"No bastan tres causales": La Cámara de Diputados de Chile inicia el debate para despenalizar el aborto

La Comisión de Mujeres y Equidad de Géneros de la Cámara de Diputados de Chile comenzó a debatir este martes el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación y que, en caso de ser aprobado, modificará el Código Penal que hasta ahora solo reconoce la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, si peligra la vida de la mujer o por inviabilidad fetal.

Estas tres causales fueron aprobadas en 2017, ya que hasta entonces la práctica estaba penalizada por completo, pero el movimiento de mujeres del país sudamericano ha seguido luchando para que las mujeres puedan abortar sin restricciones y dejen de ser criminalizadas y estigmatizadas.

Además de las diputadas que avalan el proyecto, en la sesión de este miércoles participaron las líderes feministas Camila Maturana, por parte de la Corporación Humanas, y Gloria Maira, de la Mesa de Acción por el Aborto. También estuvo presente la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said, quien es conocida por su conservadurismo y rechazo absoluto al aborto, incluso en el caso de menores violadas.

Maturana reconoció que la aprobación de las tres causales representó un avance fundamental para la protección de los derechos humanos, pero no llega a abordar la realidad de la mujeres en el país, pues continúan vigentes las sanciones penales contra quienes decidan interrumpir su embarazo.

"En el ámbito de la sexualidad y la reproducción, históricamente las mujeres hemos sido objeto de toda clase de controles y tutelas que desmienten nuestra condición de sujetas de derecho, en particular en ocasión del embarazo estas tutelas se exacerban", señaló Maturana, tras lamentar que el ejercicio de libertades sea negado a mujeres y niñas mediante leyes punitivas basadas en creencias morales yreligiosas, que imponen el mandato social de la maternidad.

"En una sociedad democrática y respetuosa de la libertad de pensamiento, las diversas creencias son legítimas, incluso aquellas ideologías que piensan la maternidad como destino principal de las mujeres, lo que no resulta legítimo es que en un Estado laico, como es Chile desde 1925, las creencias religiosas sean impuestas a todos y todas a través de la legislación, y que su no cumplimiento se castigue en el Código Penal", advirtió.

También recordó que en Chile y en el resto de los países en los que el aborto sigue penalizado, el único resultado ha sido una clandestinidad que implica violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

No es legalización

Maira precisó que el proyecto nace "del sentido común milenario" que evidencia que, en todas épocas y circunstancias "las mujeres han, hemos abortado" y que la criminalización de esta práctica solo ha generado violencia, inseguridad y muerte.

"En la década del 60 fue casi una pandemia, casi el 47 % de abortos inducidos requerían hospitalización, fue una de las principales razones de la mortalidad materna. Con la penalización absoluta impuesta por parte del dictador (Augusto Pinochet), el aborto pasó de ser un remedio, como se llamaba entonces, a un crimen", recordó.

Bajo los cánones patriarcales que rigen a la sociedad chilena, agregó, la sexualidad de las mujeres siempre está bajo sospecha. "Sin embargo, no deja de ser emocionante estar aquí hoy, apoyando y fundamentando un proyecto que avance en la despenalización del aborto en Chile. No es la primera vez que las feministas lo hacemos pero el escenario es absolutamente distinto. Son tiempos de nuevos feminismos, jóvenes que se toman las calles, los espacios educativos y los movimientos sociales ejerciendo derechos y exigiendo respeto", celebró.

La diputada Camila Rojas explicó, por su parte, que el proyecto es despenalización, no legalización, como la ley que se aprobó en el Senado de Argentina el pasado 30 de diciembre.

"El efecto de despenalizar no es aborto libre, no es la misma situación que ocurre en Argentina, ya quisiéramos. Este lo que hace es modificar el Código Penal para ponerlo en concordancia con todos los antecedentes internacionales. Despenalizar es distinto a legalizar. Como diputadas, no podemos presentar un proyecto así porque requiere el patrocinio del gobierno, pero es la oportunidad de sacarnos de la clandestinidad", dijo.

Apenas la víspera, el presidente Sebastián Piñera reiteró su rechazo a esta iniciativa por medio de su vocero, Jaime Bellolio, quien aseguró que el gobierno no cambiará su posición en contra del "aborto libre".

La diputada Natalia Castillo reconoció que este ni siquiera es el proyecto que ella y muchas otras feministas quisieran, pero sí es "un mínimo ético" para que la interrupción voluntaria del embarazo deje der ser considerada como un delito.

"Solo implica que las mujeres que toman esta decisión dejarán de ser criminalizadas por el Estado. Manifiesto mi más absoluto compromiso por lograr ahora la despenalización y espero que  en un próximo gobierno progresista y de unidad podamos avanzar hacia el aborto legal, seguro y gratuito", dijo.

La diputada Karol Cariola apostó por tener un debate de altura, lejos del que se tuvo en 2017, cuando se aprobaron las tres causales, y en las que hubo expresiones sumamente agresivas por parte de quienes se oponían a la ley y que hablaron de "violaciones no violentas", culpando de este delito a las mujeres que "tomaban copas de más". Además, en esa oportunidad les tiraban muñecos-fetos a las parlamentarias que apoyaban la reforma.

Los cambios

El Artículo 342 del Código Penal de Chile advierte que quien "maliciosamente" cause un aborto será castigado "con pena de presidio mayor en su grado mínimo", si ejerciera violencia en la persona de la mujer embarazada; con la de "presidio menor en su grado máximo", si, aunque no la ejerza, obre sin consentimiento de la mujer; y con la de "presidio menor en su grado medio", si la mujer consiente la interrupción.

"Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor", añade el Artículo 343, en tanto que el 344 establece que la mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, cause su aborto o consienta que otra persona se lo practique, será castigada con presidio menor en su grado máximo.

"Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio", agrega el texto. Finalmente, el Artículo 345 advierte que "el facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el Art. 342, aumentadas en un grado".

El proyecto que discutirá la Comisión de Mujeres y Equidad de Género propone modificar la redacción de estos artículos para agregar que las penalizaciones solo rigen en caso de que el aborto se realice "después de las catorce semanas de gestación".

Cecilia González

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