Una Comisión del Senado chileno vota a favor de legislar el proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social

Una Comisión del Senado de Chile votó a favor de legislar sobre un proyecto que concede un indulto a las personas detenidas en el marco del estallido social, que inició en octubre de 2019.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó este lunes la idea de legislar sobre el proyecto de ley que concede amnistía "por razones humanitarias" a las personas encarceladas en el marco de las protestas antigubernamentales, en un periodo que comprende del 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020.

Tras la votación de este lunes, el proyecto de ley pasará a discusión a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, así como a la Comisión de Seguridad Pública.

Chile vive otra jornada de protestas por la liberación de "presos políticos", con represión policial y calles militarizadas

La iniciativa de ley fue propuesta por cinco senadores de la oposición. En el texto se estipula la necesidad de ofrecer amnistía a las personas apresadas en el marco del estallido social. No obstante, no podrán acogerse a este criterio los exintegrantes o miembros de las Fuerzas Armadas, de instituciones de seguridad pública o funcionarios.

Los autores de este proyecto de ley sostienen que las detenciones de cientos de personas ocurrieron en un contexto excepcional, de "violaciones graves y masivas a los derechos humanos", por parte de fuerzas policiales y militares durante el estallido social. 

El proyecto alude a las 818 denuncias de hechos que constituyen violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, por parte de las fuerzas de seguridad, principalmente por los elementos de Carabineros. 

"Entre los casos se encuentran niños, niñas y adolescentes heridos por bala o perdigones, víctimas de golpes, de violencia sexual lo que incluye desnudamientos con sentadillas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones ilegales, persecuciones y amedrentamientos", se lee en el boletín 13941-17. 

En el marco de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, la Fiscalía Nacional de Chile formalizó a un total de 5.084 personas por supuestos delitos que van desde desorden público, saqueos, incendios, violencia institucional y atentados contra estaciones del Metro. Del total de personas que fueron judicializadas, 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenadas.

La movilización social fue reprimida con violencia por las fuerzas de seguridad chilenas. En este marco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 2.520 querellas contra agentes por diversos delitos cometidos contra ciudadanos, como homicidios (6); homicidios frustrados (35); torturas (460); lesiones (25); y violencias innecesarias (115), entre otros.

Veto del Ejecutivo

Pese a que Amnistía Internacional y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron en diversos informes que las fuerzas de seguridad cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social, Piñera anunció en diciembre pasado que ejercería la facultad de veto si progresaba el proyecto de ley de indulto a los detenidos. 

"Consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho", dijo el mandatario el pasado 14 de diciembre.