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Estudiantes protestan en Barcelona contra la condena al rapero Pablo Hasél (VIDEO)
Piden que las autoridades universitarias se posicionen a favor de la libertad de expresión en el conflicto social generado por el encarcelamiento del artista catalán.
Algo más medio centenar de estudiantes se han concentrado en la mañana de este viernes en la plaza Universitat de Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de Pablo Hasél y en rechazo a las detenciones efectuadas por la Policía durante las manifestaciones celebradas en la capital catalana, convertida desde hace cuatro días en epicentro de la contestación social generada por la condena al rapero.
Los estudiantes exigen a las universidades que se posicionen en esta polémica a favor de la libertad de expresión, un derecho fundamental que un sector de la sociedad considera gravemente vulnerado en la sentencia judicial a Hasél, que actualmente cumple 9 meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, por el contenido de varios tuits y algunas de sus canciones.
Una de las pancartas que portan los estudiantes, en la que puede leerse 'Rectores, cómplices. Lo pagaréis caro', resulta explícita en este sentido.
Tensión creciente
La detención y encarcelamiento de Pablo Hasél ha desatado una tormenta social y política en España, que se ha traducido en tres jornadas consecutivas de protestas y disturbios en varios puntos del país.
La respuesta policial articulada desde las autoridades para reprimir a los manifestantes está contribuyendo, además, a incrementar la tensión, ya que se han registrado episodios de violencia aparentemente injustificada contra algunos manifestantes, a través de grabaciones que se han vuelto virales en las redes sociales.
El atropello de un manifestante en Tarragona, los insultos y la agresión a una joven en Madrid, o el ensañamiento mostrado en algunas cargas en Valencia no sólo han contribuido a caldear el ambiente de un conflicto ya de por sí cargado de tensión, sino que han dado pie un fuerte cuestionamiento de la actuación policial y de la dudosa proporcionalidad de sus intervenciones.
En la tarde del martes, además, una joven manifestante fue alcanzada en la cara por una pelota de goma, presumiblemente disparada desde las filas policiales, y terminó perdiendo el ojo.
Hasta ahora se han registrado más de 60 detenciones desde que estallaron los disturbios.
Hasél fue detenido el martes por la mañana en la Universidad en Lleida, su ciudad natal, donde se había atrincherado con simpatizantes para evitar su arresto.
Tras su ingreso en prisión, este mismo jueves se ha confirmado una nueva sentencia contra Pablo Hasél, que le castiga con dos años y medio de prisión por amenazar a un testigo en el juicio contra unos guardias urbanos y le condena por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas.
Esta nueva pena de cárcel, que aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, se podría sumar a los nueve meses de privación de libertad que ya está cumpliendo.
Trascendencia política y social
El terremoto ocasionado por las fuertes protestas contra la condena de Hasél, entendida desde varios sectores sociales como una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, han sacudido también los cimientos de la política española, contribuyendo a ahondar más en la profunda división entre fuerzas progresistas y fuerzas conservadoras que caracteriza el momento político y social que atraviesa España.
Mientras desde la formación Unidas Podemos –que forma parte del Gobierno de coalición que dirige el país– se han llegado a emitir mensajes de apoyo explícito a los manifestantes, otras autoridades de signo conservador, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido la labor de las fuerzas policiales y ha criticado duramente las manifestaciones, a las que se ha referido como una "fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente".
La misma tensión dialéctica se refleja a diario en las redes sociales, que desde que estallaron los disturbios callejeros han sido una extensión del campo de batalla en el que se desarrolla este conflicto en el que, de fondo, se debaten los límites de la libertad de expresión, del uso de la fuerza represiva por parte de las autoridades de un Estado de derecho y, más genéricamente, los estándares de calidad democrática en España.
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