energía argentina, actualmente existen 77 proyectos mineros en la nación suramericana, en diversas etapas: evaluación, exploración, construcción, producción o mantenimiento, entre otras.

"Lamentablemente nuestro país está en una situación económica terrible y los políticos hacen la más fácil: necesitan dólares frescos, entonces venden la joya de la abuela, sin importar las consecuencias", señala a este medio la abogada Katz. 

Habrá que ver si la batalla legal que se reabrirá a partir de ahora vuelve a resultar en favor de los vecinos aldalgalenses. "Desde el punto de vista jurídico no hay ningún derecho absoluto. Todo se pondera de acuerdo al bien jurídico protegido. Acá se está protegiendo el recurso agua libre de contaminación, y el derecho a un ambiente sano, que implica el derecho a una vida digna, sin enfermarse por haber nacido en un determinado lugar", sostiene Katz, y remarca que hay estudios realizados por médicos locales que dan cuenta de un aumento en los casos de cáncer en la población.  

Frente a eso la única opción que queda es la resistencia, y es lo que el pueblo de Andalgalá está haciendo. El sábado pasado se cumplió en Andalgalá la caminata 570 contra la megaminería. "La gente va a seguir manifestándose pacíficamente. Cuando a mí me preguntan si esta es una pelea entre David y Goliat, yo pongo el ejemplo de Gulliver y los enanitos. ¿Quién capturó a Gulliver? Los enanitos. Gulliver era gigante, pero era un o solo, en cambio los enanitos eran muchos. Acá pasa un poco lo mismo. Es una pelea de muchos años, de mucho desgaste, pero vamos a seguir dando pelea".

Emmanuel Gentile 

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