EE.UU. le otorga un premio a la fiscal general de Ecuador y estalla la polémica en contra de la funcionaria: ¿qué hay detrás?

La funcionaria, que recibió las felicitaciones del presidente Lenín Moreno, ha sido señalada de "perseguir políticamente a sus adversarios" y de no investigar casos importantes en el país.

El martes, mientras Ecuador estaba en alerta por los amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles del país, se conoció que el Departamento de Estado de EE.UU. había galardonado con el International Anticorruption Champions Award (Premio Campeones Internacionales Anticorrupción) a la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar.

Se trata de un reconocimiento lanzado por el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, para reconocer "a las personas que han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países", según dijo el funcionario.

En esta oportunidad, Salazar fue reconocida junto a otras 11 personas de Guatemala, Albania, Ucrania, Irak, Filipinas, entre otros países.

Según dice un comunicado del Departamento de Estado, la fiscal ecuatoriana "procesó algunos de los casos de corrupción de más alto perfil de la región andina, mejoró de manera demostrable la atmósfera anticorrupción en Ecuador y sirvió como una heroína para jueces, abogados y fiscales en toda América del Sur".

Asimismo, menciona que "las valientes acciones de Salazar al abordar estos casos han hecho inmensas contribuciones a la transparencia y el estado de derecho en Ecuador".

Reacciones

Tras conocer la noticia, Salazar agradeció al Departamento de Estado por el galardón, que considera un "reconocimiento a la vocación de servicio de todos los servidores públicos" que se esfuerzan "cada día por construir un mejor país".

"Trabajo para el Ecuador, sin bandera política ni intereses personales", mencionó también la fiscal en su mensaje.

Asimismo, aseguró que luchar contra la corrupción es uno de los "compromisos" que ha asumido como profesional y ciudadana, y que lo continuará haciendo "más allá de la función que ocupe".

Salazar en la Fiscalía

Salazar, de 39 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Procesal con mención Penal, así como doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.

Fue nombrada fiscal general en abril de 2019 por el Consejo de Participación y Control Social Transitorio (CPCCS-T) —que ha sido calificado por sus detractores como el "Trujillato", por haber sido presidido por Julio César Trujillo—, que se instaló luego de la Consulta Popular de 2018, promovida por el presidente Lenín Moreno.

Dentro del proceso que realizó el CPCCS-T, Salazar fue la mejor calificada, al obtener 88,17 puntos sobre 100. Sin embargo, recibió duras críticas al conocerse el desglose de esa puntuación porque aunque logró 49 sobre 50 en méritos y 28,17 sobre 30 en la audiencia oral, apenas consiguió 10 sobre 20 en la prueba escrita. El punto restante fue por "acción afirmativa".

Procesos que avanzaron

Antes de ser nombrada fiscal general, Salazar estuvo involucrada en el proceso contra el exvicepresidente Jorge Glas en el 'Caso Odebrecht', por el que este fue sentenciado a seis años de prisión, al ser encontrado culpable de "asociación ilícita".

En ese mismo caso, la Fiscalía se abstuvo de acusar al ejecutivo y delator de Odebrecht, José Conceição dos Santos Filho, a pesar de señalarlo como el hombre que dominaba el esquema de sobornos de esta trama de corrupción.

Ya siendo fiscal general, apresuró un proceso contra el expresidente Rafael Correa por el denominado 'Caso Sobornos 2012-2016', por el que tanto el exmandatario como Jorge Glas, fueron sentenciados a ocho años de cárcel.

El juicio comenzó en febrero de 2020. El 7 de abril se dictó la sentencia condenatoria en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La defensa apeló el veredicto y el 20 de julio el Tribunal de Apelación de la CNJ lo ratificó. Luego vino el proceso de casación, que suele demorar, pero en ese caso se resolvió en septiembre, cuando se confirmó la condena.

En ese caso, los magistrados determinaron que Correa y Glas "actuaron a través de influjo psíquico para instigar o incitar a los funcionarios (otros implicados) a cometer el delito" de cohecho, comentó el abogado del exmandatario, Fausto Jarrín, en entrevista con RT el año pasado.

Otro de los procesos que avanzó rápidamente fue el 'Caso Singue', por el que en enero pasado se dictó sentencia. En esta oportunidad, fueron dictaminados otros ochos años de prisión para Glas, así como para el exministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor; el exgerente de Refinación de Petroecuador y extitular de la cartera de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuzzelli; y para el empresario César Guerra. Otras tres personas recibieron cuatro años de cárcel.

Recientemente, luego de una publicación de la revista colombiana Semana, sobre un presunto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la candidatura del aspirante a la presidencia Andrés Arauz, representante de la coalición que aglutina al correísmo, Salazar solicitó de inmediato documentación a la Fiscalía del país vecino. La tarde del pasado viernes 12 de febrero, la funcionaria ecuatoriana recibió a su homólogo colombiano, Francisco Barbosa.

Casos estancados

Uno de los casos que no ha avanzado en la Fiscalía es el conocido como 'Ina Papers', que involucra al presidente Moreno, sus familiares y su círculo económico más cercano.

El caso, que se conoció en febrero de 2019, fue bautizado con ese nombre debido a que la empresa 'offshore' involucrada, ligada al mandatario, se llama INA Investment Corporation, con la cual se adquirieron varios bienes. Esta trama ha sido denunciada en Ecuador, Panamá, España y Suiza, lugares donde se hicieron transacciones a través de la compañía.

Tampoco se ha informado sobre un proceso que involucra al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias.

En diciembre pasado, la Fiscalía realizó allanamientos en inmuebles ubicados en Quito y Guayaquil, incluyendo el domicilio del funcionario.

En otro caso, a finales de enero, la Fiscalía que dirige Salazar informó sobre la apertura de una investigación contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el presunto delito de "tráfico de influencias" en el proceso de distribución de las vacunas contra el covid-19. Al momento no se conoce el avance de la pesquisa.

También hay otros procesos abiertos por corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en 2020, que involucran a actuales funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, que no han avanzado.

Críticas y felicitaciones

Luego de conocerse la noticia del reconocimiento a Salazar, uno de los primeros en celebrar fue Moreno, quien catalogó el premio estadounidense como un "orgullo para Ecuador" y una señal de que van "por buen camino".

También la felicitó el candidato a la presidencia Guillermo Lasso, un banquero que se presenta por tercera vez en busca de la primera magistratura del país y se enfrentará en el balotaje de los comicios, el 11 de abril, contra el aspirante de izquierda Arauz.

"Felicito a la señora fiscal Diana Salazar por el reconocimiento que recibió del Departamento de Estado de EE.UU., por su lucha frontal y eficaz contra la corrupción", escribió Lasso.

Pero hubo fuertes críticas contra la fiscal. Algunos la acusaron de "perseguir políticamente a sus adversarios" y de no investigar "casos tan importantes como los INA Papers", además de hacer "justicia selectiva".

Edgar Romero G.

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