Denuncias, demandas e 'interferencias': La guerra entre instituciones en Ecuador por los resultados de las elecciones presidenciales

La madrugada de este domingo, 14 días después de los comicios presidenciales y legislativos en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados definitivos de esa jornada y anunció, oficialmente, que habrá un balotaje el 11 de abril porque ninguno de los aspirantes a la Presidencia alcanzó los votos requeridos para ganar en primera vuelta.

En ese balotaje se enfrentarán Andrés Arauz, aspirante por la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, quien consiguió 32,72 % de los sufragios (3.033.753 votos) el domingo 7 de febrero; y Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), que obtuvo 1.830.045 votos a su favor, el 19,74 %.

Pero lejos de estar claro el panorama respecto al proceso electoral tras la proclamación de los resultados, actualmente existe una pugna entre varias instituciones del Estado: el CNE, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado (CGE) y la Defensoría del Pueblo.

Este enfrentamiento se da luego de que el candidato Yaku Pérez, del indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), denunciara un presunto "fraude" en su contra, que lo dejó en tercer lugar, al conseguir 1.797.445 votos (apenas 32.600 votos menos que Lasso), el 19,39 % del total, que le impidió avanzar al balotaje.

Pachakutik presentó una denuncia formal ante la FGE por ese presunto delito de "fraude electoral" y, a su vez, solicitó a la CGE que realice una auditoria técnico-forense-electoral al paquete que contiene las actas de votación presidenciales y al sistema informático del CNE.

Las acciones

Ese mismo día, el 20 de febrero, se conoció que la FGE y la CGE iniciarían acciones de control al sistema informático del CNE. Ambas ya habían informado al órgano electoral de estas medidas cuatro días antes.

"Solicito al Consejo Nacional Electoral que adopte una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, por parte de la Contraloría General del Estado, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral", dice el escrito enviado por el contralor Pablo Celi al CNE, al que tuvieron acceso los medios.

El funcionario, que no precisó que respondía al pedido de Pachakutik, sino que justificó el pedido tras "varias denuncias ciudadanas", mencionó que el "examen especial" al sistema informático podría estar listo en 20 días, con el objetivo de no interferir con el balotaje presidencial, que debe realizarse el 11 de abril.

Celi hizo esta solicitud a pesar de que la misma CGE emitió un acuerdo, en septiembre de 2020, en el que dispuso la suspensión de plazos para hacer exámenes especiales a la Función Electoral (CNE) por encontrarse en período de elecciones.

Por su parte, la FGE informó que el pasado sábado obtuvo autorización del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera Velasco, para el registro y retención de la información de la base de datos del CNE.

De acuerdo con la FGE, esta acción "no interfiere, de manera alguna, con el proceso eleccionario en marcha".

¿Infracción electoral?

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, exmilitante de Pachakutik, escribió en su cuenta en Twitter que "el CNE seguirá actuando como manda la Constitución" y harán "respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas".

"El Calendario Electoral que nos conduce a la segunda vuelta electoral no se cambia", enfatizó, y acompañó su trino con el artículo 16 del Código de la Democracia, que dice: "Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales".

Por su parte, el consejero del CNE José Cabrera Zurita informó que cualquier auditoría al proceso electoral podrá hacerse luego de la segunda vuelta de las votaciones, el 11 de abril.

"No tenemos nada que ocultar, pero tenemos que respetar el proceso", manifestó Cabrera en entrevista en 'Un café con JJ'.

Desde la Defensoría del Pueblo también hubo un pronunciamiento, en el que piden a "las autoridades ajenas al proceso electoral a evitar interferir, directa o indirectamente, en el desarrollo del proceso electoral ni en el funcionamiento de los órganos electorales".

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, en su informe preliminar sobre estos comicios manifestó su preocupación por el hecho de que "otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección", cuestión que podría generar "posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito por la propia normativa del país".

La marcha indígena

Mientras esto ocurre, una marcha indígena, convocada por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), se dirige hacia Quito, donde esperan llegar este martes 23 de febrero.

La marcha se convocó justamente ante las denuncias que ha presentado el Pachakutik sobre el presunto fraude electoral.

La marcha partió el miércoles 17 de febrero desde Loja, provincia ubicada al extremo sur del país, fronteriza con Perú. El recorrido hasta la capital ecuatoriana es de unos 675 kilómetros, aproximadamente.

La movilización se produce para insistir ante el CNE la apertura de las urnas para hacer un recuento de los votos. Esta situación se generó luego que el pasado 12 de febrero, en una reunión llevada a cabo en la sede del organismo electoral en Quito, solicitada por Pérez y a la que acudió Lasso (con quien se peleaba el segundo puesto en los comicios), se acordó que se revisaría el 100 % de las actas de la provincia de Guayas y el 50 % en otras 16 provincias por las denuncias presentadas por Pachakutik.

Cuatro días después, el CNE realizó una plenaria para someter a votación el informe que permitiría jurídicamente reabrir las urnas de votación y hacer el recuento de los sufragios; sin embargo, no se consiguieron los votos suficientes para su aprobación.

Atamaint ha insistido en que, una vez proclamados los resultados, las organizaciones políticas tienen dos días para presentar sus recursos, que deben ser procesados ágilmente por el CNE y el Tribunal Contenciosos Electoral (TCE), para poder cumplir con el calendario de las elecciones.

Por su parte, Cabrera, en la mencionada entrevista radial, dijo que "lamentablemente, la palabra fraude se la utiliza muy fácilmente"; por lo que pidió a las organizaciones políticas sustentar sus denuncias con "los elementos probatorios" de las presuntas irregularidades.

Edgar Romero G.

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