La muerte de 79 reos en varios amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles reabre el debate sobre la situación penitenciaria en Ecuador

Este martes se registraron amotinamientos en varias cárceles de Ecuador, dejando un saldo de 79 reos muertos, según la última actualización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

La institución aclaró en su comunicado, emitido la mañana de este miércoles, que fueron cuatro los centros carcelarios donde hubo incidentes y no tres, como se había informado inicialmente.

Estos lugares son: el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en la vía a Daule, en la provincia de Guayas, conocido como la Regional de Guayaquil; el Centro de Rehabilitación Social (CRS) del Turi, en Cuenca, Azuay; el CRS Regional Sierra Centro Norte de Cotopaxi; y ahora se sumó la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil.

Según los datos de la SNAI, 34 reos murieron en el CRS del Turi, 31 en la Regional de Guayaquil, ocho en el CRS de Cotopaxi y seis en la Penitenciaría del Litoral.

Al final de la tarde de este martes, el director de la SNAI, Edmundo Moncayo, había informado sobre 62 víctimas fatales.

"El SNAI continuará desarrollando el levantamiento de información de las pérdidas humanas y demás aspectos relacionados con los enfrentamientos suscitados", dice el comunicado de la institución encargada de las cárceles, en el que se agrega que trabajan con otras instituciones para "lograr la pacificación" en los centros afectados.

La causa que manejan

De acuerdo con Moncayo, solo la Regional de Guayaquil y los CRS del Turi y Cotopaxi aglutinan a alrededor del 70 % de la población penitenciaria de Ecuador.

Además, indicó que la causa más probable que motivó estos amotinamientos es la disputa entre bandas que se encuentran al interior de los centros de reclusión. "Nosotros tenemos las premisas suficientes como para sostener la hipótesis de la cual estamos hablando", enfatizó Moncayo en la conferencia de prensa.

Específicamente, habló de que estos incidentes se desarrollan luego del asesinato de alias 'Rasquiña', ocurrido en diciembre de 2020, quien era el líder de la organización criminal 'Los Choneros'. Según el funcionario, hay nuevas bandas, como 'Los Lobos' y 'Los Chonekillers', que buscan tomar el control.

En entrevista con FM Mundo, el funcionario confesó, además, que tenían conocimiento que a partir de la muerte de alias 'Rasquiña' iban a "tener este tipo de inconvenientes, este tipo de acciones, por la lucha de un liderazgo".

La acusación de Lenín Moreno

Previo a que Moncayo ofreciera estas declaraciones, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante su programa 'De frente con el Presidente', señaló al correísmo (en referencia al expresidente Rafael Correa y sus aliados y seguidores) de presuntamente estar detrás de estas acciones.

"No nos asombraría que ahora la mano de ellos [correísmo] esté presente. Total, son bastante conocidos", dijo el mandatario, sin presentar ningún indicio ni prueba para esa acusación.

Ante esto, Correa respondió: "Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales". El exmandatario recordó que Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Coordinador de Seguridad, "debilitando la institucionalidad y la coordinación encargada de la seguridad del país".

También comentó que los cargos de directores penitenciarios fueron "repartidos" y que "existen estructuras de corrupción al interior de las cárceles que permiten el ingreso de celulares y armas a la vista de todos", teniendo estas consecuencias.

Falta de recursos económicos

La crisis carcelaria en Ecuador no es nueva. En 2019 y 2020, Moreno decretó dos "estados de excepción" ante hechos violentos registrados en los centros de reclusión, con el objetivo de detenerlos.

En octubre de 2020, la Corte Constitucional pidió al Gobierno elaborar un plan para actuar ante la crisis carcelaria, señalando que los "estados de excepción" decretados por el Ejecutivo no eran la solución.

Al respecto, Moncayo informó que ya el plan se presentó ante la Corte Constitucional, detallando que el documento se enfoca en cuatro ejes: educación, infraestructura, marco legal y tecnología.

No obstante, dijo que no se ha podido aplicar porque los recursos para atender el sistema de rehabilitación social han mermado. "Necesitamos mayor esfuerzo financiero", indicó.

Moncayo precisó que, entre otras cosas, hay un déficit de 70 % de agentes penitenciarios para poder controlar a las más de 38.000 personas que permanecen en las cárceles. Asimismo, criticó que en los mismos centros de reclusión tienen a sentenciados y procesados.

Por falta de recursos, tampoco ha avanzado el Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, que fue aprobado en 2019, cuando explotó la primera crisis carcelaria.

Responsabilidad estatal

La Defensoría del Pueblo señala que que el problema de las cárceles se evidencia también fuera de ellas.

En los últimos años, menciona, se ha visto "un incremento exponencial de la violencia social e intracarcelaria en el país", que ha tenido como resultado "el aumento de delitos como sicariato, asesinatos y violencia sexual", que se ordenan desde el interior de los centros de reclusión. Ya dentro de estas instalaciones, se han registrado numerosos "amotinamientos" que se han cobrado decenas de vidas, una situación que, dice, "es una constante".

"En el último año se han registrado cerca de 1.100 muertes violentas en las calles del país y 103 asesinatos en los centros de internamiento, aumentando la estadística en cerca de un 17 % en relación a los años anteriores", precisa la institución.

La Defensoría del Pueblo apunta, también, que el motivo del agudizamiento de las problemáticas de violencia social y carcelaria es "la falta de atención y de una política integral de rehabilitación social", por lo que responsabiliza directamente al Estado.

"La falta del diseño, implementación y, peor aún, evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana, son el resultado de lo que actualmente sucede en los centros de privación de libertad, con lo que el Estado incumple con su rol de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia", enfatiza.

Sobre los "estados de excepción" decretados previamente para frenar la crisis en las cárceles, esta institución indica que su falta de efectividad se debió a que "únicamente movilizó a la fuerza pública, sin tomar en cuenta que el mayor problema es la inadecuada distribución y priorización de recursos económicos".

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que aglutina a más de 30 de organizaciones, también señala al Estado como "responsable de las condiciones de vida precarias que fomentan la violencia intracarcelaria".

Detallan que en 2020, la Fundación Dignidad —que forma parte de la Alianza— recopiló datos y registró 24 hechos violentos dentro de las cárceles del Ecuador que, en su mayoría, fueron catalogadas como disputas entre bandas.

"Atribuir la violencia intracarcelaria exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas de esta crisis", dice la Alianza, que enumera otros motivos que llevan a esta situación: el punitivismo de Estado, la criminalización del empobrecimiento, la falta de servicios básicos, la alimentación inadecuada y un hacinamiento que actualmente bordea el 27,34 % en las cárceles, así como el aislamiento social, al construir ciudades penitenciarias alejadas de los centros poblados y establecer un régimen de visitas altamente restrictivo.

Evitar la repetición

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre estos hechos y recordó a Ecuador "el deber jurídico ineludible que tienen los Estados de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad".

Asimismo, instó al país a "adoptar medidas para evitar la repetición".

Desde la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, demandaron, por su parte, una "investigación pronta e imparcial", así como "la sanción correspondiente a los responsables" y "una gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos".

También solicitaron que se "aborden las causas estructurales de la situación".

Este miércoles, Moreno informó que fueron desplegados "controles para mitigar la situación" en las cárceles y continuarán "investigando los hechos", para sancionar a sus autores.

Edgar Romero G.