La Justicia de Argentina aceptó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa que investiga la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado durante un operativo de desalojo a cargo de la Prefectura Naval, en 2017, se informó oficialmente.
Nahuel, de 22 años, se encontraba resistiendo junto a varias familias de la comunidad aborigen Lafken Winkul Mapu en terrenos de Villa Mascardi, cerca de la ciudad de Barloche, provincia de Río Negro, cuando fue alcanzado por un disparo en la espalda.
Según confirmaron pericias balísticas semanas atrás, el proyectil provino de un efectivo del Grupo Albatros, de la fuerza de seguridad marítima.
El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, aceptó el pedido de la Secretaría que dirige Horacio Pietragalla, que, según señaló, busca "dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de verdad y justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos y, asimismo, evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos".
A partir de esta decisión, la Secretaría de Derechos Humanos está en condiciones de "acceder al expediente judicial, solicitar medidas de prueba, controlar las pruebas realizadas y las pendientes de producción, y recurrir las decisiones que se tomen respecto al devenir de la investigación", detalló el organismo a través de un comunicado.
Por otra parte, el magistrado citó a ampliar la declaración indagatoria a cinco de los prefectos que participaron de la represión el día de la muerte del activista mapuche.