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Bolsonaro, el presidente que acumula el récord de 64 pedidos de 'impeachment' y que aspira a reelegirse en 2022

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La presión política y social contra el mandatario brasileño se intensifica con el cambio de presidente en la Cámara de Diputados.
Bolsonaro, el presidente que acumula el récord de 64 pedidos de 'impeachment' y que aspira a reelegirse en 2022

Ya sea por violaciones ambientales, ataques a la prensa y a la democracia, pero principalmente por la irresponsabilidad e indiferencia con la que ha manejado la pandemia de coronavirus, lo que ha provocado una catástrofe social, económica y sanitaria, Jair Bolsonaro ya se convirtió en el presidente de Brasil que enfrenta un mayor número de pedidos de juicio político.

Desde que comenzó a gobernar el 1 de enero enero de 2019, en la Cámara de Diputados ya se apilaron 64 trámites de destitución que buscan interrumpir una gestión que debe terminar el 1 de enero de 2023, luego de los comicios presidenciales de fines de 2022 en los que Bolsonaro buscará ser reelecto para un segundo periodo de cuatro años.

Hasta ahora, la Cámara de Diputados ya rechazó cinco pedidos de 'impeachment' gracias, sobre todo, a las alianzas políticas que mantiene el presidente, lo que contrasta con la presión social en las calles que se traduce en recurrentes protestas masivas y cacerolazos.

Las encuestas también demuestran la debacle de la imagen presidencial. De acuerdo con el último sondeo publicado por el Instituto Datafolha, y publicado en el diario Folha de Sao Paulo, en los últimos dos meses el número de ciudadanos que considera que Bolsonaro es un mal o pésimo presidente aumentó del 32 % al 40 %. Y el rechazo a su gobierno ya alcanza el 51 %.

Esto demuestra que el negacionismo le ha costado caro a un presidente que minimizó la pandemia, se resistió a usar mascarillas y siguió realizando actos masivos y abrazándose con sus seguidores, se contagió de Covid, no quiso aplicar cuarentenas ni ningún tipo de controles, promovió medicamentos no autorizados contra el coronavirus, se burló de los muertos y en solo un año ya tuvo a cuatro ministros de Salud.

Los desmanejos en torno a la emergencia sanitaria tuvieron un punto culminante en las últimas semanas en la ciudad de Manaos, con hospitales colapsados y falta de respiradores, aunque hoy la situación es crítica en toda la Amazonia brasileña.

La indolencia del gobierno bolsonarista se ha traducido en 9,1 millones de casos de coronavirus y más de 220.000 muertos, lo que ha convertido a Brasil en el país latinoamericano con más contagios y el segundo a nivel mundial con más fallecimientos, solo después de Estados Unidos.

Juicio y castigo

La semana pasada, líderes religiosos de Brasil presentaron ante la Cámara de Diputados una nueva propuesta de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, bajo el cargo de "crímenes de responsabilidad" por su estrategia ante la pandemia, que contó con la firma de 380 integrantes de 17 iglesias.

"Ante la crisis más grave de la salud pública en la historia del país y del planeta, el presidente irresponsablemente osciló entre el negacionismo, el menosprecio y el sabotaje", acusaron.

El 23 de enero, al grito de 'Fuera Bolsonaro', en todas las capitales brasileñas se registraron marchas para exigir la destitución de Bolsonaro. Para entonces, diputados de oposición ya habían pedido un juicio político al acusar al presidente de ser responsable de políticas criminales que dejaron sin oxígeno a Amazonas, por sabotear investigaciones científicas y campañas de vacunación y desestimar el uso de mascarillas.

Los expresidentes Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Roussef ya se pronunciaron en el mismo sentido, en tanto que el gobernador de Sao Paulo, un antiguo aliado de Bolsonaro, directamente lo calificó como "genocida".

El año pasado, comunidades indígenas ya habían exigido el juicio político contra el presidente acusándolo de crímenes de lesa humanidad por violar disposiciones de cuidado al medio ambiente.

A mediados de julio, además, miembros de la cultura y líderes sociales brasileños, entre ellos el legendario cantante Chico Buarque, exigieron un juicio político contra Bolsonaro por sus frecuentes ataques contra la prensa, sus políticas ambientales y, otra vez, el desastre humanitario provocado durante la pandemia.

Antes, en mayo, más de 400 organizaciones exigieron el 'impeachment' acusando a Bolsonaro de atacar a la democracia con sus llamados a cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo. "Ha usado los poderes inherentes a su posición con el propósito reconocido de materializar la obtención espuria de intereses de carácter personal, con el objetivo de salvaguardar familiares de investigaciones policiales", señalaron.

Incertidumbre

El inicio de un juicio político depende del líder de la Cámara de Diputados, quien a su vez es el segundo en la línea sucesoria del gobierno en Brasil después del presidente.

Ese cargo lo dejará este lunes Rodrigo Maia, un parlamentario conservador que el año pasado descartó la posibilidad de que avanzaran las decenas de trámites contra Bolsonaro, pero que ahora, a punto de dejar el puesto, ya advirtió que efectivamente puede ser acusado.

"Estamos en un momento de pandemia y no es momento de decidir un 'impeachment' sin motivación", aseguró a mediados de 2020.

"El principal error del gobierno del presidente es la cuestión de la vacuna, por este tema, si no se organiza rápido, puede que sufra un proceso de destitución muy duro que sería el resultado de la organización de la sociedad", le dijo a principios de enero al portal Metropoles, en una declaración que evidenció su cambio de postura.

Por eso, esta mañana a través de las redes sociales se replicó el pedido de que, antes de dejar el cargo, Maia acepte iniciar un juicio político contra el presidente.

En caso de que eso no ocurra, el sucesor de Maia tendrá en sus manos la decisión de avanzar o no con la destitución.

El candidato de Bolsonaro a presidir la Cámara de Diputados es Arthur Lira, un aliado del derechista Partido Progresista que le garantiza protección legislativa, a diferencia de Baleia Rossi, abanderado del Movimiento de la Democracia Brasileña, quien, a pesar de que también es conservador, podría abrir la puerta al juicio que tanto teme el presidente.

La candidatura de Rossi era también apoyada por partidos de izquierda, pero la semana pasada Gleisi Hoffman, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que a su vez tiene el bloque más grande en Diputados, puso en duda el respaldo unánime luego de que el legislador dijera en una entrevista que un juicio político contra Bolsonaro podría ser inadecuado en este momento porque sumiría al país en un contexto de inestabilidad en medio de la pandemia.

El problema para Rossi es que el PT quiere que se avance en los trámites parlamentarios contra Bolsonaro, aunque no necesariamente desemboquen en una destitución, por lo que más tarde se comprometió a honrar los compromisos firmados con los partidos que apoyan su llegada a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero antes, claro, deberá ganarle el puesto a Lira.

La respuesta

Bolsonaro confía plenamente en que todos los pedidos de juicio político quedarán frenados. Para ello, ya lo dijo, confía en la ayuda de Dios.

"Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político, ninguno es por corrupción, solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto, inventan fake news para sacarme", le dijo el pasado 15 de enero al canal TV Band.

Pero más allá de la política sanitaria, el otro frente que pesa sobre Bolsonaro es la economía, que en 2020 se desplomó en un 4,5 %, en tanto que el desempleo ya alcanza el 14,6 %, lo que implica que más de 14 millones de brasileños están sin trabajo.

"Brasil está quebrado y yo no puedo hacer nada", dijo el presidente el pasado 5 de enero a un grupo de simpatizantes. Con su ya conocido dejo de desprecio e insensibilidad social, aseguró que una de las principales razones del desempleo es que gran parte de la población "no está preparada para hacer casi nada".

Los lemas "¡renuncia, Bolsonaro!" y "¡fuera, Bolsonaro!", se replicaron de inmediato en las redes sociales y en las calles, pero a pesar de las decenas de pedidos de juicio político, por ahora ningún proceso en su contra está garantizado.

Cecilia González

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