El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, rechazó este lunes, "de manera firme y categórica", las sanciones unilaterales tomadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) contra 19 funcionarios venezolanos.
Moreno afirmó que la UE "se ha puesto al margen del Derecho Internacional, reconocido por las naciones civilizadas, al pretender dirigir y evaluar el desempeño de los funcionarios" de Venezuela, lo que, a su juicio, vulnera la soberanía del país.
Para el magistrado, estas medidas punitivas buscan "entorpecer la consolidación de la paz y el entendimiento entre los venezolanos y venezolanas, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas".
"En mi condición de Presidente del TSJ, y en nombre del Poder Judicial venezolano y de sus integrantes, queremos reiterar a la opinión pública nacional e internacional, que siempre apoyaremos los procesos de diálogo nacional", agregó Moreno.
El magistrado recalcó que estas sanciones son, en sí mismas, una violación a los derechos humanos y recordó que estas medidas también han sido aplicadas "de manera sistemática" contra el Poder Judicial. "Hemos sido víctimas de una constante agresión, razón por la cual no permitiremos que se infrinjan las leyes nacionales e internacionales y no renunciaremos al juramento de defender la nación", dijo.
Entre los sancionados hay autoridades del poder electoral, de los cuerpos de seguridad, del TSJ y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes, según la UE, participaron "en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país", al vincularse a las "poco creíbles" elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Desde 2017, la UE impuso sanciones contra Venezuela, que fueron prorrogadas por un año más en 2020. Hasta ahora, 55 funcionarios y políticos venezolanos han recibido medidas coercitivas, entre ellos, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
El país suramericano ha interpuesto un recurso ante el Tribunal General de ese organismo pidiendo la anulación de las sanciones, debido a que sus disposiciones afectan a toda la nación.