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La Corte Constitucional de Ecuador considera que los hechos violentos en las cárceles, que dejaron 79 muertos, "pudieron haber sido evitados"

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El organismo recalcó que estas masacres "son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social" del país.
La Corte Constitucional de Ecuador considera que los hechos violentos en las cárceles, que dejaron 79 muertos, "pudieron haber sido evitados"

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador aseveró que los hechos de violencia que ocurrieron de manera simultánea en varias cárceles del país suramericano, y que dejaron 79 reos muertos el pasado 23 de febrero, "pudieron haber sido evitados".

La CC consideró que estos hechos "son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social" del país.

El pronunciamiento de la CC se da al iniciar la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes de constitucionalidad que emitió, en agosto y octubre de 2020, sobre los estados de excepción decretados por el Gobierno ecuatoriano para frenar la violencia en las cárceles.

Al respecto, la Corte condenó "enfáticamente" que las medidas extraordinarias que se iban a poner en marcha para controlar y prevenir la violencia en las prisiones, "no han mostrado resultados tangibles".

Falta de acción y recursos

La CC solicitó el año pasado a las autoridades la elaboración de un plan de acción ante la crisis carcelaria, advirtiendo entonces que los "estados de excepción" decretados por el Ejecutivo no eran la solución para esa situación.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) presentó el plan, sin embargo, con ello la CC constató, según dice en su pronunciamiento, que "las instituciones responsables (de ejecutarlo) no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales".

También verificaron que "no existe una política pública con un enfoque en derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social".

Por ello, consideran que ese plan presentado por el SNAI, "es claramente otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales y los acontecimientos de extrema gravedad" en las cárceles.

La misma semana de los amotinamientos, el director de la SNAI, Edmundo Moncayo, dijo que el plan de acción no se ha podido aplicar porque los recursos para atender el sistema de rehabilitación social han mermado. "Necesitamos mayor esfuerzo financiero", indicó. Asimismo, el funcionario precisó que había un déficit de 70 % de agentes penitenciarios para controlar a las más de 38.000 personas que permanecen en las cárceles.

Ante esta situación, la CC dispuso a las autoridades:

  1. Adoptar decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros de privación de libertad.
  2. Diseñar una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social.
  3. Coordinar con los ministerios rectores en finanzas públicas y trabajo para ejecutar las medidas a corto plazo identificadas por el SNAI en su plan de acción, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de rehabilitación social.

Los amotinamientos

Los hechos de violencia se produjeron, de manera simultánea, en cuatro cárceles del país: el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en la vía a Daule, en la provincia de Guayas, conocido como la Regional de Guayaquil; el Centro de Rehabilitación Social (CRS) del Turi, en Cuenca, Azuay; el CRS Regional Sierra Centro Norte de Cotopaxi; y la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil.

Según el SNAI, el pasado 23 de febrero 34 reos murieron en el CRS del Turi, 31 en la Regional de Guayaquil, ocho en el CRS de Cotopaxi y seis en la Penitenciaría del Litoral.

Moncayo adelantó que la hipótesis que se manejaba sobre el motivo de estos amotinamientos era la disputa entre bandas. Precisó que estos enfrentamientos surgieron después del asesinato de alias 'Rasquiña', ocurrido en diciembre de 2020, quien era el líder de la organización criminal 'Los Choneros'. Aparentemente, ahora hay agrupaciones como 'Los Lobos' y 'Los Chonekillers', que buscan tomar el control en los recintos carcelarios.

Posterior a ello, algunas pandillas se pronunciaron desde dentro de las cárceles y señalaron como responsables de estas masacres a dos reos, identificados como Junior Roldán, alias 'JR', y Adolfo Macías Villamar, conocido como 'Fito', quienes presumiblemente asesinaron al líder de 'Los Choneros' y buscaban encabezar el poder criminal en las prisiones, cuestión a la que se opusieron el resto de las bandas.

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