Renegociar contratos y garantizar la seguridad energética: claves para entender la reforma a la ley eléctrica aprobada por el Senado de México

El Senado de México aprobó el martes las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica con el objetivo de dar prioridad a la producción estatal de electricidad por encima de empresas privadas.

De este modo, el Congreso terminó de procesar la "contrarreforma energética" planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que supone dar marcha atrás a una parte del proyecto privatizador que se construyó durante administraciones anteriores.

Cambios legales

Con 68 votos a favor y 49 en contra, la Cámara Alta aprobó en lo particular las modificaciones a la industria eléctrica. El documento fue enviado al Ejecutivo federal para que entre en vigor en cuanto la nueva ley sea publicada en el Diario Oficial.

El proyecto de ley fue prácticamente el mismo que el aprobado en la Cámara de Diputados, que privilegia el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las empresas privadas en lo referente a la generación de energía eléctrica. 

El dictamen establece la necesidad de rescatar y fortalecer a la CFE, cuyo carácter estratégico es fundamental para mantener tarifas bajas en beneficio de los usuarios finales y proteger los intereses de la nación.

El punto central tiene que ver con "la instauración de un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, así como el fortalecimiento de la rectoría del Estado para dirigir las actividades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional", debido a que durante la reforma energética de 2014, aprobada por la derecha, se dio prioridad a los generadores privados, lo que ocasionó pérdidas millonarias para la empresa estatal. 

La nueva ley también elimina la obligatoriedad de compras por subastas y la revocación de los permisos de autoabastecimiento de electricidad, sobre todo, aquellos que hayan sido obtenidos en fraude a la ley y que continúen surtiendo sus efectos jurídicos.

Asimismo, la reforma establece facultades legales para que el Gobierno pueda revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores independientes de energía.

Esto permitirá al Gobierno revocar muchos contratos desventajosos para el Estado mexicano, los cuales fueron firmados en administraciones anteriores para favorecer a empresas privadas aliadas con políticos de derecha. 

¿Energía limpia y barata?

A lo largo de la discusión en el Senado, el partido Morena (fundado por López Obrador) argumentó que la nueva ley fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE, que en los últimos años ha perdido más de 20.000 millones de dólares por beneficiar a empresas privadas. 

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la aprobación de la reforma permitirá evitar el "desmantelamiento de las instituciones del Estado", promovido por las administraciones anteriores.

En el mismo tono, los partidos aliados al presidente, como el PT y PES, señalaron que además de garantizar la seguridad energética, la iniciativa permitirá mantener estables los precios de la electricidad y también promover el uso de energías renovables, como las grandes hidroeléctricas.

En contraste, la oposición consideró que la reforma implicará un aumento de precios al servicio de la electricidad y también representa un retroceso en el fomento a la generación de energía con fuentes renovables, principalmente eólica y fotovoltáica.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que la reforma desaparece las subastas como mecanismos transparentes que aseguran a los mexicanos tener energía más barata, además de que la nueva ley promoverá el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. La legisladora también anunció que la oposición impugnará la aprobación de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, denunció que el dictamen pone en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones.

En el mismo tono, la legisladora de MC, Verónica Delgadillo, afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará a la ciudadanía a pagar dicho aumento.

Renegociar contratos

Por su parte, López Obrador celebró la aprobación de la reforma, argumentando que el nuevo marco jurídico permitirá que su Gobierno pueda renegociar muchos de los contratos "leoninos" entregados por sus antecesores Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) para favorecer a empresas privadas a costa del dinero público. 

López Obrador anuncia un acuerdo con "la famosa empresa" Odebrecht para evitar los tribunales internacionales

En este sentido, el mandatario mexicano explicó que su administración intentó negociar con empresas como la española Iberdrola, pero al no obtener una respuesta favorable, tuvo que mandar la iniciativa preferente al Congreso para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

"No hubo respuesta, y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley, para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público", explicó el presidente durante su conferencia matutina de este miércoles.

Indicó que, al igual que ocurrió con la paraestatal Pemex y el contrato millonario otorgado a una filial de Odebrecht, en el sector eléctrico hubo un interés de Calderón y Peña Nieto por beneficiar a Iberdrola pese a los daños financieros ocasionados a la estatal CFE.

"Ya canastearon bastante, ya tranquilízate, serénate, ya no es de que no tienen llenadera, eso ya pasó... entonces es lo mismo esto, y va a ser lo mismo con Iberdrola y con todas estas empresas", dijo el mandatario. 

Manuel Hernández Borbolla